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Todavía hay agrimensores de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) recorriendo el fundo Ranquilhue, un paño de 87 hectáreas ubicado en la orilla izquierda del lago Lleulleu, en Tirúa, al sur de la provincia de Arauco. Su trabajo es la última etapa de un proceso iniciado este año con la finalidad de que el predio termine en manos de la comunidad indígena Juan Lincopán y que, de no mediar inconvenientes, terminaría a fin de año con el traspaso de este. Aunque la Conadi tiene un programa de compra de tierras que se inició en 1994 y que ha beneficiado a cientos de comunidades de Arauco y La Araucanía, lo novedoso de este proceso en particular es el acuerdo al que han arribado los involucrados. Tras meses de conversaciones entre el actual dueño del terreno -la empresa forestal CMPC-, la Municipalidad de Tirúa, la Conadi y la comunidad Juan Lincopán, los actores han pactado que la compañía destinará el 100% del monto que reciba de parte de la Conadi, para emplearlo en el desarrollo de proyectos productivos en el lugar. "El Mercurio" tuvo acceso exclusivo al acuerdo, que plantea "generar un proyecto de desarrollo local al interior del predio, en virtud del cual se busquen las mejores alternativas productivas para el predio desde la cosmovisión, usos y tradiciones de la comunidad". El convenio es el primero de estas características desde que comenzaron los traspasos de tierra a comunidades y permite suplir una deficiencia crónica: la falta de recursos de las comunidades que les permitan rentabilizar los predios entregados. La situación ha sido motivo de quejas, pues la actual normativa hace muy difícil que las comunidades que reciben tierras puedan incorporar, por ejemplo, un proyecto productivo de Indap o Corfo con los cuales sacarles mayor provecho. "Esto va más allá, rompe un círculo porque se incorporan los medios para hacer productivo el proyecto, pero además aborda un tema mucho más duro, que ha sido el del conflicto. Aquí ha habido un enfrentamiento durante mucho tiempo, y esto nos demuestra que el problema no se resuelve solo tomando una decisión sobre un terreno, sino con un trabajo conjunto", explica el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. La asesoría a la comunidad estará a cargo de una universidad o centro de estudios local, un convenio aún pendiente pero con una directriz clara. Según el documento, "El plan maestro deberá contemplar como lineamiento el interés superior en la protección del lago Lleulleu". El director nacional de la Conadi, Jorge Retamal, observa con atención el proceso y asegura que la corporación espera concretar la compra antes de fin de año. "Tenemos mucho interés en monitorear cómo resultan las cosas, con miras a replicarlo en otros lugares", explica. Cercanos a las conversaciones destacaron el rol que cumplió la Municipalidad de Tirúa, pues contribuyó a acercar posiciones. Al ser consultada, declinó hacer comentarios, indicando que aún hay que afinar la bajada del acuerdo. Lo propio hizo CMPC. Con todo, para el ministro Moreno la dinámica del proceso "puso a conversar a extremos opuestos, a veces enfrentados", y cree que este acercamiento entre la empresa y la comunidad debería replicarse, opinión que comparte Retamal: "En este tipo de cosas el Estado no puede hacerse cargo de todo". "Es una nueva experiencia de diálogo. Esto comenzó cuando hubo acuerdo y estamos en el proceso de mensura y para establecer el valor en las próximas semanas".
JORGE RETAMAL,
director nacional de la Conadi.