"Cuando los parlamentarios banalizan las peticiones de destitución, afectan el sistema democrático"
domingo, 21 de octubre de 2018
Andrés López
Reportajes
El Mercurio
La máxima autoridad del Ministerio Público cuenta los efectos de enfrentar el proceso iniciado por un grupo de diputados del Frente Amplio. Además, profundiza en la investigación sobre abusos en la Iglesia y emplaza al arzobispo Ezzati: "Hemos visto con desazón la falta de cooperación de algunas altas autoridades de la Iglesia que se han negado a declarar".
El fiscal nacional, Jorge Abbott, se sienta en su despacho. Investigaciones complejas, como los abusos dentro de la Iglesia, serán parte de su "segundo tiempo" en el cargo que ostenta hasta 2023. Ahora está en el "entretiempo" reflexionando sobre los efectos personales y en el Ministerio Público que dejó la petición de destitución solicitada por un grupo de parlamentarios del Frente Amplio. El miércoles este requerimiento fue rechazado de forma unánime, 17 votos a 0, al estimar que no se acreditó una negligencia inexcusable en su actuar, tanto respecto de sus dichos en la cuenta pública de este año -en que pidió celeridad en la investigación contra congresistas para evitar alteraciones del quórum en las votaciones- como por recibir a abogados defensores de los casos Penta y SQM en medio de las investigaciones. Un día después, se ve relajado. -¿Fue desgastante su proceso de defensa ante el requerimiento de destitución? -La verdad es que tiene un costo. Dentro de la propia institución se genera un grado de incertidumbre. También hay un costo personal, familiar, por las afirmaciones que se formulan. Son momentos incómodos. -¿Pensó que sus dichos en la cuenta pública iban a generar este efecto? -Jamás me lo imaginé. Con objeto de despejar la más mínima duda, luego agrego (en el discurso) que para los que están pensando que esto puede significar un beneficio particular para los parlamentarios, les quiero decir que no es esa mi preocupación, sino el funcionamiento de la democracia. Que las personas tengan representantes en las cámaras. Yo estaba con la preocupación de la democracia profunda. No hay en Chile ningún fiscal que haya obtenido más desafueros que yo, tanto cuando me desempeñaba en la V Región como ahora en el cargo de fiscal nacional. -¿Mantiene cada palabra de lo que dijo en la cuenta pública? -Lo que he sostenido es que probablemente la oportunidad en que planteé este tema pudo haber sido distinta; de modo tal, que la comprensión de lo que estaba tratando de decir no se distorsionara en los términos en que se distorsionó. -Usted señaló que este tipo de solicitudes efectuadas por los parlamentarios es una forma de presión a los fiscales. -La razón de mi afirmación es la siguiente: los solicitantes señalaron que iban a presentar el requerimiento de destitución una vez que se resolviera el caso Penta, y veo en esa afirmación una presión para que se resolviera por el fiscal regional a cargo de este caso de acuerdo a las expectativas que tenían los parlamentarios, que dejan supeditada la presentación de esta solicitud a la resolución del caso. Eso constituye una presión inaceptable, porque de algún modo están pretendiendo obligar a que los persecutores tomen decisiones de acuerdo con las aspiraciones, pretensiones o convicciones que puedan tener los parlamentarios. -¿Cree que hay parlamentarios ocupando con fines políticos las peticiones de destitución o acusaciones constitucionales? -Mi temor apunta en ese sentido. De que, usando estas herramientas, pretendan obtener resoluciones tanto judiciales como del Ministerio Público que sean compatibles con sus propias convicciones. Eso creo que atenta contra la independencia tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. -¿Le preocupa una posible manipulación del curso de investigación en base a intereses políticos? -A sus intereses, no sé si de fines políticos o de otra naturaleza. En definitiva, a sus convicciones, a lo que creen debe ser la solución del conflicto penal. Pues bien, si (ellos dicen) usted no soluciona el conflicto penal en los términos que yo creo debe solucionarse, presentaré una petición de destitución o una acusación constitucional en el evento que usted dicte una resolución en tal o cual sentido, eso me parece que afecta gravemente el funcionamiento del sistema democrático. -¿Cuál fue el efecto interno que provocó esta petición? -Tratamos este tema con los fiscales regionales y estábamos conteste que esta solicitud de destitución lo que afectaba era la autonomía del Ministerio Público. El valor de la resolución del máximo tribunal tiene que ver con la señal que se ha dado de que el estándar para solicitar la remoción es mucho más alto que simplemente una afirmación con la cual se puede estar en acuerdo o desacuerdo, o la existencia de algún conflicto laboral, que al interior del Ministerio Público son excepcionales. -Tras el 17-0, ¿qué mensaje les envía a los parlamentarios del Frente Amplio que llevaron adelante esta ofensiva? -Les diría que tienen una facultad constitucional que deben