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Buscan que el caso marque un precedente

Familiares de Joane Florvil demandan a municipio de Lo Prado: acusan discriminación

martes, 30 de octubre de 2018

Valentina González
Nacional
El Mercurio

Haitiana falleció en 2017 tras ser acusada de abandonar a su guagua, en un confuso incidente que ocurrió en esa comuna.



Para el próximo martes 6 de noviembre quedó fijada una nueva audiencia por el juicio entre la familia de Joane Florvil y la municipalidad de Lo Prado. Los parientes de la haitiana, que falleció el año pasado tras ser acusada del presunto abandono de su guagua, presentaron una demanda contra el municipio, acusando que existió discriminación arbitraria contra la mujer.

La isleña fue sobreseída de forma póstuma el año pasado, luego de que se estableciera que no había cometido un ilícito y que se trató, en cambio, de un problema idiomático: la mujer había ido a la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de la comuna a pedir ayuda por un robo que sufrió su pareja, y al no lograr darse a entender, dejó a su infante bajo la vigilancia de un guardia del lugar.

Ayer se realizó la audiencia probatoria del juicio, en que se conocieron algunos testimonios y quedaron pendientes otros para la próxima cita. La parte querellante es representada por Moisés Sánchez, abogado de la Fundación Pro Acceso, quien aseguró que buscan que se multe al municipio y al alcalde, Maximiliano Ríos, y que se concrete una serie de acciones reparatorias. Por ejemplo, que se expresen las excusas correspondientes a la comunidad haitiana en Chile y se capacite a los funcionarios municipales de Lo Prado en interculturalidad.

"Esperamos que esta (eventual) sentencia sea un hito para la revisión de la Ley Zamudio que, hasta el día de hoy, no está siendo utilizada por las comunidades migrantes por razones de discriminación racial. Creemos que esta es la oportunidad de mejorar esta institucionalidad", planteó Sánchez.

"No solo buscamos justicia para Joane y su familia, sino también poner en evidencia la profunda discriminación que sufren los migrantes de distintas nacionalidades, y la necesidad de reformar la Ley Zamudio para que se adapte al nuevo contexto migratorio", añadió el abogado, quien considera que la denuncia hecha por el municipio a Carabineros, ante las acciones de Florvil, fue una "respuesta desproporcionada" y además, discriminatoria.

"¿Habría sucedido esto si Joane no hubiese sido mujer y haitiana?", reflexionó Sánchez.

Consultado por "El Mercurio", el municipio no quiso ahondar en el caso, por encontrarse aún en manos de la justicia.

En paralelo

A esta demanda civil podrían sumarse otras acciones en las próximas semanas, incluyendo una querella que prepara el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

En la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en tanto, se abrió el año pasado una investigación para indagar el fallecimiento de Florvil. Sin embargo, no se han conocido resultados.

Carabineros, por su parte, realizó un sumario interno que terminó con sanciones disciplinarias a dos funcionarios: el sargento segundo Jorge Castillo Peralta y el cabo primero Luis Raio Huilcamán.

La familia espera que con su demanda se logre una condena, a más de un año del fallecimiento de la mujer. Roxana Gómez, cuñada de la haitiana, planteó: "Para nosotros es muy importante que se llegue a una sanción contra quienes incurrieron en esta discriminación. Queremos generar un precedente".

SANCIÓN
La Ley Zamudio considera multas que pueden llegar hasta$2.400.800.

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