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La trama detrás de la aprobación del proyecto Aula Segura

domingo, 28 de octubre de 2018

Bárbara Vial y Nicolás Guzmán
El_Mercurio

Las frenéticas 48 horas de negociaciones. Un tenso almuerzo de los senadores de la ex Nueva Mayoría, ministros desplegados en el Congreso con distintas estrategias y un vuelco de la oposición, donde los moderados se impusieron a las posiciones más radicales representadas por la senadora Yasna Provoste. Se trata de parte de las tratativas que terminaron en un acuerdo que La Moneda apuesta a replicar ahora en otros proyectos de ley.

Martes, 17:30 horas. La ministra Marcela Cubillos lleva una hora esperando en un salón del primer piso del Congreso y aún continúa el receso de la comisión de Educación del Senado, que debía votar el proyecto Aula Segura. En el Gobierno y Chile Vamos existía profunda molestia. La Moneda le había colocado suma urgencia para votarlo y la presidenta de la comisión, Yasna Provoste (DC), no llegaba al lugar. No se sabía dónde estaba y comenzaba a instalarse la convicción de que estaba dilatando la tramitación de una iniciativa que no era de su gusto.

La tensión se reflejaría minutos después, cuando Provoste llegó al lugar. La primera en reclamar por la larga espera a la que se estaba sometiendo a la titular de Educación fue la senadora Ena von Baer (UDI).

-Ena von Baer (EVB): Presidenta, cuando le pregunté hoy día cuándo vamos a sesionar, usted podría haber contestado en una hora más, al final de la última votación. Pero contestó que lo íbamos a resolver en su momento. Ese es el punto, presidenta.

-Yasna Provoste (YP): También le dije...

-EVB: ¡No, presidenta, es que estoy haciendo uso de mi palabra!

-YP: Le vamos a pedir que veamos el video entonces...

-EVB: Yo lo que he hecho es hacer uso de mi palabra. Tengo derecho a hacer uso de mi palabra. Presidenta, usted se paró y dijo "lo vamos a ver". Bueno, pongámonos de acuerdo. ¿Sabe lo que pasa, Presidenta? ¿Sabe lo que sentimos nosotros? Que ustedes se ponen de acuerdo y nosotros no nos enteramos.

La encendida discusión de las parlamentarias continuó a lo largo de la sesión, donde volvieron a enfrentarse Provoste y Cubillos: la hoy ministra, cuando era diputada de la UDI, impulsó hace 10 años una acusación constitucional contra la actual senadora, que entonces lideraba la cartera de Educación. Estuvo 5 años sin poder ejercer cargos públicos y debió abandonar el gabinete de la expresidenta Bachelet.

El martes, la senadora dijo que no estaba dilatando el proyecto, sino que durante la hora en que se ausentó de la comisión estaba en el hemiciclo votando otras iniciativas, y terminó colocando Aula Segura en votación tras horas de debate. Junto con Jaime Quintana (PPD) se abstuvieron de aprobar la iniciativa en general, pero al pasar al particular impusieron su mayoría e introdujeron cambios sustanciales a la propuesta del Ejecutivo, como el pasar de la expulsión a la suspensión de los alumnos sorprendidos en hechos de violencia en colegios.

Tenso almuerzo opositor

El desenlace de la reunión, que se extendió hasta las 10:00 de la noche, sorprendió a los senadores de la oposición.

El mismo martes, antes de que comenzara la comisión de Educación, los parlamentarios de la ex Nueva Mayoría habían adoptado un acuerdo para enfrentar la tramitación del proyecto, que, de acuerdo a algunas encuestas, cuenta con más de 70% de adhesión en la ciudadanía.

Los senadores Provoste y Quintana llegaron al almuerzo con la idea de rechazar la idea de legislar la iniciativa. Pero la respuesta no fue la esperada.

"Hay que resolver este tema y aprobar el proyecto de alguna manera", fue el mensaje de los parlamentarios. Testigos del encuentro aseguran que fue una reunión a ratos dura, particularmente por parte del jefe de comité de senadores DC, Jorge Pizarro. "Yo tenía entendido que íbamos a discutir las indicaciones, por eso corresponde votar a favor la idea de legislar", habría dicho.

