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Alianza Valor Minero impulsa la iniciativa junto a representantes de la academia, el mundo privado y las comunidades:

Grupo experto plantea propuesta para crear agencia autónoma que destrabe conflictos sociales de proyectos de inversión

domingo, 25 de noviembre de 2018

Jéssica Esturillo O.
Economía y Negocios Domingo
El Mercurio

Inspirados en la experiencia suiza, la idea es que esta sea una agencia pública autónoma que funcione en paralelo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, para que conduzca los procesos de participación ciudadana anticipada y relacionamiento comunitario, dándole al Estado un rol como garante de los acuerdos y compromisos que se alcancen. La meta es que el organismo pueda estar operativo en 2021.



El rechazo de comunidades a proyectos productivos -y la consecuente paralización de estas inversiones ante la falta de legitimidad de estas iniciativas en las comunidades donde se insertan- es un fenómeno que se ha instalado como una de las mayores trabas para concretar diversas iniciativas mineras, de energía o infraestructura en Chile. Este año, en el país se cuentan 116 conflictos ambientales, según el catastro del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un alza respecto de los 102 casos reportados en la versión anterior de este informe, de 2015.

Otros datos muestran que, en Chile, los conflictos socioambientales duran en promedio 9,7 años, y el diagnóstico bastante compartido entre autoridades, gremios y comunidades es que para reducir esta conflictividad faltan procesos de diálogo entre los incumbentes, los gestores de proyectos y las comunidades donde se insertarán estas iniciativas.

Por ello, a fines de septiembre, un grupo multidisciplinario y transversal de trabajo -integrado por representantes de la academia, el mundo privado y las comunidades- entregó una propuesta al Gobierno, de modo de generar una agencia pública pero autónoma que permita institucionalizar, regular y garantizar los procesos de participación ciudadana anticipada y de relacionamiento comunitario, entregándole al Estado un rol como garante de los acuerdos y compromisos que estas instancias alcancen.

El diseño de la agencia fue liderado por Valor Minero - una alianza público-privada para promover la inserción de proyectos-, y participaron el Consejo Minero, el Consejo de Políticas de infraestructura, la Sociedad Nacional de Minería, Generadoras de Chile, Comunidad Mujer, la Escuela de Líderes Sociales, la Federación de Trabajadores del Cobre y las fundaciones Junto al Barrio, América Solidaria, Casa de la Paz, Colunga y Para la Superación de la Pobreza.

En el detalle, la propuesta -inspirada en el modelo suizo (ver recuadro)- apunta a aprovechar la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) -en trámite desde inicios de agosto-, para que esta incluya una indicación que genere esta agencia para actuar de manera paralela e independiente al SEIA, y con autonomía, no dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, de forma similar a la institucionalidad del actual Consejo para la Transparencia.

"La modificación al SEIA establece la participación ciudadana anticipada, mecanismo que también está en nuestra propuesta para la agencia pública y autónoma de diálogo, pero concebida de una forma más acabada de lo que plantea el Ejecutivo, que deja aspectos abiertos y no le adjudica un rol al Estado. Nuestro proyecto, en cambio, es un buen complemento para entregar las garantías que esa participación requiere y nivelar las asimetrías que ese modelo mantiene y que alimentan los temores que algunos sectores han manifestado respecto de la propuesta del Gobierno", explica Danae Mlynarz, gerente del proyecto Institucionalidad de Diálogo Territorial (IDT) de Valor Minero.

La cientista política, que hasta febrero del año pasado se desempeñó en el Ministerio de Desarrollo Social, comenta que esta instancia, en la que también participaron representantes sindicales, ONGs y organizaciones sociales, trabajó durante casi dos años por mandato del gobierno anterior, y con financiamiento de Corfo, para consensuar esta política pública que busca repensar la forma de hacer la participación para asegurar el desarrollo de los proyectos de inversión y de los territorios, desde una perspectiva sostenible, ambiental, económica y social, certificando estos procesos, que deberán extenderse a lo largo de todo el ciclo de vida de las iniciativas productivas.

Mlynarz comenta que están desplegados para convencer a la autoridad política de que para agilizar las inversiones y dinamizar la economía, no basta con iniciativas como las oficinas GPS y Open, sino que también hay que cubrir el factor social. "No hay una política específica que se haga cargo de la cohesión social, la confianza, las garantías que los territorios requieren y el desarrollo territorial que los proyectos deben dejar. Hay que superar la mirada transaccional y de uno a uno que se tiene actualmente", apunta.

