Macron impulsa ley contra encapuchados en su pulso con los "chalecos amarillos"
sábado, 02 de febrero de 2019
Jean Palou
Internacional
El Mercurio
La iniciativa, que se votará la próxima semana, recibe críticas por supuestamente afectar las libertades civiles.
En una rutina sabatina que todavía no da señales claras de apaciguamiento, los "chalecos amarillos" ya llevan once jornadas de protestas contra las políticas de Emmanuel Macron. Con algunos días más violentos que otros, hoy van por su manifestación número 12. Pero el Presidente francés, incapaz hasta ahora de desactivar el movimiento, quiere al menos ponerle límites: se espera que la Asamblea Nacional vote la próxima semana un proyecto de ley oficialista que penaliza a los manifestantes que oculten su rostro y restringe la participación de "alborotadores", una iniciativa que ha causado controversia, ya que sus críticos advierten que afectará las libertades civiles en la Quinta República. "¿Hacia dónde vamos? ¡Podría pensarse que hemos retornado al régimen de Vichy!", ironizó el parlamentario centrista Charles de Courson, refiriéndose a la administración que colaboró con los nazis durante la ocupación alemana de Francia. El proyecto de Macron -cuyo partido La República en Marcha tiene mayoría parlamentaria- establece una pena de hasta un año de cárcel y una multa de 15.000 euros a los manifestantes que escondan sus rostros con pañuelos, máscaras o capuchas en las protestas. Según el gobierno, la intención es facilitar la operación de los sistemas de reconocimiento facial, y así poder perseguir a " casseurs " ("alborotadores") como los que protagonizaron los destructivos disturbios del pasado 1 de diciembre en París, en los que fueron quemados vehículos, saqueadas tiendas y bandalizado el Arco del Triunfo. Pero no solo se trataría de perseguir a los "encapuchados", sino además crear un fichero de alborotadores a los que se les prohibiría participar en las protestas, una idea inspirada en el registro de hooligans en el fútbol, que tienen vetada su entrada a los estadios. Otros parlamentarios también han presionado por incluir castigos más severos para las protestas no autorizadas. "Se trata de detener a los brutos, a los que solo escuchan a su hambre por el caos", explicó el ministro del Interior, Christophe Castaner, quien rechazó que se busque criminalizar a todos los "chalecos amarillos", un movimiento que comenzó el 17 de noviembre en protesta contra el aumento del impuesto al combustible, pero que -incluso tras la revocación de esa medida- ha derivado en una revuelta contra Macron en la que confluyen grupos de extrema izquierda y extrema derecha, y que ha agregado a sus demandas cuestiones como la salida de Francia de la UE. "No estamos restringiendo libertades, estamos asegurando que las libertades puedan ser garantizadas", justificó la vocera de ¡En Marcha!, Aurore Berger, después que la Asamblea Nacional aprobara cuatro medidas específicas del proyecto, que se votará en general este martes. "No estamos hablando de cualquier ciudadano al azar, sino de los que hieren a otros, de los que quieren matar y destruir propiedades", añadió, aludiendo a la violencia que, según el Ministerio del Interior, ha dejado 1.900 manifestantes y 1.200 agentes heridos. Paul Bacot, académico de Sciences Po Lyon, destaca que el nombre no oficial del proyecto (Ley Anti- casseurs ) es el mismo de una norma aprobada en la presidencia del derechista Georges Pompidou tras Mayo del 68, que fue derogada luego de la llegada al poder del izquierdista François Mitterrand en 1981. "La recuperación del nombre por la prensa y la oposición establece una conexión entre las dos leyes (...) El contenido no es exactamente el mismo que en 1970, pero los reproches son de la misma naturaleza: una grave infracción a las libertades públicas", dice a este diario el politólogo, que resalta que el movimiento de los chalecos amarillos "aún está lejos de terminar", y podría tomar fuerza a raíz de esta ley y por recientes denuncias de excesos en la represión policial. Para Macron, se trata de un nuevo capítulo en su pulso con los "chalecos amarillos". El Presidente ha pasado por distintas etapas en su intento por lidiar con el fenómeno: si en un principio fue intransigente ante las exigencias de los manifestantes, con la escalada del conflicto terminó haciendo concesiones en algunas de sus demandas más importantes -adoptando, por ejemplo, medidas para mejorar el poder adquisitivo de los ciudadanos-, y hace dos semanas elevó la crisis a un asunto de primer orden, al convocar a un "gran debate nacional" que se prolongará durante dos meses para alcanzar un "nuevo contrato para la nación". Macron, incluso, intentó esta semana mostrarse empático con la causa: "Si ser un chaleco amarillo significa querer menos parlamentarios y el trabajo se paga mejor, ¡yo también lo soy!", dijo el Presidente, quien lamentó que el movimiento haya sido infiltrado "por entre 40.000 y 50.000 militantes ultra que quieren la destrucción de las instituciones". Deslizó, además, que la radicalización de la franquicia fosforescente podría ser instigada desde Moscú: "No deja de ser curioso que los medios más seguidos por los chalecos amarillos extremistas no sean los medios franceses, sino Russia Today o Sputnik", afirmó. "La iniciativa del 'gran debate' puede ser una buena manera para que Macron recupere el control de los eventos. Siempre es difícil oponerse a un debate", dice Bacot. "Pero el Presidente impone las preguntas y todo sucede sin una regulación independiente (...) Por ejemplo, ya sabemos que el reclamo más popular, el de la restitución del impuesto a la riqueza, no será satisfecho. La omnipresencia de Macron en este debate lo transforma en una campaña electoral".
Según el gobierno, unos 1.900 manifestantes y 1.200 agentes policiales han resultado heridos en las protestas.