Sus palabras recibieron rápidamente el apoyo de otros parlamentarios, como José Miguel Insulza (PS) o Ricardo Lagos Weber (PPD).

Finalmente, los parlamentarios quedaron en reformular el proyecto y llegar a un punto intermedio con el Gobierno. Bajo esa idea firmaron todos los jefes de bancada presentes en ese momento. Pero si bien se concordó en redactar una nueva indicación de la oposición, no se habría visto con detalles, más allá de cambiar el nombre a la iniciativa.

De ahí la inquietud de algunos parlamentarios al constatar por la noche que el texto presentado por Provoste era mucho más duro de lo esperado.

Las alertas estaban activadas. No solo porque podía terminar extendiéndose el debate de un proyecto con apoyo en las encuestas, sino que además comenzó a instalarse la idea de que las indicaciones presentadas por Provoste no pasarían el control de constitucionalidad, pues se cambiaba el sentido matriz del proyecto.

Esa misma noche, el senador Quintana habría llamado a Lagos Weber, miembro de la comisión de Hacienda, para pedirle encontrar una solución.

Negociación a dos bandas

En La Moneda amanecieron al día siguiente con la idea de que iban a perder la votación. De hecho, el Gobierno estaba preparado para dar la pelea en la sala.

Las primeras luces sobre la posibilidad de explorar un acuerdo comenzaron antes del mediodía, al menos por dos vías. El ministro Gonzalo Blumel se contactó con el senador Alejandro Guillier -quien había estado hace pocas semanas con el alcalde Felipe Alessandri y estaba sensibilizado con el tema tras reunirse con un grupo de apoderados del Instituto Nacional- y le preguntó cómo veía los apoyos en la oposición. Guillier lo telefoneó más tarde, comentándole que al menos el senador Francisco Huenchumilla (DC) y los socialistas Insulza y Álvaro Elizalde estaban abiertos a un acuerdo. La situación no pasó inadvertida: el PS, que ha liderado las posiciones más críticas al Gobierno, se alineaba en torno al proyecto de La Moneda. Para algunos se trataba de un asunto de realismo político.

Del mismo modo, el subsecretario Claudio Alvarado también había llamado a Guillier, lo mismo que a Carlos Bianchi (Indep.) y Rabindranath Quinteros (PS).

A las 10:00 de la mañana, en una de las salas del Congreso en Valparaíso, la ministra Marcela Cubillos y el subsecretario Alvarado se desplegaban por los pasillos, lo mismo que hace una década, cuando compartían asiento en la bancada de diputados de la UDI. Las hoy autoridades del Ejecutivo, además, redactaron una minuta consignando los tres puntos que al Gobierno le importaba plasmar en la iniciativa, de cara a una negociación con la ex Nueva Mayoría: las conductas violentas debían quedar tipificadas y explicitadas en la ley, los directores de colegios tenían el deber de iniciar un proceso de expulsión de los alumnos involucrados en este tipo de situaciones y se debía separar del establecimiento a los victimarios.

Los senadores del oficialismo, en paralelo, realizaban un punto de prensa advirtiendo que de aprobarse el proyecto con las indicaciones presentadas por Provoste, Quintana y el senador frenteamplista Juan Ignacio Latorre recurrirían al Tribunal Constitucional.

La negociación del Gobierno fue, para algunos, a dos bandas. Si Cubillos y Alvarado representaban de alguna manera las posiciones más enfáticas con el proyecto de ley del Gobierno -lo que hicieron ver el día anterior en la comisión de Educación-, Blumel apareció haciendo lo contrario. Así se lo habría hecho ver el senador Guillier.

Los moderados

El proyecto debía ser revisado por la comisión de Hacienda de la Cámara Alta, como había pedido el día anterior el oficialismo.

Al mediodía, los integrantes de la comisión -Jorge Pizarro, Ricardo Lagos Weber y Juan Pablo Letelier- se reunieron con el subsecretario Alvarado y Blumel.

Según los presentes, la reunión fue franca. La oposición pidió tiempo y reclamó por un tuit del Presidente Piñera, en que los emplazaba en duros términos a aprobar el proyecto. Los representantes de la Segpres, por su parte, reiteraban la amenaza de que su sector podría ir al Tribunal Constitucional.

