martes, 19 de agosto de 2008
Eduardo Olivares
Economía y Negocios, El Mercurio
El director del Programa Social del centro de estudios, Rodrigo Castro, sostiene que es aún insuficiente la magnitud y calidad de las revisiones en el Gobierno.
El Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) toma los mismos datos que año a año entrega la Dirección de Presupuestos (Dipres) sobre los resultados de la Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG), los analiza y, si bien hoy es más benévolo que antes en cuanto a la mejorías del servicio público, mantiene sus críticas al desempeño general de esos exámenes. El director del Programa Social del centro de estudios, Rodrigo Castro, lo plantea con un número: el 78% de los programas sometidos a evaluación han requerido una "reingeniería profunda" para hacerse eficientes.
Existen cinco categorías: ajustes menores, modificaciones al diseño, rediseño sustantivo, reubicación institucional (esta clasificación puede compartirse con alguna de las dos anteriores) y finalización del programa. Desde la tercera en adelante, la Dipres los denomina como programas "mal evaluados". LyD incluye a la segunda categoría.
Los resultados de las EPG son, en rigor, recomendaciones de los diversos grupos de expertos independientes que ganaron la respectiva licitación. Castro valora ese trabajo, pero cree que debería pensarse en otra idea, tal vez un consejo estable de similares características, que le dé más continuidad a estas revisiones.
La EPG es sólo uno —la más masiva— de tres sistemas de examen de programas públicos, y se aboca a determinar si hay consistencia entre los objetivos de un programa y su diseño. Los otros sistemas son el de Evaluación de Impacto (mide los efectos de un programa en la población objetivo) y el de Evaluación Comprensiva del Gasto (pondera uno o más programas en un contexto más global, y sus impactos).
Rodrigo Castro comenta que estos últimos son más necesarios que los EPG, pues permiten dimensionar con más precisión la necesidad concreta de una iniciativa. Y un problema de esa falencia, argumenta, es que no se tiene certeza del grado de eficiencia del gasto público que puede ganarse. "Las evaluaciones siguen siendo débiles respecto del vínculo entre las acciones del programa con los objetivos estratégicos y con las prioridades programáticas del Gobierno", afirma este experto.
Una de las mayores críticas es la escasez de esas revisiones. Castro asegura que por cada peso evaluado, hay cinco que no lo son. Ello, pese a que en el período 2007-2010 se habrán examinado 155 programas, según comprometió Hacienda, que representan la mitad de todos los existentes.
Puntos positivos
Rodrigo Castro opina que es positiva la iniciativa de Hacienda de crear el Fondo de Modernización de Políticas Públicas, que entrega recursos a proyectos —tanto públicos como privados— que busquen la mejoría específica de algún programa gubernamental.
Además, el especialista espera que pronto Hacienda proponga la conformación de la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas, cuyo estudio fue vuelto a plantear por el Gobierno (esta vez por el Ministerio del Interior) en abril. La idea original ya venía de la candidatura de Michelle Bachelet. Dicha agencia estaría encargada de evaluar, diseñar y corregir proyectos, programas y líneas generales de acción.