Proyectos pagan para nivelar la cancha

En el detalle, la propuesta plantea que la agencia funcione de manera paralela al SEIA. En la práctica, esta agencia regularía mesas de trabajo que se formarán para cada proyecto de inversión que requiera de trabajo con la respectiva comunidad, en un proceso que como máximo puede tomar 18 meses. La idea es que la conversación transcurra en paralelo a la fase de prefactibilidad de los proyectos, previo a la evaluación ambiental, de forma que los acuerdos que se alcancen puedan ser incorporados al diseño.

"El SEIA está sobrexigido, por eso la idea es dejarle sólo el análisis de lo que es técnico y medioambiental, poniendo en otro carril -igual de importante- los acuerdos colaborativos de desarrollo territorial para que esta agencia pueda darles seguimiento", explica la gerenta del proyecto IDT.

Para dar simetría a todas las partes, durante las seis etapas que considera el mecanismo -desde la instalación de la mesa hasta el reporte de lo acordado- se considera la participación de equipos facilitadores y asesores técnicos, al igual que mediadores para los casos en que haya diferencias que pudieran derivar en conflictos. El financiamiento de estos apoyos externos se obtiene de un fondo ciego que se alimenta con pagos de las empresas, los que dependerán del tamaño y la complejidad de los proyectos.

El ministro Sergio Muñoz, quien desde la Tercera Sala de la Corte Suprema ha visto de cerca el escalamiento de estos conflictos, planteó hace unos días en una columna de opinión que "la IDT nos permitiría distinguir el conflicto jurídico del conflicto de interés (...). Tengo la firme convicción de que esta política pública nos llevará a transparentar los aspectos en que no existe pleno entendimiento, para enfrentarlos mediante una conversación en un plano más humano, horizontal, igualitario, con los apoyos que corresponda, donde podamos encontrar consensos, entendimientos y soluciones anticipadas en beneficio de las partes en pugna y del país, descartando la idea de que ante la existencia de un conflicto la primera puerta a golpear es la vía judicial, puesto que esta -debe entenderse- es siempre la última".

Mlynarz comenta que desde que presentaron formalmente esta propuesta, a fines de septiembre, han sostenido encuentros con distintas autoridades de Gobierno, como la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y también parlamentarios de las comisiones donde se revisará la reforma al SEIA. "La ministra ha señalado que le interesa que el modelo sea probado y remitió una carta a la Corfo señalando la importancia de seguir con el proyecto, pero para eso es importante que exista un caso privado que esté dispuesto a participar y también a cofinanciar", dice.

Por ello, explica que ya están en conversaciones con varias empresas para ver si es posible acompañar el proceso legislativo con un caso concreto donde puedan demostrar la efectividad de su diseño o ejecutar los ajustes que pudieran ser necesarios.

"El proyecto que moderniza el Sistema de Evaluación Ambiental, que actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso, es clave para avanzar en el desarrollo sustentable del país. Reconocemos la propuesta de Valor Minero porque justamente contribuye a reforzar la participación ciudadana en el proceso de evaluación de los proyectos", asegura la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

La propuesta de Valor Minero concibe la instalación de la agencia en dos etapas. La primera, de transición, para la que no se necesitan cambios legales, sino que solo modificaciones administrativas y que funcionaría con un presupuesto anual en torno a los $600 millones. La segunda, en régimen, que además de tramitación legislativa, demandaría recursos del orden de $2.000 millones anuales. En plazos, dice Mlynarz, si durante 2019 se pudiera probar la metodología, al año siguiente recién necesitarían recursos fiscales, y en 2021 entraría en operación, calzando con los plazos que se estiman para la tramitación de la reforma al SEIA, "que no se ve de fácil despacho", comenta. "El tema es empezar a avanzar para legitimar la metodología y para eso lo único que se necesita es voluntad política", puntualiza.

La modificación al SEIA establece la participación ciudadana anticipada, mecanismo que también está en nuestra propuesta para la agencia pública y autónoma de diálogo, pero concebida de una forma más acabada de lo que plantea el Ejecutivo". DANAE MLYNARZ, GERENTE DEL PROYECTO INSTITUCIONALIDAD DE DIÁLOGO TERRITORIAL (IDT) DE VALOR MINERO.

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