domingo, 04 de noviembre de 2018
Bárbara Vial A.
El_Mercurio
Minuta consta de 10 páginas y reafirma conceptos afines a la derecha. El texto, denominado "Minuta Comunicacional: Proyecto de Ley para mejorar el sistema de pensiones", muestra cuadros comparativos para reforzar las debilidades de la iniciativa que impulsó la administración de Michelle Bachelet. También entrega argumentos para contrarrestar el sistema de reparto, las ideas del movimiento No+AFP y da cuenta de ejemplos concretos de los beneficios de la iniciativa gubernamental.
La Moneda, 21:00 horas del lunes. "Nosotros siempre vamos a tener un tono dialogante, un estilo republicano, pero cuando haya que levantar la voz para marcar las diferencias de cara a la ciudadanía, para que sea la ciudadanía la que juzgue, lo vamos a hacer", dijo el lunes pasado la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, al concluir una reunión de consejo de gabinete. La mañana de ese día, el comité político -que reúne tradicionalmente a ministros y presidentes de Chile Vamos- analizaron la reforma previsional que había anunciado la noche anterior el mandatario Sebastián Piñera, a través de cadena nacional. La iniciativa eleva de 10% a 14,2% la cotización obligatoria de los trabajadores con cargo al empleador, incrementa el apoyo estatal a las Pensiones Básicas Solidarias, permite el ingreso de nuevos actores al sistema y coloca el foco en las mujeres, la clase media y los sectores vulnerables. En el encuentro en La Moneda, algunos dirigentes alzaron la mano para solicitar que el Ejecutivo realizara un buen despliegue para mostrar las ventajas del proyecto. "El Mercurio" tuvo acceso a un documento que circula en el gobierno, fechado el domingo 28 de octubre, donde, por una parte, entregan ejemplos concretos de los principales ejes y beneficios de la iniciativa (ver recuadro). El texto, denominado "Minuta comunicacional: Proyecto de ley para mejorar el sistema de pensiones", consta de 10 páginas e incluye una descripción de sus principales beneficiarios y los mecanismos de financiamiento, entre otras cosas. Pero, por sobre todo, entrega una bajada comunicacional, en momentos en que la centroizquierda ya ha comenzado a levantar críticas en contra de la iniciativa. Es así como proporciona cuadros comparativos con las desventajas del proyecto que impulsó la administración de Michelle Bachelet y las contrasta con las fortalezas que, a su juicio, tendrá la iniciativa oficialista (ver D 9). En otras tablas, el documento caracteriza las deficiencias del sistema de reparto y el movimiento No+AFP, liderado por Luis Mesina. Diferencias con el gobierno de Bachelet En uno de sus capítulos, denominado Cifras de Impacto Global, el texto parte así: "Si se comparan las cifras de beneficiarios de la propuesta de cambio de pensiones del gobierno anterior con la propuesta de reforma actual, una vez que todos los cambios estén implementados, el porcentaje de beneficiarios pasa desde un 51% a 71% de la suma de pensionados en el sistema de ahorro individual y en el IPS (Instituto de Previsión Social). Eso equivale a mejorarles las pensiones a 571 mil personas más que la propuesta presentada por el gobierno anterior, en 2017". Las diferencias que expone la minuta con respecto a la administración Bachelet no solo pasan por aspectos técnicos del proyecto, sino que, además, toma ideas y conceptos centrales para la centroderecha: la participación activa de los privados en políticas públicas -y no solo del Estado-, el fortalecer la competencia, la protección de la economía y la libertad de elección de los ciudadanos. Este último aspecto va desde el escoger quién administra sus fondos hasta determinar la edad en que quieren jubilarse. El documento expone un cuadro comparativo entre siete medidas que contempla el proyecto del Presidente Piñera y el propuesta del gobierno de Bachelet, estableciendo sus diferencias. Parte recordando que en la iniciativa del gobierno "el 4% adicional se deposita íntegramente en la cuenta individual del trabajador", mientras que en el de la exmandataria el aporte adicional era de 5%, pero que solo "el 3% va a la cuenta individual del trabajador". Y concluye, a modo de contraste: "El 100% del