Bienes Nacionales inicia el desalojo de tomas en borde costero de Atacama
martes, 22 de enero de 2019
Alejandro Núñez
Nacional
El Mercurio
Planes de seguridad especiales y gastos extras del municipio de Caldera son parte de los efectos de las ocupaciones que reúnen a unas 130 mil personas en el verano.
"No permitiremos nuevas tomas". Con estas palabras, el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, dio inicio a los primeros desalojos de viviendas ilegales en Barranquilla y El Pulpito, en la comuna de Caldera. Medida que forma parte del plan de regulación del borde costero en la Región de Atacama. En una primera etapa -durará hasta fines de febrero- se desalojarán unas 100 viviendas instaladas con posterioridad al 25 de junio pasado (plazo límite para ingresar al plan de regularización) o que estén en zonas de riesgo. Según el catastro del ministerio, en la región hay 7.200 casas ilegales y gran parte de estas son segunda vivienda. Personal del ministerio desmontó las casas y sacó cierres perimetrales y, además, instaló señalética que indica que son terrenos fiscales. Este desarme es parte de un programa que tiene cuatro pilares, que además del desalojo incluye la venta de terrenos a los ocupantes ilegales que se instalaron antes del 25 de junio pasado, la oferta de paños vía licitación y el impulso del turismo. "Estamos confiados en que esto va a resultar en beneficios para los vecinos que están instalados hace mucho tiempo en el borde costero", dijo Ward. La venta de terrenos a los propios ocupantes ilegales fue criticada por diversos urbanistas, ya que, a su juicio, legitimaba las tomas. Bienes Nacionales, a fin de concretar los desalojos, debió solicitar autorización a la Gobernación Provincial de Copiapó para luego comunicar a los dueños y proceder al desarme. El costo de este plan será financiado por esta cartera. Las casas que no sean desarmadas por sus dueños serán llevadas por partes a un terreno municipal. Ward justificó ayer la existencia del plan, pues las ocupaciones irregulares se han triplicado en los últimos cuatro años, lo que, a su juicio, debe detenerse, "de lo contrario es un problema que irá en aumento". La alcaldesa de Caldera, Brunilda González, agradeció que después de décadas se tomara la decisión de formalizar la propiedad en el borde costero de Atacama. La jefa comunal recordó que Bahía Inglesa partió como una toma y se demoró 40 años su urbanización. "Estamos respaldando esta decisión que tiene un solo objetivo: avanzar en el proceso de normalización de las construcciones y poner en valor el borde costero de Atacama", dijo. El impacto Planes de seguridad especiales, gastos extras de la municipalidad y críticas de organismos vinculados al sector turístico son parte de los efectos que generan las tomas en Atacama. Caldera, comuna en donde se concentran los principales asentamientos, pasa de la tranquilidad de sus 17 mil vecinos a la avalancha de más de 130 mil visitantes durante el verano. González explicó que en enero ya se han retirado 1.200 toneladas de basura desde las tomas costeras. La jefa comunal asegura que en 2018 se retiró un total de 2.400 toneladas y que solo el 30% de los ocupantes paga los derechos de recolección. Con ello se genera una deuda de $630 millones para el municipio. Para el alcalde de Chañaral, Raúl Salas, el retiro de basura se cuadruplica durante el verano. Sostuvo que la única posibilidad de retorno de recursos es el cobro de patentes comerciales, pero que no son comparables con los gastos de entrega de agua y retiro de basura. En tanto, el gobernador marítimo de la Armada, capitán Roberto Alfaro, indicó que cada 15 días llegan 25 efectivos de Valparaíso para reforzar el contingente local en la zona ocupadas. Mientras, Carabineros debió destinar tres retenes temporales a las tomas de Barranquilla, Flamenco y Puerto Viejo para mantener el orden en estos asentamientos irregulares.
De los 475 kilómetros de costa que tiene Atacama, Caldera ocupa 172 km.
