"Siento un respaldo muy mayoritario de los profesores al gobierno universitario que hemos conducido"
domingo, 14 de octubre de 2018
Soledad Vial
Reportajes
El Mercurio
Descarta la idea de un cogobierno, pero adelanta que los estudiantes tendrán "hasta un 10% de participación en votos de consejo" en las facultades. "Eso no es un gobierno triestamental, es un gobierno regido por los profesores con gran participación de los estudiantes, funcionarios y administrativos."
Le queda un año y medio al mando de la UC. Ya lleva ocho, pero después de las masivas marchas estudiantiles del 2011, su mayor desafío han sido estos tres últimos. Ignacio Sánchez debió enfrentar al gobierno de Michelle Bachelet por la gratuidad universal, primero, y por la ley de aborto, luego, "un tema valórico clave" para la universidad pontificia. Hace poco vivió su propia revolución de mayo con el movimiento feminista y la primera toma de la casa central en 50 años, y que para desactivarla el rector negoció con las estudiantes un plan de trabajo que cosechó algunas críticas internas. "Inicialmente, estuvimos muy solos, en una propuesta disidente", dice sobre la gratuidad, sentado en su oficina recubierta de madera, donde destacan sus fotos con Benedicto XVI y Francisco I. "Después, muchos actores del sistema universitario", continúa el médico pediatra, "consideraron que había una acción del Estado más allá de lo razonable en esa reforma". La defensa contra el aborto -admite- fue "más en solitario, defendiendo valores que pensamos son muy importantes". -¿Es parte de su mandato?, ¿las directrices vinieron de Roma? -Son parte de mi convicción, no estoy recibiendo directrices de Roma. Cuando uno acepta el desafío de ser rector, hace una declaración de fe de que va a defender los principios de esta universidad. Tengo la convicción de que debemos respetar la vida y la dignidad de las personas, independiente de sus condiciones. Esa posición muy clara en contra del aborto también la vamos a tener en el cuidado de la vida en sus últimas etapas. La respuesta no es la eutanasia, sino una ley de cuidados paliativos adecuada a un país desarrollado. -Al final, ¿la Contraloría les dio la razón en la objeción de conciencia institucional? -Un grupo de parlamentarios pidió a Contraloría aclarar la objeción institucional y respondió que una institución que no pertenece al Estado y que atiende pacientes del sistema público, como nosotros en nuestros consultorios, puede hacer uso de la objeción de conciencia institucional siempre y cuando esas prestaciones sean ambulatorias, no utilicen pabellón. Esperamos ahora que el reglamento incorpore esa aclaración. -¿Se le ha hecho más difícil defender los valores católicos con la crisis de la Iglesia chilena? -Consideramos completamente inaceptables y dolorosos los abusos cometidos por sacerdotes, nos avergüenzan y deben ser juzgados y sancionados por los tribunales. Lamentablemente, en la Iglesia se ha confundido lo que es un pecado de lo que es un delito. Pensamos que esto nos va a acompañar como sociedad por los próximos 10 o 20 años y como universidad católica queremos colaborar en prevenir que no vuelvan a ocurrir hechos semejantes y apoyar a las víctimas. Estamos iniciando un trabajo interdisciplinario entre las facultades de Ciencias Sociales, Derecho, Teología, Filosofía y Comunicaciones, además de gente externa. -¿Cuánto le está afectando a su imagen, a la marca "católica"? El gran canciller, el cardenal Ezzati, está imputado por la justicia. -El cardenal ha delegado sus labores en el vice gran canciller y esperamos que aborde los temas que le ha requerido la justicia, vemos que está abocado a eso. Esta institución ha aportado al país durante 130 años, su prestigio ha crecido sostenidamente a pesar de las dificultades que enfrenta nuestra sociedad. Hay una crisis y es difícil, pero los católicos seguimos la figura de Cristo, defendemos los valores y principios de nuestra fe y nuestra institución, no conductas inaceptables de personas alejadas completamente de esas convicciones. -¿Y corrió efectivamente el cerco cuando negoció con alumnas del movimiento feminista que se tomaron la casa central? Los profesores Rojas y Alcalde escribieron que se "vulneró la institucionalidad". -Recordemos que en mayo había varias universidades en toma y nosotros estábamos trabajando con la FEUC para canalizar las inquietudes de las estudiantes, sus acusaciones de abuso, discriminación. Queríamos conversar con líderes de este movimiento, pero ni la FEUC ni la Dirección de Asuntos Estudiantiles lograban identificarlos. Estábamos en eso, cuando un grupo dejó un petitorio de 12 puntos en la rectoría, quedamos de responder en una semana y al otro día se tomaron la casa central. Fue bien sorprendente, uno esperaba que esa semana hubiera sido de diálogo. La institucionalidad se vulnera cuando se toman espacios que son comunes, nunca lo he aceptado ni validado, pero hay que evaluar los temas con sentido de realidad y hacer un análisis frío de la situación sin sobrerreaccionar; a pocas cuadras había universidades con tomas de dos meses. Tengo el mayor aprecio por el profesor Rojas y por el grupo minoritario de profesores de Derecho que ha tenido