ahorro adicional va a su cuenta, en MB era sólo un 60%". Este concepto se repite a lo largo del texto: "Este aumento irá directamente a la cuenta de cada trabajador, quien decidirá libremente quién administra estos ahorros previsionales, ya que él es el dueño de sus ahorros y nadie, ni el Presidente de la República, ni el Congreso, tiene derecho a decidir por él. Nadie cuida mejor sus ahorros que su dueño". En el gobierno señalan que, al menos antes y durante la campaña, las encuestas internas indicaban que cerca del 70% de los ciudadanos rechazaban que se dispusiera de sus ahorros ni querían compartirlos. Siempre marcando contrastes con el gobierno de Bachelet, el documento también plantea que el proyecto establece mayores incentivos a las mujeres, incorpora al sistema a empresas sin fines de lucro y promueve la permanencia en el mercado laboral y un menor impuesto al trabajo, lo que se traduce, a su juicio, en mayor empleo. Sistema de reparto y AFP En el comité político del lunes, el oficialismo evaluó los posibles escenarios que podrían enfrentar por parte de la ex Nueva Mayoría y la posibilidad de que el Frente Amplio intente marcar el debate recurriendo a la idea de eliminar las AFP o volver al sistema de reparto. El texto caracteriza otras diferencias con dichas posturas, como el que el Ejecutivo promueve que "los que tienen más contribuyen para mejorar las pensiones de los que tienen menos", mientras que con el reparto "todos los trabajadores, incluidos los de menores remuneraciones, deben contribuir el total de su ahorro a un pozo común para pagar a los pensiones". Escenario político La minuta del gobierno data del mismo día en que el Presidente anunció por cadena televisiva el proyecto de pensiones, antecedido la semana anterior por la aprobación de Aula Segura en el Senado, donde se logró revertir su rechazo inicial. De ambas situaciones se habló en el consejo de gabinete del lunes, en el que se destacó que la popularidad del Gobierno -Piñera aparece con más del 50% en algunos estudios- representa una poderosa herramienta para negociar en el Congreso. El jefe de Estado, además, abordó la importancia de tener presente la situación económica que enfrenta el mundo con repercusiones que podrían afectar al país, principalmente por el precio del cobre, el petróleo y la guerra comercial entre EE.UU. y China. Dicha situación podría darse durante el segundo semestre de 2019 o el 2020, lo que podría coincidir con las elecciones municipales y de gobernadores regionales. En este contexto, en el gobierno señalan que La Moneda apuesta por tramitar el grueso de su programa en el Congreso en los próximos meses. Se trata de un momento en que la oposición se encuentra dividida en varios frentes y cuando faltan dos años para las próximas elecciones, lo que, bajo su mirada, favorecería el diálogo político. Algunos ministros señalan que es prácticamente imposible no llegar a ciertos acuerdos con la oposición, sobre todo en medidas que apunten directo al bolsillo de los ciudadanos. También confían en que en la retina de la centroizquierda aún esté presente el fenómeno de Jair Bolsonaro en Brasil: El PT, recalcan, pagó un alto costo de no dar respuesta a las necesidades de la gente. Durante la semana, de todas formas, la ex Nueva Mayoría acusó lentitud en la puesta en marcha los beneficios del proyecto y propusieron separar la tramitación, apurando la votación del Pilar Solidario de la reforma. El gobierno se opuso a esa alternativa, argumentando que defenderá la integralidad de la propuesta ante el Congreso. La negociación ya partió. El ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, de hecho, recibió el martes en La Moneda al presidente de la DC, Fuad Chahin. En parte del Ejecutivo se ha instalado la idea de negociar uno a uno con los parlamentarios de la DC, y no necesariamente con la directiva. También confían en acercamientos con el PR y una parte del PPD. Del Frente Amplio, sin embargo, existe coincidencia en que no habrá acercamientos. Se trata de una convicción tan marcada como la que buena parte del comité político tiene en sus agendas: desplegarse en terreno a explicar el proyecto y tratar de revertir los mensajes de la oposición.
