En el salón de Pleno de la Corte Suprema se realizó ayer el seminario "Poder Judicial y derechos humanos: labor y proyección", en el que se realizó un análisis en materia de violaciones a los derechos humanos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y los avances en esta materia. La idea de realizar un seminario de este tipo, que dé cuenta de los aportes del Poder Judicial en causas a las violaciones a los derechos humanos, surgió al día siguiente de que la Cámara de Diputados rechazara en septiembre del año pasado la acusación constitucional en contra de tres supremos. El encuentro fue inaugurado por el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, quien sostuvo que "Chile es un país que ha dado pasos relevantes al sancionar penalmente las infracciones a los derechos humanos, constituyéndose en un ejemplo para avanzar en justicia y paz social. Conscientes de que la jurisdicción debe vincularse con la ciudadanía, hoy la recibimos para dar cuenta y, también, para conocer su entendimiento de lo que la judicatura realiza a estos respectos". En el primer panel expuso el vocero del máximo tribunal e integrante de la Sala Penal, el ministro Lamberto Cisternas, sobre "La justicia transicional: el rol de la Corte Suprema", dando cuenta del rol que han desempeñado en las investigaciones abiertas por graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990. En este panel participaron el abogado de derechos humanos Nelson Caucoto y la docente de la Universidad Austral, Daniela Accatino, experta en proceso penal, quienes analizaron la evolución de las indagaciones. Caucoto realizó algunas críticas, pero también reconoció -al igual que el ministro Cisternas- que faltaron soluciones políticas. "En el ámbito de los derechos humanos, el mayor peso ha quedado en el Poder Judicial, pues en Chile no se han dado soluciones políticas a este delicado tema, salvo en lo atinente a la investigación general y a diversas reparaciones también generales", dijo. En su exposición reflexionó que "hubo casos excepcionales de magistrados lúcidos y decididos, que escaparon, o pudieron escapar, del círculo vicioso constituido por el conjunto de situaciones descritas (el no acoger recursos de amparo). Ellos tienen un lugar destacado en la historia de esos años, principalmente por el respaldo moral que emana de sus actuaciones. Fueron la excepción que confirma la regla. Es justo, ahora, hacer referencia al proceso de recuperación del Poder Judicial chileno, que se encuentra actualmente en una situación que, si bien es mejorable, mueve a legítima satisfacción". Caso Letelier, un hito en la jurisprudencia Según el abogado, un punto de inflexión en la materia se dio en el caso del excanciller Orlando Letelier, que fue asesinado junto a su secretaria Ronni Moffitt en un atentado ocurrido el 21 de septiembre de 1976, en Washington D.C. "De ahí en adelante cada vez más se asumió, con mayor libertad y tratando de remover los inconvenientes que el entorno suele oponer, las causas sobre violaciones a los derechos humanos", señaló Caucoto. A su juicio, este hito permitió "llegar a la situación de hoy, en que existe un equipo de ministros en visita encargados del tema en todo el país (siete en total), varios de ellos con dedicación exclusiva y un ministro de la Corte Suprema que actúa como coordinador nacional y una oficina especial para la coordinación", dijo. El abogado además destacó que "la jurisprudencia se ha uniformado en el sentido de no aplicar en estos casos la ley de amnistía y de considerar imprescriptible la responsabilidad penal, así como también la civil, aun cuando esto último no es unánime". En el seminario se dio a conocer también la estadística entre 2002 y 2018, período en que se han dictado 447 sentencias en causas de delitos de lesa humanidad. De ellas, 394 corresponden a materias penales y 53, a civiles. Cifra que desglosada por delitos muestra que 175 fallos corresponden a secuestro calificado; 108 a homicidio calificado; 50 a homicidio simple; 37 a secuestro simple; 16 por detención ilegal y nueve por torturas, entre otros. En materia civil, en este mismo período se han acogido 217 demandas de indemnización de perjuicios por un monto total que bordea los 55 mil millones de pesos. VACANTE "Chile es un país que ha dado pasos relevantes al sancionar penalmente las infracciones a los derechos humanos, constituyéndose en un ejemplo para avanzar en justicia y paz social".
La Corte Suprema abrió concurso por la vacante que dejó el ministro Milton Juica, quien ayer estuvo presente en el seminario.
HAROLDO BRITO
PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA
"La jurisprudencia se ha uniformado para no aplicar en estos casos la ley de amnistía y considerar imprescriptible la responsabilidad penal, así como también la civil, aun cuando esto último no es unánime".
NELSON CAUCOTO
ABOGADO DE DD.HH.