ejercer con mayor responsabilidad. Debemos cuidar las instituciones, porque el sistema democrático funciona en la medida que estas cumplan su rol. Si nosotros no las cuidamos, pues bien, lo que afectamos en definitiva es el sistema democrático. Es importante que ejerzan sus funciones, pero con mayor profundidad, seriedad, porque es muy importante la facultad que la Constitución les entrega y es bueno que la ejerzan cuando hay razones para hacerlo. Su función es precisamente fiscalizar a los restantes órganos del Estado, pero eso tiene que hacerse con seriedad. Cuando los parlamentarios banalizan las peticiones de destitución, afectan la democracia. Simplemente la presentaron con el propósito, probablemente, de afectar a una autoridad. -El ministro Lamberto Cisternas, al momento de dar a conocer el fallo, planteó que "podía ser discutible la prudencia y la oportunidad" de ciertas actuaciones planteadas en este proceso, como las audiencias dadas a los abogados de imputados en los casos Penta y SQM, o la reunión con el entonces senador UDI Hernán Larraín. ¿Fue imprudente? -Yo siento que no cometí ninguna imprudencia. Todas las reuniones fueron absolutamente transparentes. Están en mi agenda, en la ley de lobby, se realizaron con otras personas presentes. Los propios fiscales regionales durante el proceso dieron cuenta de que jamás recibieron de mi parte ninguna instrucción particular para los efectos de tomar una decisión, porque no le corresponde al fiscal nacional dar instrucciones particulares respecto de la resolución de los conflictos penales. Lo que le corresponde al fiscal nacional es escuchar a los ciudadanos y buscar la forma de transmitir esas preocupaciones a los fiscales. Y fue lo que hice, por ejemplo, con la solicitud que realizó la bancada de RN y la UDI en términos de poder acelerar la investigación del senador Moreira, atendido que les estaba afectando el quórum, el funcionamiento de esa bancada. Lo que hice fue recibir al entonces senador Larraín y recibir el oficio y simplemente remitírselo al fiscal nacional para que él tomara la decisión que correspondiera. Eso no me parece una imprudencia. -¿Actuaría de la misma forma en el tema de las reuniones como lo hizo respecto del caso Penta y SQM? - Seguiría haciendo lo mismo con la más absoluta y total transparencia, de modo tal que no exista la más mínima duda respecto de alguna intervención indebida en los procesos. Tanto es así, que el fiscal nacional no pueda dar instrucciones particulares y en eso he sido categórico y he cumplido cabalmente esa norma, que es la autonomía a los fiscales regionales. Ellos durante el proceso de destitución dieron cuenta de lo mismo, que no recibieron jamás una instrucción particular por parte del fiscal nacional. Denuncias contra sacerdotes -¿Cómo fue la reunión que sostuvo con el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y qué acuerdos se tomaron en esa instancia? -La importancia fue saber la posición oficial del Vaticano respecto de los delitos que se habían cometido al interior de la Iglesia. Monseñor Scicluna nos planteó la preocupación del Santo Padre por el alto número de delitos que se habían cometido por personas vinculadas con la Iglesia y que su misión era tratar de recuperar la confianza en la Iglesia chilena, y que se comprometía a cooperar con las investigaciones en la medida que las víctimas estuvieran disponibles para entregar información al Ministerio Público. Eso fue importante para nosotros, había una apertura por parte de la Iglesia, sobre todo del Vaticano, a investigar hechos que hasta ahora habían permanecido ocultos. Hemos recibido algunas informaciones, pero la verdad es que habríamos esperado más. -¿Qué tipo de información? -Básicamente, han derivado a algunas víctimas a nuestros fiscales. Hemos pedido copia del informe Scicluna, pero hasta el momento no nos han dado una respuesta definitiva. También hemos visto con alguna desazón la falta de cooperación de algunas altas autoridades de la Iglesia que se han negado a declarar en algunas investigaciones y han solicitado el sobreseimiento definitivo. -¿Está hablando del arzobispo de Santiago, el cardenal Ricardo Ezzati? -Estoy hablando específicamente del cardenal Ezzati. Habríamos esperado una declaración de su parte para entregarnos información, y en el evento de no existir ningún antecedente en su contra, pedir nosotros, si procediera, el sobreseimiento definitivo. Pero la verdad es que él se ha anticipado a pedirlo; habríamos esperado una mayor cooperación. -¿Ha cambiado la postura de colaboración que entregó monseñor Scicluna? -Hemos tenido algunas experiencias, como el recurso de protección que interpuso el Obispado de Valparaíso que tiene paralizado el traslado de la causa de Rancagua hacia Santiago. Vemos ahí una situación que en algún modo entorpece el avance de esa indagatoria, porque la tiene paralizada y no alcanzamos a entender cuál es el propósito si es que tenemos una Iglesia que se ha comprometido a colaborar. Esto es reciente, en los últimos días ha empezado a ocurrir este tipo de acciones