Cancillería pide reserva a la Cámara para analizar en detalle los efectos de firmar tratado de Escazú
domingo, 14 de octubre de 2018
NIEVES ARAVENA E.
Nacional
El Mercurio
En la parte pública de la sesión, la autoridad argumentó que "no implica que estemos en discordancia con los acuerdos sustantivos de este tratado", pero se evalúa cómo interactúa en las relaciones exteriores. A su vez, el director del SEA, Hernán Brucher, afirmó que los derechos ambientales del tratado ya rigen en Chile.
La petición de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, de profundizar en forma "reservada" las razones que llevaron a Chile a postergar su firma en el tratado de Escazú, sorprendió a los diputados integrantes de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara. La autoridad, quien asistió a la cita en calidad de canciller subrogante, explicó que era necesario "porque voy a tratar materias propias de las relaciones exteriores que son reservadas". Los diputados debatieron y finalmente accedieron a que una parte de la sesión fuera reservada con prohibición de informar para todos los participantes por tratarse de materias de Estado. Sí hubo una parte pública en que la subsecretaria Valdivia, quien asistió junto a Hernán Brucher, el director del Servicio Medio Ambiental (SEA), expuso y contestó preguntas de los parlamentarios, precisando que "no tengo una seguridad para dar un plazo concreto (para la firma). La facultad le corresponde al Presidente de la República". La comisión de Medio Ambiente había citado al canciller -representado por Valdivia- y a la ministra de Medio Ambiente -quien se excusó por estar fuera del país- para que el Gobierno expusiera sobre la decisión de postergar la firma del primer acuerdo medioambiental de América Latina que Chile impulsaba junto a Costa Rica desde el año 2012. El tratado de Escazú, que se acordó en esa ciudad costarricense, contiene la decisión adoptada el 4 de marzo por 24 de los 33 Estados de América Latina de garantizar a sus ciudadanos derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Desde el 27 de septiembre, cuando se abrió a firma en ONU, ha sido suscrito por 15 países, entre ellos Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, Haití, México y Panamá. Articulado en estudio La subsecretaria Valdivia confirmó que su equipo es el que está estudiando todo el articulado del tratado, donde hay dos aspectos complejos: el "deber de cooperar con países en desarrollo y sin litoral", y la cláusula de resolución de controversias de la que emana una obligación de negociar y obligación de medios (arbitraje o Corte Internacional de Justicia). "Este no es un acuerdo que viva por sí mismo. Este es un acuerdo que se va interrelacionando con otros acuerdos y otras obligaciones de naturaleza procesal y de naturaleza internacional", señaló. En ese ámbito, dijo, se puede producir "algún tipo de contradicción y dificultad". Y dado que el tratado no admite reservas, a diferencia del convenio europeo de Aarhus, vigente hace veinte años, que regula la misma materia, reiteró en ese sentido que se están evaluando "declaraciones interpretativas que permiten señalar cuál es la forma en que el Estado va a comprender cierto clausulado". "No es que el Estado se haya retirado de este tratado. Se encuentra abierto a firma hasta 2020", dijo, agregando que incluso con posterioridad a ese plazo queda abierto a que un Estado adhiera. "Una política prudente" "No implica que estemos en desacuerdo con los acuerdos sustantivos de este tratado para asegurar una protección más efectiva del medio ambiente, pero sí estamos viendo cómo interactúa este tratado con la red de otros tratados internacionales y de nuestras relaciones exteriores", precisó. Defendió la postura del Gobierno como "una política prudente a la hora de comprometer la voluntad del Estado". Insistió en que a Escazú "hay que mirarlo en el enjambre de tratados suscritos y ver las consecuencias", precisando que se refiere a "tratados que están en el sistema interamericano", sin nombrarlos. Previo a la subsecretaria Valdivia expuso el director del SEA, Hernán Brucher, quien destacó que la legislación chilena (Ley 19.300), a nivel regional, es "señera" en derechos ambientales de participación ciudadana informada y acceso a la justicia, lo que permite a la ciudadanía presentar reclamos, llegar a los tribunales ambientales y hasta la Suprema. "Los derechos de Escazú están consagrados y son ejercidos por las personas en Chile", fundamentó. La presidenta de la comisión de Medio Ambiente, Catalina Pérez (RD), concluyó la reunión señalando que "vamos a seguir buscando que se firme lo antes posible", y expresó la preocupación por los efectos de demorar la firma, dada la condición de liderazgo que Chile había asumido. Diputados hicieron notar que Escazú estaba en el mensaje presidencial del proyecto de reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA). La Cámara aprobó hace unos días un proyecto de acuerdo (66 votos a favor, 23 en contra y 26 abstenciones) para pedir al Ejecutivo que revierta la decisión sobre Escazú y comprometa al Estado en acceso a la información, participación y justicia ambiental.
Carolina Valdivia dijo que no puede dar plazos para la firma tras la revisión, ya que ello lo decide el Presidente.
