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Andrés Manuel López Obrador tiene prisa por comenzar a ejecutar el que sería el proyecto de infraestructura más importante del gobierno que asumirá el 1 de diciembre. Según el Presidente electo mexicano, el 16 de diciembre empezarían las obras del Tren Maya, una línea férrea de 1.500 kilómetros que cruzará cinco estados del sureste del país, uniendo la península de Yucatán, la turística Quintana Roo, desde Cancún -pasando por localidades caribeñas como Playa del Carmen, las ruinas mayas de Tulum y Bacalar- hasta Palenque, en la empobrecida región de Chiapas. Aunque todavía no se conocen todos los detalles del proyecto -que se promueve como una iniciativa turística que compartirá el auge económico de los balnearios del Caribe con las partes más remotas del sur-, López Obrador anunció que el 24 y 25 de noviembre se realizará una consulta popular para decidir la construcción de la vía. Pero está convencido de que se aprobará, por lo que ya oficializó la fecha de inicio de las primeras obras vinculadas e incluso se apuró en señalar que lo inaugurará durante su sexenio. "Tengo confianza de que la gente va a votar para que se construya el Tren Maya, porque no perjudica a nadie; al contrario, beneficia a mucha gente", dijo. Según "AMLO", la construcción del tren tardaría cuatro años y costaría unos US$ 7.500 millones, que serían financiados con dinero público y privado, pero aún no está totalmente definido su trazado, que contempla un ramal por las ciudades de Campeche, Mérida y Valladolid. Tampoco se han hecho los estudios de impacto ambiental, en una zona donde hay selvas, humedales, reservas de fauna y sitios arqueológicos prehispánicos. "Muchos especialistas dicen que el tren no es viable, porque no va a ser rentable y tendrá que ser subsidiado, así como por la destrucción medioambiental", comenta el politólogo José Antonio Crespo, quien cuestiona la validez de la consulta convocada por López Obrador, quien ya en octubre organizó un referéndum que, con una participación de apenas el 1% del padrón, decidió la cancelación de un nuevo aeropuerto en Ciudad de México. "Yo no estoy seguro de que proyectos tan técnicos convenga ponerlos en la decisión ciudadana", dijo. "Pero en caso de que quiera involucrar a la ciudadanía, debe hacerlo con las garantías constitucionales de un proceso organizado por la autoridad electoral (...). Tal como está ahora, es una burla, una consulta informal para cumplir con el formalismo de una decisión que ya está tomada. Es un capricho". Grupos ambientalistas han manifestado sus reparos por el proyecto, ya que el tren pasaría por zonas protegidas.