Caso Penta: fiscalía solicita pena de cuatro años más multa para Golborne y Zalaquett
jueves, 18 de octubre de 2018
A. Chaparro y C. Acuña
Nacional
El Mercurio
El Ministerio Público busca la misma pena para las esposas de dueños del holding , María de la Luz Chadwick y Verónica Méndez, por delitos tributarios.
A cuatro años de iniciada la indagatoria del denominado caso Penta, que destapó el financiamiento irregular de campañas políticas en Chile, la fiscalía, tras el cierre de la investigación y a más de un año de la reapertura, presentó ayer una nueva acusación ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago. Esta vez, sin el nombre de los principales implicados en la causa, ya que en julio pasado, los dueños de Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, así como el exsubsecretario de Minería Pablo Wagner fueron condenados en un procedimiento abreviado. Entre los políticos que figuran en esta nueva acusación -que incluye en total a 22 personas naturales y cuatro personas jurídicas-, el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, y el jefe de Alta Complejidad de la misma jurisdicción, Felipe Sepúlveda, solicitaron una pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo para el exministro de Minería Laurence Golborne y el exalcalde de Santiago Pablo Zalaquett, por delitos tributarios. Para ambos se pide, además, el pago de multas de 40 UTA, equivalentes a $23 millones, aproximadamente. La asesora del ex jefe comunal Carmen Luz de Castro arriesga tres años y un día, más multa de 20 UTA. Mientras que el exdiputado UDI Felipe De Mussy, de 541 días, por idénticos ilícitos. En el caso de las esposas de los dueños de Penta, María de la Luz Chadwick y Verónica Méndez, la fiscalía pide cuatro años de presidio como autoras de delitos tributarios en carácter reiterado más el pago de 40 UTA. Por su parte, el exgerente de Bancard Santiago Valdés-respecto de quien el tribunal martes pasado rechazó su sobreseimiento definitivo de la causa- arriesga también cuatro años de presidio menor en su grado máximo, 40 UTA y el pago de 300% del valor del tributo eludido por delitos tributarios. En caso de haber juicio oral, la fiscalía pidió, además, citar 185 testigos a la instancia judicial, entre ellos, al Presidente de la República, Sebastián Piñera, "quien depondrá sobre los hechos materia de la acusación" en relación con Santiago Valdés. Personas jurídicas En la acusación, además, el Ministerio Público formuló cargos contra cuatro personas jurídicas. Para Empresas Penta S.A., Inversiones Penta III Ltda., Challico y Santa Sarella -estas dos últimas pertenecían al fallecido exgerente general de Penta Hugo Bravo-, los persecutores piden cuatro años de prohibición temporal de celebrar actos y contratos con organismos del Estado en su grado mínimo, y tres años de prohibición absoluta de percibir beneficios fiscales y 10.000 UTM de multa a beneficio fiscal en su grado medio, lo que corresponde a unos $480 millones, y accesorias del artículo 13 de la Ley Nº 20.393. Todo esto respecto de cada una de ellas. También aparecen en la nómina Tomás Carrasco, dueño de las empresas Siglo y VSA Ltda respecto de quien la fiscalía pidió una pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo más el pago de multas, como autor de delitos tributarios. Por el mismo ilícito se pide igual pena para el exgerente de contabilidad de Penta Marcos Castro, respecto de quien la fiscalía, por el delito de soborno, solicitó la pena de otros dos años de reclusión menor en su grado medio y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos y oficios públicos. En todo caso, la acusación no impide que los imputados con su situación procesal pendiente y cuya pena lo permite puedan arribar a algún acuerdo con el Ministerio Público que les evite ir a juicio oral. Así se afirmó hace algunos días desde el mismo organismo de persecución penal. No perseverar En el mismo documento, la fiscalía solicita al tribunal fijar una audiencia para comunicar que no perseverará respecto del delito de lavado de dinero en relación con Marcos Castro. Tampoco lo hará respecto de Tomás Carrasco, por el delito tributario por la facilitación de facturas falsas emitidas por Asesorías VSA Ltda., a las sociedades Saden S.A. y Centro de Servicios Compartidos Banmédica. Hacia el final del documento, la fiscalía consigna, además, que "el Ministerio Público se hará cargo del pago de los gastos que irrogue la concurrencia al juicio oral a los testigos señalados en lo principal de esta acusación, que no sean funcionarios públicos, por concepto de traslado, alimentación y alojamiento en caso necesario, como a la indemnización por pérdida de ingresos o remuneración de acuerdo con los montos reglamentarios".