que nos preocupan y que se contradicen con lo que nosotros esperamos a partir de la conversación que tuvimos con monseñor Scicluna. -¿Esas acciones son contradictorias con lo que ha planteado el Papa? -Hay una contradicción. Habíamos esperado una colaboración mayor, de que las personas responsables comparecieran, declararan, que pudiéramos llegar a establecer la existencia o no de los hechos, ya que han tenido víctimas durante tantos años que tienen derecho a ser reparadas, a conocer la verdad. El grado de daño que tienen las personas que han sido objeto de abuso por parte de personas vinculadas a la Iglesia es muy profundo. Hablar con ellas da cuenta de un deterioro enorme, porque el poder espiritual de la Iglesia por sobre las personas es muy grande. Son victimizaciones que se mantienen por muchos años y nuestro compromiso con las víctimas es tratar de establecer la existencia de esos hechos, las personas que incurrieron en los mismos y ver si es que existe actualmente posibilidad de realizar alguna acción penal porque, por ejemplo, se haya reiterado la comisión de esos delitos. Ellos tienen derecho a conocer la verdad. -¿Tiene pensado pedir una reunión con la Conferencia Episcopal o el nuncio para plantearle sus preocupaciones? -No, por el momento, pero puede que llegue el minuto de que eso sea necesario, el tener alguna reunión con las autoridades superiores de la Iglesia, de modo tal de reclamar el cumplimiento de este compromiso, que a través de monseñor Scicluna y monseñor Jordi Bertomeu se nos hizo llegar desde la Santa Sede. -Hay críticas respecto de la forma en que se han llevado a cabo estos allanamientos. Algunos han planteado que llevarse esos expedientes que contienen información entregada por las víctimas en un contexto canónico podría exponerlas. -Los fiscales han sido particularmente cuidadosos respecto de ese tipo de información. Los antecedentes que podemos utilizar son aquellos que son ratificados por las propias víctimas y que ellas están disponibles para incorporarlas al proceso penal. -En el recurso de protección del Obispado de Valparaíso se cuestionó la publicidad que tienen estos allanamientos. -Tratamos que las diligencias se lleven a cabo con la prudencia necesaria. Pero muchas veces no controlamos todas las variables porque participa mucha gente en esto. La actuación de nuestra unidad de atención de víctimas y testigos y de nuestros fiscales ha sido extraordinariamente prudente respecto de las personas que aparecen con información producto de esos allanamientos. Nuestro compromiso es con las víctimas. -¿Qué debería primar, el proceso canónico o el proceso penal? -Acá rige la ley chilena. En consecuencia, se aplica. Es decir, aquí no hay dos justicias paralelas, una justicia canónica que genera cosa juzgada respecto de la justicia civil. Son procesos distintos, con el respeto que me merece la Iglesia que, como cualquier organización, puede tener aspectos disciplinarios internos respecto de sus miembros, pero eso no resulta vinculatorio con la acción del Ministerio Público. -¿Hay presunciones fundadas de presunto encubrimiento por parte de obispos y cardenales? -Esa es una línea de investigación que está llevando adelante el fiscal Emiliano Arias. Hay ahí antecedentes que tenemos que acreditar para llegar a una convicción si es que queremos ejercer una acción penal. Pero también podemos llegar a convicciones totalmente contrarias de que no hubo tal encubrimiento, en cuyo caso tendremos que pedir el sobreseimiento definitivo a esas personas. -¿Qué situaciones apuntan al presunto encubrimiento? -Básicamente, las declaraciones de algunas víctimas que señalan que se les ocultó la existencia de que los procesos no avanzaban y que se esperaba el transcurso del plazo de prescripción. Eso, por lo menos, es lo que públicamente han señalado algunas víctimas. -¿Hay elementos que vinculen al cardenal Francisco Javier Errázuriz y al arzobispo Ezzati con un presunto encubrimiento? -No tengo antecedentes, porque es una investigación a cargo del fiscal Arias. -¿Es cierto que monseñor Bertomeu en la reunión manifestó que Chile era uno de los países con mayor índice de este delito cometido por sacerdotes? -Es verdad. Señaló que era uno de los países que tenía un mayor porcentaje de este tipo de abuso, hizo una comparación con lo que pasó en Australia. Eso le había impresionado mucho al Papa, cosa de la que se habría dado cuenta después de su visita. Al empezar a interiorizarse de los casos, se dio cuenta de que había un problema profundo que había que intervenir. Por eso nuestra confianza de que obtengamos la mayor colaboración de la Santa Sede, que aparece como la primera interesada en aclarar estos asuntos. "(Monseñor Bertomeu) señaló en la reunión que Chile era uno de los países que tenía un mayor porcentaje de este tipo de abuso, hizo una comparación con lo que pasó en Australia".
"Eso constituye una presión inaceptable; de algún modo están pretendiendo obligar a que los fiscales tomen decisiones de acuerdo a las aspiraciones que puedan tener los parlamentarios".
