martes, 27 de noviembre de 2018
Economía y Negocios Online
Cristóbal Forno CEO de Capitaria
Una cosa es no saber cómo regular y otra es cometer la irresponsabilidad de no hacerlo. En Chile hace rato que estamos en presencia de la segunda parte de esta frase. No puede ser que luego del destape de las estafas piramidales a comienzos de 2016 estemos próximos a comenzar 2019 sin noticias de regulación a una serie de servicios financieros que hoy se pueden prestar para abusar de la confianza de inversionistas retail, o derechamente estafar.
Sin lugar a dudas, brindar un marco jurídico que potencie y globalice nuestra industria financiera a través de una “Ley Fintech” es indispensable para no perder una oportunidad país. Pero ¿de qué sirve contar con una legislación de esta naturaleza si no establecemos obligaciones básicas a oferentes de productos financieros? Se trata de requisitos básicos, como un suficiente patrimonio, una potente política de compliance, procesos y sistemas adecuados, y equipos capacitados y apegados a un actuar ético.
Entonces, considerando que, aunque de manera incipiente, el mercado fintech está entrando en la órbita de las preocupaciones de la autoridad, el debate en torno a este tema no puede obviar la imperiosa necesidad de regular de manera clara y contundente la actividad de los contratos por diferencias -más conocidos como CFD o derivados financieros- cerrando la puerta a cualquier intento de usar este tipo de operaciones para algo ajeno a la ética.
Pese a la ausencia de una legislación asociada a esta actividad, en Chile las operaciones mediante CFD son una realidad de la cual el país tiene que hacerse cargo y qué mejor oportunidad que una “Ley Fintech” para cumplir ese objetivo.
De hecho, hace más de una década, diversos actores ofrecen contratos por diferencia. Si bien algunos se autorregulan levantando un patrimonio mínimo mayor al que se le exige a una corredora de bolsa, y sin tomar riesgo de mercado, el sistema sigue permitiendo que cualquiera opere brokers de este tipo en Chile administrados por personas que no serían aceptadas como administradores por ningún regulador serio.
De esta manera, si el país no se hace cargo de esta realidad, operadores serios optarán por obtener un marco legal desde otras jurisdicciones, como lo hizo Capitaria en Gran Bretaña, capital financiera de la Unión Europea, desde donde podrá ofrecer sus productos CFD a inversionistas chilenos y latinoamericanos.
El debate en torno al mercado fintech está presente, el ejemplo británico nos ofrece un modelo a imitar. Ambos son elementos que debemos aprovechar para que el país deje de ser un mero espectador de las estafas que cometan abusadores aprovechando los forados del sistema.
