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Según un informe del Gobierno, ya se podrían financiar cinco años de "vacas flacas" en Chile

miércoles, 08 de octubre de 2008

EDUARDO OLIVARES C./ HERNÁN CISTERNAS
Economía y Negocios, El Mercurio

Los US$ 16 mil millones necesarios para paliar un episodio crítico ya existen.

Si Chile se enfrentara a un escenario de severo deterioro de las cuentas fiscales, que repitiera episodios anteriores que se han extendido hasta por cinco años, podría superarlo sin pedir prestado un peso. Está preparado para un período de vacas flacas. Y todo gracias a los ahorros de las platas del cobre.

De acuerdo con un capítulo del Informe de Finanzas Públicas del Presupuesto 2009, preparado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) permitiría financiar una debacle de aquel tipo, lo cual es precisamente su objetivo.

"En el caso del FEES, su magnitud actual sería más que suficiente para enfrentar déficits fiscales futuros dentro de horizontes previsibles, pues una acumulación de activos prudente estaría en torno al 10% del PIB, porcentaje que considerando el PIB de 2007 equivaldría a mantener US$ 16 mil millones en activos financieros", dice el informe en la página 117. Al 30 de agosto, tal fondo se valorizaba en US$ 19.460 millones.

No obstante, debe descontársele los US$ 6 mil millones con que se constituirá el Fondo Bicentenario de Capital Humano, que financiará becas de posgrado en el extranjero.

Primer escenario
La Dipres considera un escenario similar al de los dos shocks fiscales de las últimas décadas: el del período 1982-1986 registró un déficit fiscal acumulado de 14,5% del PIB, con un año (1985) en que llegó a 4,7%; el otro fue la crisis asiática y su larga secuela en Chile (1999-2003), en que se acumuló un déficit de 5%, con un peak en 1999 de -2,1% del PIB.

Si la primera crisis se toma como base, el FEES debería tener acumulados unos US$ 25 mil millones. "La alternativa anterior puede ser muy cautelosa si consideramos que la política fiscal vigente de balance estructural hace más probable una crisis atenuada, como la de 1999-2003, que una aguda como la de 1982-1986", señala la Dipres. En el nuevo caso, infiere, bastaría que el FEES contara con activos equivalentes a entre el 2 y 5% del PIB; esto es, hasta US$ 8 mil millones.

Segundo caso
Otra forma de ponderar cuán bien protegido está el país, observa la entidad que dirige Alberto Arenas, es proyectando cuánta deuda pública debiese adquirir para financiar un shock severo en el PIB y en el precio del cobre. El análisis considera una recesión de 1% (con un valor del cobre que cae a la mitad), y luego sendos crecimientos anuales de 1,3 y 5% (con recuperación paulatina en el precio del metal).

"El nivel de deuda máxima sería de 10,1% del PIB en 2012" plantea el informe. Eso equivale a unos US$ 16 mil millones, tal como en el primer ejercicio. "Si en el extremo quisiese mantenerse un nivel de deuda cero, el FEES tendría que acumular hoy la cantidad de recursos señalada", agrega la Dipres.

Las pensiones
El Gobierno, además, plantea que en 2009 se encargará un estudio para evaluar si el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) -que sirve ante un pasivo contingente como es la previsión- cuenta con los dineros suficientes hacia el 2016, cuando comenzarán a hacerse giros a su cuenta.

La UDI propone crear un "comité de crisis"
Tras reconocer que en la primera etapa de la crisis financiera internacional el Gobierno ha cumplido "exitosamente" con su labor, "al reaccionar con cautela y tranquilizar al país", parlamentarios de la UDI -el senador Hernán Larraín y el diputado Julio Dittborn- propusieron al Ejecutivo tres fórmulas para enfrentar el actual momento.

Primero, que el Gobierno convoque a una reunión pública-privada, para transparentar lo que está ocurriendo y cuáles son las mejores medidas para enfrentar la situación en cada ámbito.

Segundo, que se constituya un comité técnico de seguimiento de la crisis, para que monitoree la situación día a día y asesore a las autoridades en la toma de decisiones. "No podemos dejar todo esto en manos de una sola persona, por razonable e importante que sea, como es el ministro de Hacienda", comentaron.

Tercero, que a similitud de cómo se ha actuado en otras ocasiones ante crisis políticas -que llevó recientemente a una reunión de la Unasur para analizar los problemas de Bolivia-, se convoque a una cumbre sudamericana, deseablemente latinoamericana, para compartir la situación a nivel de región, como lo ha hecho Europa.

El planteamiento de la UDI se hizo en vísperas de una sesión especial que realizará el Senado entre las 12 y las 14 horas de hoy, para analizar la crisis financiera mundial y sus implicancias en Chile. Fueron convocados el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central y la superintendenta de Pensiones.

Larraín dijo que hay razones para este llamamiento. "La situación está lejos de estar tranquila, calmada o en vías de terminar. Por el contrario, estamos en medio del huracán y entre los chilenos hay gran desconcierto. Los consumidores, los inversionistas, los cuentacorrentistas, los depositantes en las AFP, todos los chilenos de una u otra manera están afectados por esta situación", expresó.

"No queremos que haya sobrerreacción ni pánico -agregó-, pero tampoco queremos la inercia ni la siesta. Queremos una actitud responsable y oportuna, liderada por nuestras autoridades".

Justo para hoy en la mañana, además, el Gobierno convocó a su comité de ministros económicos para analizar el actual escenario.

La autocrítica de las autoridades por la transparencia
La norma está en que siempre se puede ser mejor. Por eso, en el Informe de Finanzas Públicas se plantean algunos aspectos del manejo de los fondos soberanos y de los activos del Tesoro Público que podrían ser susceptibles de cambios, en especial en relación con los indicadores de transparencia.

"Comparaciones internacionales sugieren que, aunque está bien calificado, Chile podría avanzar aún más en este ámbito", observa la Dirección de Presupuestos. Menciona como ejemplo que se publiquen con más detalle la cartera de inversiones de los activos financieros del fisco, y comunicar cómo una política de inversión dada se ajusta a los objetivos de cada fondo fiscal.

La intención va más allá. "En línea con lo planteado en la Ley N° 20.128 sobre Responsabilidad Fiscal, deberían contratarse servicios especializados en medición de riesgo y desempeño, así como auditorías periódicas del estado de los fondos y su gestión, cualquiera sea el administrador de los mismos, y no sólo en el caso que los fondos sean administrados por terceros distintos del Banco Central de Chile, único caso en que lo exige la ley", reza el planteamiento.

La entidad afirma que el desafío de manejar recursos fiscales, que hoy equivalen al 13,8% del PIB (sumando los fondos y otros activos del Tesoro Público), es inédito. Por eso, añade, la institucionalidad de esta gestión debe estar en línea con la evolución de los mercados financieros. "En ello -insiste-, debe mantener siempre altos estándares de transparencia y rendición de cuentas, y orientarse según los objetivos de largo plazo definidos para la política fiscal".

De acuerdo con un estudio internacional de Edwin M. Truman, del Instituto Peterson, Chile quedó en el décimo puesto entre 44 países que gestionan fondos soberanos, con el 82% en el índice de transparencia. Nueva Zelandia, Noruega y Estados Unidos alcanzaron, en la misma medición, el 100%.







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