Qué sabe sobre derechos de aprovechamiento de aguas
viernes, 18 de enero de 2019
Línea Directa Comunidad
El Mercurio
Con la reforma al Código de Aguas de 2005, la ley vigente considera que el no uso parcial o total esté afecto a pagar una patente.
¿Sabía usted que en enero de cada año la Dirección General de Aguas (DGA) publica la lista de quienes deben pagar una patente por no uso a beneficio fiscal? Así es, sólo el año pasado la cifra sumó $81 mil millones, correspondientes a 563.390 litros por segundo en derechos consuntivos (que no se devuelven al cauce), más otros 24.350.367 litros por segundo no consuntivos (que se captan y devuelven a la fuente natural). Christian Valenzuela, socio fundador de Compragua, explica que "este concepto de pago de patentes por no uso se trata de un cargo en casos de derechos de aguas que, pese a estar otorgados y vigentes, no tienen las obras construidas por parte de sus titulares. Por lo mismo, cada año se emite una resolución que contiene el listado con todos los derechos que deben pagar". ¿Qué costos enfrentan quienes no hacen uso de su derecho de agua? Frente a este escenario, las personas o empresas que sean afectadas por este cobro deben recurrir cada marzo a la Tesorería General de la República para cumplir con el pago. Valenzuela señala que "el no pago puede gatillar el remate de los derechos, cada 5 años la patente se duplica y los proyectos de reforma al Código buscan que la duplicación no tenga límite. Es por ello, que quienes posean derechos de aguas sin usar durante un lapso extenso de tiempo, a la larga, terminan enfrentando costos tan altos que es recomendable usarlos o venderlos en vez de seguir pagando dichas patentes". "Otra opción es la devolución o renuncia a los derechos, lo han hecho algunas empresas eléctricas atendiendo el costo monetario y social que significa mantener derechos sin uso, decidiendo finalmente dejar las aguas disponibles para que el Estado las reasigne" agrega. La distribución de los dineros recaudados por patente por no uso se distribuye en: 65% para las regiones, 10% para las comunas y 25% para arcas fiscales generales. "Lo anterior puede estar generando que, para algunas regiones y/o comunas, sea atractivo oponerse a determinados proyectos de uso productivo del agua, ya que de esa manera reciben recursos económicos directos derivados de la patente por no uso", finaliza.
