domingo, 31 de agosto de 2008
HERMAN CHADWICK
Economía y Negocios Domingo
Asociación gremial del sector refuta algunos de los argumentos que Engel, Galetovic y Fischer expusieron la semana pasada en "El Mercurio".
La próxima semana se celebran los 15 años desde la adjudicación de la primera obra concesionada en el país (Túnel El Melón). Con ésta se dio inicio al sistema de concesiones en Chile, modelo que tantos e indiscutibles progresos ha traído al país, logrando inversiones en infraestructura pública por más de US$ 11.500 millones.
Sin embargo, se ha generado un cambio en las orientaciones sobre esta política, llegándose a establecer un sistema con poco sentido de urgencia. A ello se han sumado las críticas de un grupo de académicos -a los que definitivamente no les gusta el "modelo chileno de concesiones"- centrándose en las renegociaciones de los contratos, calificándolas como una falla del sistema para impulsar un cambio legal del modelo.
Se olvidan que estos convenios firmados entre las concesionarias y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) son una figura legal necesaria para adaptar los proyectos a los estándares y necesidades de un país que se desarrolla con rapidez y para enfrentar los factores inesperados que tiene todo proyecto de construcción de la envergadura de las concesiones. Cuando se trata de obras con contratos que superan los quince años, es impensable que pase una década sin ampliar carreteras o aeropuertos para satisfacer así la demanda o sin incorporar las nuevas tecnologías que exigen las personas, siendo un claro ejemplo el Tag interurbano.
Este pequeño grupo de académicos ha intentado transmitir que estos convenios complementarios son renegociaciones realizadas a puertas cerradas para "favorecer" a las concesionarias. Esto no es así: más del 65% de los montos de éstos se determinan por licitación pública o a precios generales del MOP, y la totalidad son visados por el Ministerio de Hacienda y la Contraloría.
Las cifras están claras: son más de US$ 1.940 millones invertidos exclusivamente en obras de infraestructura para el país a través de convenios complementarios, lo que representa el 18% de la inversión total del sistema de concesiones. Estos convenios no están sujetos, como dicen algunos, a la voluntad de las empresas, sino que se realizan exclusivamente para aumentar el estándar de servicio, como una petición de nuevas inversiones y para aquellas obras que tengan un interés público comprometido.
Para algunos parece fácil olvidar los frutos de un sistema eficiente, que se ha basado en un novedoso modelo de asociación público-privada. En los últimos 15 años se han desarrollado 48 proyectos que incluyen 2.500 kilómetros de carreteras y autopistas concesionadas, 10 aeropuertos concesionados por los que transita el 94% del total de flujo de pasajeros en Chile, siete edificaciones públicas y un embalse que permitirá regar 19.000 nuevas áreas de secano en la VI Región.
Debiéramos estar orgullosos de estas obras que potencian la conectividad e impulsan el desarrollo económico. Sin embargo, tenemos que admitir que el país ha perdido el liderazgo que ostentó durante más de una década en el campo de la infraestructura. Hoy, más que una nueva ley, requerimos de un nuevo impulso para recuperar el camino del crecimiento acelerado de ese sector, sobre todo cuando contamos con los recursos para hacerlo.
Columna escrita por Herman Chadwick, presidente de la Asociación de Concsescionarios de Obras de Infraestructura pública (Copsa).
