Rousseff enfrentará primer proceso penal en su contra por presunta asociación ilícita
domingo, 25 de noviembre de 2018
Amanda Marton Ramaciotti
Internacional
El Mercurio
La expresidenta de Brasil también deberá responder a acusaciones de corrupción pasiva y lavado de dinero.
Destituida en 2016 por manipular las cuentas públicas, la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, no era imputada en ninguno de los casos de corrupción que afectaron a varios miembros de su Partido de los Trabajadores (PT) en los últimos años. Hasta ahora. El juez Vallisney de Souza Oliveira abrió un proceso penal contra la exjefa de Estado (2011-2016) por asociación ilícita, corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco del esquema de sobornos de la estatal Petrobras. Además de Rousseff, el magistrado también imputó a varios miembros de la cúpula del PT: el exmandatario Lula da Silva; la presidenta del partido, Gleisi Hoffmann; los exministros de Hacienda Antônio Palocci y Guido Mantega; el exsecretario de Planificación Paulo Bernardo y el extesorero de la colectividad, João Vaccari Neto. La denuncia, calificada por De Souza como "idónea y formalmente apta" fue presentada en septiembre del año pasado por el entonces fiscal general, Rodrigo Janot, quien consideró que durante los gobiernos del PT (2003-2016) sus integrantes formaron una asociación ilícita "para cometer una serie de delitos, en especial contra la administración pública brasileña". Según Janot, "la gran pandilla del PT desvió más de 1.400 millones de reales (unos US$ 390 millones al cambio actual) de Petrobras", con "el apoyo de los partidos Movimiento Democrático Brasileño y Progresistas y de diversos nucleos económicos, administrativos y financieros que ejercían su influencia en el Congreso Nacional". El exfiscal general basó parte de su acusación en delaciones compensadas de exejecutivos de la constructora Odebrecht, empresa que, a cambio de sobornos, obtenía licitaciones con la petrolera estatal. El juez De Souza pidió a los procesados presentar su defensa en un plazo máximo de 15 días, "oportunidad en la que podrán ofrecer documentos y justificaciones, especificar pruebas y llamar a testigos para que sean escuchados en los tribunales". En un comunicado publicado en su página web, el PT sostuvo que la acusación "es el resultado de un delirio acusatorio de Janot, sin ninguna base legal", que "forma parte de la persecución judicial contra el partido y sus líderes", y que no presenta "ninguna prueba de efectivo pago de coimas". Los abogados del partido aseguraron que en la denuncia "no existe ninguna información sobre presuntas cuentas bancarias identificadas, imágenes que comprueben el desvío de dinero; mensajes o correos de los acusados solicitando coimas o avisando que estas fueron recibidas, ni cualquier otro tipo de prueba documental". En otra nota, Rousseff protestó porque "jamás fue interrogada por las autoridades policiales o judiciales sobre las acusaciones" que le son hechas, y sostuvo que la decisión del juez De Souza se basa "en una clara tentativa de criminalizar al PT". Desde que se destapó el escándalo de Petrobras en 2014, decenas de integrantes del partido han sido salpicados, imputados y sentenciados por corrupción. Lula, su máximo líder y fundador, cumple desde el 7 de abril una condena en segunda instancia a 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco de este caso, y tiene otras siete causas abiertas ante la justicia. El PT ha calificado todas las denuncias en su contra como un intento de impedir su regreso al Palacio de Planalto. Lula encabezaba las encuestas para las elecciones presidenciales de octubre pasado, pero no pudo presentarse debido a su condena. Los casos de corrupción fueron un factor importante para el electorado brasileño este año. El PT perdió varias de sus gobernaciones; Rousseff, quien se postulaba al Senado, quedó en cuarto lugar en su estado, Minas Gerais; el Congreso sufrió la mayor renovación de su historia y Brasil eligió como Presidente a Jair Bolsonaro, quien se enfrentaba en segunda vuelta al candidato del PT, Fernando Haddad. El exdiputado basó su campaña prometiendo mano dura contra la corrupción y la criminalidad, y apenas fue electo nombró a Sérgio Moro -exjuez encargado del caso Petrobras en primera instancia- como ministro de Justicia. "Para una parte importante de Brasil, el Partido de los Trabajadores borró todo lo que hizo de bueno con la estrategia de mantenerse en el poder basándose en la corrupción", dijo a "El Mercurio" Gustavo Segré, analista político de la Universidad Paulista.
