sábado, 09 de agosto de 2008
JAVIER AYALA (WASHINGTON)*
¿En qué nos falta avanzar? La literatura existente establece una relación positiva entre buenas prácticas de gobierno corporativo y rentabilidad. Sin embargo, los mecanismos internos de control que poseen las empresas, tales como la implementación de códigos de conducta, no son suficientes.
La reciente sanción de la Superintendencia de Valores y Seguros por el uso de información privilegiada durante la fallida fusión de Falabella y D&S, recordó a muchos el caso Chispas ocurrido en 1997. En esa época, la Ley de OPAs surgió como respuesta a la demanda de un mercado financiero que crecía aceleradamente y necesitaba un nuevo marco legal para velar por el buen funcionamiento del gobierno corporativo de las empresas. A partir de entonces, poco hemos avanzado en la materia. Según informes recientes, seguimos siendo líderes en la región, pero las distancias se han acortado significativamente.
¿En qué nos falta avanzar? La literatura existente establece una relación positiva entre buenas prácticas de gobierno corporativo y rentabilidad. Sin embargo, los mecanismos internos de control que poseen las empresas, tales como la implementación de códigos de conducta, no son suficientes. Se hace necesario entonces, recurrir a mecanismos externos que ayuden a mantener altos estándares y corregir las malas prácticas de gobierno corporativo. Un sólido marco regulatorio y entidades fiscalizadoras eficientes juegan un papel fundamental en este punto. En esto hay mucho que mejorar. Prueba de ello es que varias empresas han adoptado nuevos estándares exigidos para entrar en mercado de capitales externos (como el caso de los ADR), en lugar de ser requeridos en el mercado local.
En la actualidad, el tan esperado proyecto de ley de gobierno corporativo de empresas, que reforma la legislación vigente, se encuentra en discusión en el Congreso. Ojalá la larga espera valga la pena. Basados en experiencias internacionales, y considerando nuestra propia realidad, varios estudios han analizado las áreas a mejorar: independencia de los directorios, definición de roles, independencia de auditores externos, y definición de procedimientos para el uso de información privilegiada, son algunos de los aspectos a reformar.
Sin embargo cabe preguntarse si adoptar los mecanismos internos adecuados y establecer un sólido marco regulatorio es suficiente. La verdad es que por mucho que avancemos en esta materia, si no contamos con un capital humano que sepa cómo enfrentar los dilemas éticos que se derivan de este tipo de situaciones, no hay autorregulación o marco legal que nos ayude a avanzar sostenidamente en el largo plazo. ¿O acaso necesitamos de incentivos externos para comportarnos éticamente? El real incentivo debería provenir de nuestra propia identidad, responsable de su entorno. La pregunta que deberíamos plantearnos es conocida y simple: de no saber que las buenas prácticas de gobierno corporativo generan valor, ¿estaríamos dispuestos a adoptarlas y actuar éticamente? Abramos bien los ojos, la respuesta no está en la rentabilidad ni en la especulación de corto plazo, sino en el beneficio sostenible de largo plazo que exige un mayor compromiso con nuestro país.
* Ingeniero Civil U. de Chile
Ph. D. (c) en Finanzas George Washington University
