Rectores urgen cambios a la gratuidad ante nueva brecha que les provocaría la política
lunes, 12 de noviembre de 2018
Sandra Quevedo
Nacional
El Mercurio
Según sus estimaciones, en 2019 podría existir un déficit de casi $30 mil millones, pues deberán cubrir el 50% de los aranceles de los beneficiados que se atrasen en sus estudios. El Mineduc analiza la situación.
Este año, casi 328 mil estudiantes accedieron a la gratuidad. La política -que partió en 2016- permite que los jóvenes estudien sin pagar la matrícula ni el arancel. Y aunque la idea es que no se endeuden, el beneficio solo cubre la duración formal de las carreras. Y debido a esta restricción, 39.692 alumnos perdieron el beneficio en 2018. Esta situación no solo es un problema para los estudiantes, sino que lo será para sus planteles. Según la Ley de Educación Superior -promulgada en mayo-, en caso de atraso, las instituciones deberán costear el 50% del arancel y matrícula. "Para 2019, esto va a significar una merma fuertísima en los ingresos de las universidades", adelanta el rector de la UC de Valparaíso, Claudio Elórtegui. Detalla que la brecha total se acercaría a los $30 mil millones en el Consejo de Rectores (Cruch). "En el caso de las universidades del G9 -las públicas no estatales- hemos hecho una estimación muy precisa que significa cerca de $9.500 millones de menores ingresos por año", acota Elórtegui. Para las estatales, "el número podría llegar "entre $15 mil y $20 mil millones", dice. Para llegar a este monto, el G9 consideró su estimación y la información que entregaron los vicerrectores económicos de los recintos estatales. Déficit previo A este nuevo déficit hay que añadirle "el que ya han tenido varias universidades que están en gratuidad", expresa el rector Elórtegui. De hecho, según comenta el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, en su caso, ellos ya tienen una pérdida por gratuidad que "se puede llegar a duplicar. O sea, podemos tener más de $3 mil millones (de brecha) sobre lo que ya tenemos, entonces es muy grave. Y esto lo hemos expresado desde el año pasado". Asimismo, el rector de la U. Católica del Maule, Diego Durán, asegura que para ellos "va a significar (una merma) de a los menos $1.000 millones, y eso no considerando las pérdidas que hemos tenido este año". Pasos a seguir Debido a esto, los rectores urgen por cambios. "Tiene que haber modalidades, vía aportes públicos, que permitan hacer viable la implementación de la gratuidad, porque de lo contrario se va a generar la sensación de que es una política mal diseñada y que afecta gravemente el financiamiento de las instituciones", dice el rector de la U. Austral, Óscar Galindo. "Esperamos que existan iniciativas que en un tiempo razonable nos permitan resolver un problema que es crítico", sentencia. En la misma línea, la máxima autoridad de la U. de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, adelanta que "estamos proponiendo una indicación para que podamos usar el Fondo Solidario como un elemento para permitir el financiamiento a aquellos alumnos que les falte un semestre", para que así no se les genere nueva brecha. Mientras que el experto en Educación José Joaquín Brunner insiste en que "hay que modificar la ley en los puntos que corresponda (...). "El Gobierno tiene que financiar la gratuidad". El jefe de Educación Superior del Ministerio de Educación, Juan Eduardo Vargas, cuenta que están "analizando el impacto" que pueda tener la nueva cláusula de la reforma. "Pero habrá que tener en consideración que la cantidad de recursos que el Estado ya está invirtiendo en gratuidad es sustantiva", puntualiza. Advertencia hecha Otro punto que expone el encargado del Mineduc es que "el diseño de la gratuidad fue conocido por todas las instituciones al momento de decidir su adscripción o renovación a ella". Sobre esto coinciden expertos y otros rectores que no adscribieron al beneficio. "Estas son las reglas del juego, se definieron así. Personalmente, critiqué la forma en que se fijaron los aranceles regulados (los que se pagan por alumnos beneficiados). Sostuve que el modelo era equivocado. Se aceptaron estas reglas y uno se tiene que adaptar, dice el rector de la U. Adolfo Ibáñez, Harald Beyer. Además, aclara que ellos no se sumaron, pues no querían perder autonomía. El rector de la U. de los Andes, José Antonio Guzmán, afirma que "al revisar las condiciones de la gratuidad previmos que el déficit que generaría para nuestra universidad podía ser significativo" y, por lo tanto se pondría en peligro su sustentabilidad financiera. Así, el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, es crítico con los planteles en gratuidad. "Esto fue algo que conocían (...) y la única interpretación es que pretendían manejar el problema de la sobreduración (de las carreras) de forma interna". CAMBIO ''Las universidades no pueden ser responsables de una disposición de este tipo establecida en la ley, que es claramente expropiatoria". CLAUDIO ELÓRTEGUI Rector UC de Valparaíso ''Tiene que haber modalidades, vía aportes públicos, que permitan hacer viable la implementación de la gratuidad". ÓSCAR GALINDO Rector U. Austral ''Ojalá se plantee una política basada en la realidad, porque el atraso en las carreras existe y lo sufrimos todas las universidades". CHRISTIAN SCHMITZ Rector UC Santísima Concepción ''(Se) está analizando el impacto que esto pueda tener a largo plazo, pero habrá que tener en consideración que los recursos que el Estado ya está invirtiendo en gratuidad son sustantivos". JUAN EDUARDO VARGAS Jefe Ed. Superior Mineduc ''El sistema de financiamiento que ellas suscribieron e impulsaron tiene topes e incentivos, y tienen que tomar determinaciones que corresponda y adaptarse". DANIEL RODRÍGUEZ Director Acción Educar
Hasta ahora, la gratuidad se regía por la Ley de Presupuestos. Con la promulgación de la reforma parten normas que complicarían a los planteles.
