Médicos extranjeros ante la Contraloría

lunes, 21 de enero de 2019

Editorial
El Mercurio

Una nueva controversia rodea a los médicos titulados fuera de Chile, puesto que la Contraloría General de la República ha respaldado a la Superintendencia de Salud en su interpretación restringida de las autorizaciones para ejercer en nuestro país. En efecto, desde 2009 primaba la idea de que quienes aprobaban el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom) podían ejercer libremente la profesión en Chile, pues así parece desprenderse de la Ley 20.261, que dice que quienes hayan aprobado este examen "habrán revalidado automáticamente su título profesional de médico cirujano, sin necesitar cumplir ningún otro requisito para este efecto".

Pero la nueva interpretación señala que la ley que dispuso la aplicación del examen solo se refería a que el título de médico quedaba reconocido para trabajar en el sector público. Así lo hizo notar la Superintendencia en noviembre de 2017, exigiendo que quienes quisieran desarrollar su profesión en el sector privado debieran revalidar sus títulos en la Universidad de Chile, o en algunos casos mediante inscripción en el Ministerio de Relaciones Exteriores, como establecían leyes anteriores. Para resolver el problema que se creaba con el nuevo alcance que se daba a la disposición, se incluyó en la Ley de Presupuestos de 2018 una glosa que planteaba la revalidación automática del título. Si bien se reiteró en 2019, la intervención de la Contraloría pone en duda su aplicabilidad y continuidad, por lo que puede quedar en entredicho la validez de los títulos de cientos de médicos que trabajan en el sector privado.

La polémica que resulta de esta última decisión no deja en buen pie el prestigio de las leyes en Chile. La certeza jurídica, un concepto de validez universal, protege a las personas y sus derechos, pues les garantiza que nadie podrá violarlos impunemente. Por cierto, dicha confianza se basa en que se conoce con seguridad absoluta lo que está ordenado, prohibido o permitido por los poderes públicos. Pero en Chile las interpretaciones pueden ser tan diversas como lo demuestra este caso, con graves implicaciones para los servicios de salud y la atención médica de las personas.

La Contraloría ha incursionado en una serie de ámbitos poco tradicionales para ella con resultados contradictorios. En el último tiempo se ha visto en medio de polémicas por su intento de supervisar a Codelco, decisiones sobre la construcción de edificios que han dejado varios proyectos a mitad de camino, intervención en el debate sobre la objeción de conciencia en el caso de los abortos, además de controversias internas que han trascendido con estruendo. En todos ellos sus planteamientos parecen haber sido cuestionados, más que respetados, con el efecto de introducir más dudas que certezas en la aplicación del derecho.

Es posible que, en parte, estos problemas tengan su origen en la antigüedad de la ley orgánica de la Contraloría. Así por lo demás lo ha señalado el propio contralor, que próximamente entregará una propuesta al respecto. Pero también es posible que incida aquí una voluntad de cierto mayor protagonismo institucional, en una instancia que, paradójicamente, evidenció en el pasado falencias en el sentido contrario.

En Chile las interpretaciones de la ley pueden ser tan diversas como lo demuestra este caso, con graves implicaciones.