lunes, 08 de septiembre de 2008
Economía y Negocios, El Mercurio
Las compañías presentaron sendos informes para que se rechace liberar con condiciones las tarifas de la compañía de capitales españoles.
Miles de páginas y varios tomos acumula ya el expediente que lleva el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) como parte del proceso de consulta del Gobierno para que se liberen con "condiciones" las tarifas de Telefónica Chile. Toda una aspiración de la compañía de capitales españoles, que le permitiría, dice, competir de igual a igual con el resto de las operadoras que no deben regirse por un decreto que fije sus tarifas. Dos de éstas son VTR y Telmex, que han presentado sendos informes para que el TDLC no acoja el planteamiento de la autoridad.
Fue en enero de este año cuando el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, René Cortázar, presentó la consulta al tribunal. "Todo hace pensar que -de no encontrarse fijadas sus tarifas a público- la concesionaria (en referencia a la ex CTC) seguiría la tendencia del mercado conducente a intensificar esta oferta de planes de tarifa plana", dijo el secretario de Estado. Si bien en esa presentación no hizo alusión al objetivo del Gobierno de liberalizar las tarifas de la ex CTC con condiciones, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) complementó la semana pasada el escrito con medidas concretas, como que cualquier consumidor debe poder acceder a todos los planes de telefonía local de las compañías, en cualquier lugar del país y al mismo precio. En definitiva, que no exista discriminación.
Argumentos
Uno de los aspectos considerados por la Subtel para plantear la liberalización con condiciones de Telefónica es que desde que se autorizaron los planes alternativos hace cinco años, la tarifa regulada representa menos del 30% de los ingresos de la compañía. El resto se reparte entre planes alternativos y líneas de prepago.
Frente a esto, VTR dijo en su presentación al TDLC que más que liberar a la ex CTC de un decreto que condiciona sus tarifas cada cinco años, el deber de la autoridad es fiscalizar a la compañía para que cumpla con la legislación, que le permite vender minutos fuera del marco regulatorio.
"El foco de la regulación que se dicte -a partir de la calificación de dominancia que debiera disponerse por este tribunal- debiera centrarse en cautelar los riesgos derivados de comportamientos que infrinjan el régimen de flexibilidad tarifaria actualmente vigente para las concesionarias dominantes (...) en particular, respecto del empaquetamiento fijo-móvil que pueda desarrollar una de las concesionarias dominantes y su relacionada móvil", sostuvo en su escrito la abogada de VTR, Nicole Nehme, en referencia a Telefónica y Movistar, ligadas al grupo español Telefónica.
La compañía ligada a Liberty y Ricardo Claro sostiene además que la telefonía móvil no es un sustituto de la telefonía local, sino que más bien se trata de productos complementarios, en particular a través de las líneas de telefonía móvil de prepago.
La misma visión tiene la Fiscalía Nacional Económica. En un escrito, el ente sostiene que "el mercado de la telefonía fija tiene un actor dominante, Telefónica CTC Chile, y sus condiciones de entrada son desfavorables". Agrega que "es previsible que, en ausencia de norma legal, las empresas dominantes ejerzan poder de mercado, mediante la discriminación de precios, en aquellas áreas donde no enfrentan competencia".
Telmex sigue esta misma estrategia. La compañía, ligada al millonario mexicano Carlos Slim, presentó sus planteamientos la semana pasada. Asesorada por el estudio Barros & Errázuriz, dijo que las condiciones del mercado no son suficientes para garantizar un régimen de libertad de tarifas, a menos que se implemente el no pago de cargos de acceso entre compañías telefónicas locales fijas, una desagregación efectiva de servicios, implementar la portabilidad del número local, y la creación de una superintendencia y un panel de expertos.
Con todo, serán los cinco ministros que conforman el TDLC los que, tras escuchar a los distintos actores (en audiencias que aún no tienen fecha) emitirán su fallo, y cuyas instrucciones serán incluidas en el proceso tarifario que lleva adelante el subsecretario Pablo Bello.
