jueves, 25 de septiembre de 2008
EFE
• "Preveo que tendremos un plan que pueda ser aprobado por la Cámara Baja y el Senado, y ser firmado por el presidente y que traiga un sentimiento de certidumbre a esta crisis", afirmó el senador republicano Robert Bennett.
• Ahora la pelota quedó en manos de la Casa Blanca, que si acepta los principios acordados por los legisladores podrá garantizar una aprobación sin tardanza.
WASHINGTON.- Los líderes demócratas y republicanos del Congreso de EE.UU. llegaron hoy a un acuerdo sobre los principios básicos del plan de rescate financiero de US$700.000 millones contra la crisis, que ahora deberán negociar con el Gobierno.
"Preveo que tendremos un plan que pueda ser aprobado por la Cámara Baja y el Senado, y ser firmado por el presidente y que traiga un sentimiento de certidumbre a esta crisis", afirmó el senador republicano Robert Bennett.
El mismo optimismo manifestó el presidente del Comité de la Banca del Senado, el demócrata Christopher Dodd. "Tengo confianza de que podemos actuar con rapidez" para ratificar el programa, dijo.
Ambos legisladores se encerraron hoy en el Capitolio por más de dos horas junto con sus colegas de los comités con atribuciones financieras de ambas cámaras para poner por escrito un consenso que se ha ido formando en los últimos días.
Ahora la pelota quedó en manos de la Casa Blanca, que si acepta los principios acordados por los legisladores podrá garantizar una aprobación sin tardanza.
Los mercados reaccionaron con júbilo ante el anuncio del acuerdo y el Dow Jones, el principal índice de Wall Street, subía cerca de un 2%.
Reunión en la Casa Blanca
El entendimiento llegó horas antes de una reunión convocada por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, en la que pretendía dirimir la incertidumbre sobre el proyecto y a la que asistirán los líderes del Congreso, así como el candidato presidencial republicano, John McCain, y el demócrata, Barack Obama.
McCain incluso canceló ayer sus actos de campaña para ayudar en las negociaciones sobre el plan de rescate, según dijo él mismo.
Barney Frank, presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara Baja, afirmó que tras el acuerdo de hoy "en realidad no hay un punto muerto que haya que romper".
Por su parte, el senador republicano Bob Corker predijo que el Congreso aprobará el proyecto de ley "antes de que abran los mercados el lunes".
El programa prevé el uso de US$700.000 millones, que se obtendrán con emisiones de deuda pública, para la compra de títulos de mala calidad a los bancos, principalmente vinculados a hipotecas, que así podrán sanear sus balances y volver a prestar dinero.
Hoy, los indicadores recalcaron una vez más la difícil situación de la economía estadounidense.
La demanda de bienes duraderos, como automóviles y electrodomésticos, se derrumbó en agosto, las peticiones de beneficios de desempleo se dispararon y las ventas de casas nuevas bajaron a su menor nivel en 17 años.
Ira de los contribuyentes
Bush alertó el miércoles en un discurso en horario de máxima audiencia de que si el Congreso no actúa se corre el peligro de un "pánico financiero".
Al mismo tiempo, los legisladores han sentido la ira de los contribuyentes, muchos de los cuales no entienden por qué ellos tienen que salvar a los mismos bancos que han ocasionado la crisis por su mala gestión del riesgo.
Algunos congresistas han dicho que han recibido miles de correos electrónicos en contra el paquete de rescate y grupos de izquierda tienen previstos 150 actos de protesta en todo el país para hoy.
Uno de ellos pretende cubrir de basura una escultura de bronce de un toro cerca de Wall Street, que se convirtió en una representación visual del dinamismo de los mercados en sus buenas épocas.
La reacción de los votantes ha convencido a los legisladores de la necesidad de exigir al Gobierno de Bush cambios importantes respecto al plan original, que daba potestad casi ilimitada al secretario del Tesoro, Henry Paulson, para usar los US$700.000 millones como considerara oportuno.
El demócrata Dodd informó hoy de que el principio de acuerdo en el Congreso contempla la creación de un mecanismo de supervisión del programa y pone límite a los salarios de los ejecutivos de las empresas que se beneficien con la ayuda.
Además, los demócratas han insistido en que los contribuyentes reciban acciones de esas compañías.
El Gobierno había dicho que esa medida podría hacer que algunas empresas no participaran en el programa, pero ese argumento no ha calado en un público y un Congreso que miran a Wall Street con asombro y rabia.