La Moneda sabía, a esa altura, que la batalla comunicacional estaba de su lado. Y algunos parlamentarios comentaban la necesidad de llegar a un acuerdo con el Gobierno, pero sin debilitar la imagen de Provoste e incorporándola a la solución del problema.

En la ex Nueva Mayoría señalan que a la parlamentaria se le hizo ver por varios canales que no era conveniente continuar en una posición frontal. El tema habría sido tratado ese día durante un almuerzo de los senadores DC que apoyaban la idea de reponer la expulsión de los estudiantes sorprendidos en hechos de violencia.

Por entonces, Insulza había acudido dos veces a la oficina del ministro de la Segpres para explorar un acuerdo y conversado en tres ocasiones por teléfono con el titular del Interior, Andrés Chadwick.

El planteamiento más moderado de la oposición se imponía en el Congreso.

La DC y La Moneda: dos caras de la negociación

Antes de las cuatro de la tarde, cuando comenzó la sesión de la comisión de Hacienda de la Cámara Alta, el ministro Blumel se reunió a solas con su presidente, el senador Letelier. El parlamentario habría llegado con las indicaciones redactadas. El acuerdo era inminente. La "colaboración" de Letelier sorprendió al Gobierno, pues siempre había sido opositor a las iniciativas del oficialismo. De hecho, La Moneda venía trabajando hace tiempo para convencer sobre su apoyo por medio de distintas instancias, como la gira que realizó el Presidente a Europa, en la que el presidente de la comisión de Hacienda fue invitado como miembro de la comitiva de parlamentarios.

Finalmente, en el Gobierno decían que la indicación presentada por la oposición era aún más completa que la propuesta por el Mineduc, pues, a su juicio, incorporó la agresión a terceros dentro de los colegios y sancionar la destrucción de infraestructura que se podría considerar, por ejemplo, cuando existan daños tras las tomas.

En el Senado, a esa altura, existían varias convicciones de los efectos políticos que había dejado la tramitación de la iniciativa, que terminó siendo aprobada a medianoche por 33 votos a favor y uno en contra, y que reincorporaba el concepto de expulsión o cancelación de la matrícula para los estudiantes involucrados en hechos violentos en sus colegios.

Por una parte, en la DC se comentaba la falta de conducción del partido. El presidente de la colectividad, Fuad Chahin, se encontraba de vacaciones cuando se tramitó el proyecto y no había intervenido en la negociación de los senadores, donde, según señalan en la colectividad, no tiene ascendencia. La bancada, por su parte, tenía una posición distinta a la de Provoste, su representante en la comisión de Educación.

Por otro lado, en el Ejecutivo hicieron notar que el diálogo que se había impuesto en el Senado era una posición funcional de cara a las negociaciones que debe enfrentar el Gobierno en torno a otras reformas, como la tributaria y la de pensiones; y que la agenda política seguía controlada por La Moneda. Se trataba de un aspecto que, de cara a la negociación del proyecto que viene en la Cámara de Diputados y otras iniciativas emblemáticas, recogió de alguna manera el propio Gobierno.

Así al menos quedó claro la noche del jueves, cuando Piñera se reunió con sus ministros y se destacó que los niveles de popularidad que Piñera y el Gobierno marcan en algunas encuestas (por sobre el 50%) representará una herramienta muy fuerte para negociar los proyectos que les toque tramitar. Respecto del proyecto de pensiones -que sería presentado hoy en cadena nacional-, la vocera Cecilia Pérez envió ese día una clara señal a la oposición: "Buscaremos los acuerdos para que mejoremos la iniciativa, pero no dilatando, porque las urgencias las ponen los chilenos".

"La negociación del Gobierno fue, para algunos, a dos bandas. Si Cubillos y Alvarado representaban de alguna manera las posiciones más enfáticas con el proyecto de ley del Gobierno -lo que hicieron ver el día anterior en la comisión de Educación-, Blumel apareció haciendo lo contrario.

"En el Ejecutivo hicieron notar que el diálogo que se había impuesto en el Senado era una posición funcional de cara a las negociaciones que debe enfrentar el Gobierno en torno a otras reformas, como la tributaria y la de pensiones; y que la agenda política seguía controlada por La Moneda.

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