Impulso a reformas estructurales marca los primeros cien días del gobierno de Iván Duque
lunes, 12 de noviembre de 2018
Javier Méndez Araya
Internacional
El Mercurio
El mandatario ha dado prioridad a la modificación de los acuerdos de paz con las FARC, la reforma tributaria y la lucha contra la corrupción.
El miércoles se cumplirán cien días de gobierno del Presidente Iván Duque y ya se pusieron en evidencia algunas de sus líneas políticas. Entre las reformas estructurales que pretende el mandatario colombiano, ha dado prioridad a los cambios a los acuerdos de paz con las FARC, la reforma tributaria y la lucha contra la corrupción, enviando sendos proyectos de ley al Congreso. La lucha contra el narcotráfico y mejorar la seguridad ciudadana también han sido otros ejes centrales de sus primeros días. Acuerdo de paz Durante su campaña para llegar a la Casa de Nariño, Duque prometió modificar el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para impedir que sus exmiembros tengan acceso a cargos públicos antes de comparecer ante la justicia. Conforme con esto, la bancada de su partido, Centro Democrático, radicó el 25 de septiembre el proyecto de reforma a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que es el mecanismo de justicia transicional por medio del cual se investiga y juzga a los integrantes de las FARC, miembros de la Fuerza Pública y terceros que hayan participado en el conflicto armado. "El proyecto se encuentra en debate y tendrá que superar el duro escollo de los defensores de la integridad de lo pactado en La Habana, que son partidos de izquierda", sostiene Enrique Serrano, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario. Economía El pasado 31 de octubre, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó ante el Congreso el proyecto denominado Ley de Financiamiento que, de ser aprobado, supondría una reforma tributaria que impondría un IVA de 19% sobre el 80% de la canasta básica familiar, a la vez que exonera de distintos impuestos a las empresas. Según Duque, con esta reforma se espera tapar un hueco fiscal de más de 14 billones de pesos (US$ 4.473 millones). La reforma ha despertado críticas. Hay quienes sostienen que, lejos de beneficiar al ciudadano común, favorecerá a los empresarios, y pronostican que el resultado será una merma en el consumo. "Yo creo que el plan de Duque va en el sentido correcto porque, entre otras cosas, reactivaría la economía y generaría más empleo, ya que, al tener menos gravámenes, las empresas se verían incentivadas para aumentar su planta de trabajadores", dice a "El Mercurio" Miguel Urrutia, economista de la Universidad de los Andes. Corrupción Decidido a acelerar sus prioridades, Duque radicó el 28 de agosto un nuevo proyecto de ley ante el Congreso, con el que espera aportar a la lucha contra la corrupción en el país. La iniciativa busca la ampliación de la prescripción de la acción disciplinaria de 5 a 20 años, para que se pueda sancionar a funcionarios que hayan incurrido en actos de corrupción. También busca instaurar la acción penal y el delito para las personas jurídicas, así como fortalecer la denuncia ciudadana en actos de corrupción. Colombia ocupa el puesto 96, de 180 países, en el ranking de corrupción. Obtuvo una calificación de 37 sobre 100, que ha mantenido durante los últimos cuatro años, según el informe de 2017 de Transparencia Internacional. "Esto significa que no ha cambiado la percepción que se tiene sobre Colombia en cuanto a la corrupción. Por eso son necesarias estas medidas", expresa Serrano. Narcotráfico En otro de los temas sensibles, a un mes de haber asumido, el Presidente presentó su propuesta para enfrentar el narcotráfico con un decreto para confiscar la dosis mínima de droga, el regreso de las fumigaciones aéreas con glifosato, la erradicación forzosa y la intervención de los puntos de venta y consumo de estupefacientes. También busca prohibir la amnistía del delito de narcotráfico y desmantelar bandas criminales dedicadas a ese ilícito. Desde septiembre de 2017, Colombia se encuentra bajo una fuerte presión de EE.UU., después de que el Presidente Donald Trump amenazara con "descertificar" a Colombia si el país no logra controlar el incremento de los cultivos ilícitos en el país -que alcanzan las 208 mil hectáreas según la ONU-, aunque un año después, ya asumido Duque, el líder de la Casa Blanca apoyó su iniciativa antidrogas. Washington busca la reanudación de las fumigaciones y la extradición del dirigente de las FARC "Jesús Santrich", acusado de enviar diez toneladas de cocaína a Miami. Para José John Marulanda, experto en temas de seguridad, hasta el momento no se ven resultados concretos en la lucha contra el narcotráfico: "Duque prometió la fumigación de las plantaciones de coca, pero aún no la ha iniciado. El otro aspecto es la neutralización de grupos disidentes de las FARC que siguieron en el ilícito negocio y, en ese sentido, la fuerza pública no está siendo muy efectiva". Seguridad El pasado 28 de octubre, Duque anunció el despliegue de cerca de 5.000 soldados en la convulsa región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, para combatir el narcotráfico y los grupos armados ilegales. Esto forma parte de la estrategia de seguridad interna del gobierno, que comprende fortalecer la capacidad de reacción rápida y efectiva de las Fuerzas Militares y de la Policía, disminuir los índices de criminalidad y aumentar el número de militares en las regiones. Según datos de la Fiscalía, en el país hay un índice de criminalidad de 26 asesinatos por cada 100 mil habitantes. "Esto es, tres o cuatro veces el promedio mundial, y marca una tendencia al alza", explica Gustavo Duncan, experto en seguridad de la Universidad Eafit. Un atentado del ELN ayer contra un oleoducto en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, provocó una emergencia ambiental por el derrame de petróleo en un río.
