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A seis años de su puesta en marcha, la Norma Ch 3262 se encuentra en amplio desconocimiento. La certificación se basa en la implementación de un sistema de gestión de calidad para cerrar las brechas y promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.

Solo 12 compañías se han certificado en normativa que promueve la inclusión de género en las empresas desde 2012

lunes, 17 de diciembre de 2018

Diego Aguirre
Capital Humano
El Mercurio




Un año marcado por el empoderamiento de las mujeres. Esto es lo que ha sido el transcurso de 2018, con un tema que no deja ajeno a las empresas, las cuales han debido replantear -en pos de una actualización- el sistema de funcionamiento al interior de las mismas.

Sin embargo, datos entregados desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, dan cuenta de que la integración laboral de las mujeres en las firmas no se ha movido a la misma velocidad que el debate público, ya que según una normativa que data desde 2012 (Norma Ch 3262) son solo 12 las empresas que se han certificado como organizaciones que promueven la igualdad de género y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

La ministra (s) de la cartera, Carolina Cuevas, explica que este bajo número se debe al desconocimiento que existe de esta norma. "Estos son temas que -a veces- a las empresas y como país nos ha costado subirnos a la altura de los tiempos", afirma.

Problemas de difusión sostenido y de diversificación por grupos de empresas es lo que también suma la coordinadora del Área de Consultoría de Género de ComunidadMujer, Carolina Peyrín, quien explica que se requiere de instrumentos que incentiven a las firmas a la incorporación de esta norma. "En México, las empresas que participan en las compras públicas deben estar certificadas en la norma de igualdad de género. Son necesarios, además, instrumentos que apoyen el costo de implementación y certificación; junto con la mayor difusión del sello gubernamental que reconoce a las compañías que se han certificado y también comprometer a los gremios empresariales en la promoción de este instrumento", añade Peyrín.

No obstante, Cuevas dice que ya se encuentran trabajando para que esta situación dé un giro en 180 grados e imponiéndose ambiciosas metas. "Nos parece que las empresas juegan un rol clave en la construcción de la sociedad a la que queremos apuntar y, por lo tanto, nos hemos acercado a trabajar con otras 18 empresas que se encuentran en proceso de certificación", dice.

Una de estas es Accenture Chile. La encargada de Diversidad e Inclusión de la firma, Andrea Infante, señala que los fenómenos sociales vividos dan cuenta de la suma urgencia que se necesita en la materia. "Los ecosistemas tan grandes en las empresas suelen reproducir estos patrones sociales, donde el movimiento feminista de este año, la desnaturalización de la violencia de género y las demandas concretas que se han puesto en la mesa son el principal aporte a que cambie culturalmente el funcionamiento dentro de las firmas".

Si bien no existen beneficios tributarios u otros que brinden preferencia en algunos procesos a las empresas certificadas, las expertas aseguran que las firmas que pasan por estos procesos ayudan al cambio cultural necesario para naturalizar la incorporación de la fuerza laboral femenina en las organizaciones.

"Contribuye a que el país pueda aprovechar de mejor forma el talento de las mujeres, lo que es condición de un desarrollo sostenible y de una mayor competitividad", agrega Peyrín.

La directora ejecutiva de Mujeres Empresarias, Francisca Valdés, añade que estos procesos de cambio cultural, la mayoría de las veces demoran en entenderse. "Esto requiere de un esfuerzo público y privado. No basta con una normativa o con un beneficio tributario, sino que tienen que ser esfuerzos mayores y que deben partir por los directorios dando el ejemplo hacia abajo".

100 certificaciones como meta

Pese a este escenario, desde el Gobierno se manifiestan ambiciosos con las metas autoimpuestas. Esperan que para el actual período presidencial se logre certificar a 100 empresas, proceso que señalan demora entre un año y medio y dos años.

"Estamos trabajando en conjunto con las cámaras de comercio, con el Ministerio de Minería e incluso con gremios como la Sofofa para poder impulsar la difusión de esta normativa. También nos encontramos en un primer borrador para poder incluir la expansión de esta norma en el trabajo que tendremos en el marco de APEC 2019", señala la ministra (s), quien agrega que "es muy importante para el avance de la mujer en Chile su plena integración económica y al trabajo remunerado".

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