martes, 12 de agosto de 2008
EDUARDO OLIVARES C.
Economía y Negocios, El Mercurio
Entidad que lidera Sabas Chahuán planteó que es un órgano autónomo del Gobierno. Congreso pondrá énfasis en la ejecución presupuestaria de esta unidad.
No sólo la Corte Suprema se opuso a que el Ministerio de Hacienda siquiera insinuara la posibilidad de revisarla y pedirle resultados de eficiencia. Lo mismo ha estado ocurriendo con el Ministerio Público, pese a que habían sido el Gobierno y el Congreso los que acordaron que esa institución rindiera el examen de la buena gestión.
El 12 de noviembre de 2007, las autoridades económicas y los parlamentarios integrantes de la Comisión Mixta de Presupuestos sellaron un protocolo, que acompañó la tramitación del Erario 2008. En ese documento, el Gobierno aceptó una serie de compromisos; entre los más destacados, tres líneas de revisiones de programas. El más inmediato es el de las Evaluaciones de Programas Gubernamentales (EPG), cuya lista de 16 objetivos ya tiene resultados, que serán anunciados hoy por el ministro Andrés Velasco y por el director de Presupuestos, Alberto Arenas. Tal como ocurrió en 2007, en esta ocasión podría haber recomendaciones de cierre de algunos planes.
El no de Chahuán
Uno de los sectores que más preocupaban a los parlamentarios eran los programas de atención a víctimas localizados en cuatro distintas reparticiones. Uno a uno, éstas son sus procedencias: los Centros Regionales de Atención y Orientación a Víctimas, dependientes de la Subsecretaría del Interior; las Corporaciones de Asistencia Judicial, de la Subsecretaría de Justicia; Carabineros e Investigaciones, del Ministerio de Defensa; y el Programa de Atención a Víctimas y Testigos, del Ministerio Público.
Las EPG no son realizadas por la Dirección de Presupuestos (Dipres), sino mandatadas por ésta a distintos examinadores privados que ganen la licitación respectiva.
Este sistema fue impugnado por el fiscal nacional del Ministerio Público, Sabas Chahuán. "Existe una situación particular con la evaluación del Programa de Atención a Víctimas del Ministerio Público, dado que éste manifestó a la Dipres que tal evaluación no le era aplicable, fundamentalmente por tratarse de un órgano autónomo constitucional, independiente de los poderes públicos", comentó en la tarde de ayer Alberto Arenas a los parlamentarios de la Comisión Mixta de Presupuestos.
En el oficio 007, del 7 de enero de 2008, la Fiscalía Nacional expresó su parecer. Pese a que este medio desde el miércoles pasado solicitó más antecedentes al Ministerio Público, esa entidad optó por el silencio.
Mediante el oficio 398, del 14 de abril, la Dirección de Presupuestos informó a la Comisión Mixta acerca de esta situación.
La lupa en la ejecución
El diputado José Miguel Ortiz (DC), miembro de la tercera subcomisión de Presupuestos, que justamente revisa, entre otros, al Ministerio Público, considera atendible el argumento jurídico. Con todo, el legislador apunta que, dada esa realidad, la función del Parlamento será doblemente relevante para analizar las partidas presupuestarias del Ministerio Público.
"Hasta ahora vemos que su ejecución anda muy bien. Pero no hay que olvidar que nosotros debemos aprobar su presupuesto el próximo año", afirma.
Cumpliendo el protocolo
El director de Presupuestos, Alberto Arenas, comentó a los diputados y senadores presentes ayer en la reunión de la Comisión Mixta de Presupuestos que se han cumplido los compromisos del protocolo que acompañó al Erario 2008.
El funcionario planteó que los 19 puntos que debían estar listos al primer semestre lo están, con excepción de materias que se encuentran en desarrollo, como el proyecto de ley sobre transparencia fiscal, el fortalecimiento de la unidad presupuestaria del Congreso y los cambios institucionales de la Contraloría.