disensos públicos, también los hubo respecto a nuestra decisión sobre el aborto. Es muy sano que haya distintas posiciones y se expresen. -¿Por qué cambió de idea si en 2011 usted había desalojado la Facultad de Humanidades? -Recordemos que en 2011 estábamos apoyando al movimiento estudiantil en sus demandas y ese (el de Humanidades) fue un grupo descolgado, había riesgo de que otros estudiantes ejercieran una contratoma en la mitad del campus San Joaquín. Me pareció muy riesgoso. Este año se trataba de un movimiento nacional e internacional muy fuerte de respeto a la mujer con un apoyo entre 75% y 80%. Entendiendo que la causa de fondo es muy atendible y compleja, esto no es un cheque en blanco para que la gente se tome la casa central y no pase nada, cada situación se evalúa en su mérito. Si hubiera visto violencia, incumplimiento de los acuerdos, no le quepa duda de que habríamos hecho sumarios o habríamos desalojado. Se conversó sábado, domingo, y el lunes la universidad fue entregada impecable. -¿Están avanzando hacia la triestamentalidad?, ¿dónde fija el límite al cogobierno que quieren los estudiantes? -Se han cerrado cinco mesas, hay puntos de acuerdo y otros donde no hay acuerdo, los estudiantes pueden tener una mirada muy respetable, por ejemplo, en la ley de aborto en tres causales, pero no es la de la universidad. Propusimos que los dos representantes de los estudiantes tuvieran derecho a voto en el consejo superior de la universidad, dos decanos estuvieron en contra y 16, a favor, y llegamos a la convicción de que para acogerlos, hacerlos más responsables, es conveniente que puedan votar. Paulatinamente, en las facultades vamos a implementar que los estudiantes tengan hasta un 10% de participación en votos de consejo. Eso no es un gobierno triestamental, es un gobierno regido por los profesores con gran participación de los estudiantes, funcionarios, administrativos. Los complejos próximos años -Es su tercer año con gratuidad, ¿qué ha significado para la universidad, en lo económico y lo académico, este nuevo régimen al que usted se opuso? -Siempre hemos estado de acuerdo en focalizar los esfuerzos de financiamiento estudiantil en los grupos más vulnerables, pero la implementación de la gratuidad ha sido muy negativa y pone en riesgo la calidad del sistema de educación superior chileno. El arancel regulado paga solo 60% en promedio del arancel real y fija un tope para los deciles superiores; además, más del 70% de los estudiantes y el 90% en los más vulnerables debe alargar sus carreras por las brechas académicas que traen. La gratuidad financia lo que dura la carrera, y solo el 50% del año siguiente, el resto debemos financiarlo nosotros. -¿Está en riesgo la calidad de la UC? -Hasta ahora no, hemos hecho esfuerzos máximos para evitar ese riesgo y seguir con todos nuestros compromisos públicos con el país, pero si esto se instala para siempre, no habrá universidad que no sufra en su calidad. Hemos tenido un déficit de $1.500 millones anuales en los últimos tres años y hemos dejado de hacer o retrasado inversiones para no incurrir en déficit financiero y proteger a nuestros estudiantes y funcionarios. Pero esta situación no es sostenible y se agravará cuando el Estado deje de financiar a los estudiantes que se atrasan en sus carreras; el déficit puede subir a $3.000 millones anuales. Si eso nos ocurre a nosotros, imagínese una universidad estatal de regiones. ¿Qué va a pasar en los próximos 5 años? Será muy difícil si no tenemos un nuevo acuerdo de apoyo a las universidades, estamos caminando hacia el precipicio de un déficit financiero inmanejable. Sin ir más lejos, recién esta semana nos enteramos de que el arancel regulado del 2018 ni siquiera cubrirá el IPC del período que equivale a 1,9%, porque el incremento en promedio es solo de 1,7% y 1,8%. -¿Y se lo ha planteado al Ministerio?, ¿qué esperaría que hicieran con la gratuidad? Este gobierno no la comparte, pero no ha anunciado cambios. -El Gobierno ha dicho que su obligación es implementar la ley aprobada, tiene muchas otras preocupaciones y creo que está esperando que los efectos se hagan más patentes en el sistema y ver qué posición toman todos los actores universitarios. Muchas universidades, particularmente estatales, apoyaron fuertemente esta ley de educación superior a pesar de los riesgos que se planteaban. Es lamentable, debiéramos prevenir a tiempo los errores, antes de que el daño sea muy profundo. -El rector de la U. de Chile asegura que no tiene déficit por la gratuidad, porque reemplazaron becas que daban con fondos propios. ¿Cómo se lo explica? -Me parece interesante saber que no está inquieto por los aspectos económicos y financieros de su universidad. En nuestro caso, pese a las restricciones, somos la universidad que más publicaciones y proyectos ha logrado, hemos duplicado nuestra capacidad de investigar en los últimos 7 años. -¿Ha conversado con otras universidades?, ¿qué piensan hacer para no caer en este precipicio? -Existe una gran preocupación al interior del CRUCh y el G9. Espero que las autoridades comprendan que los aranceles regulados deben fijarse con indicadores objetivos. Hoy es igual para todos. Estamos entregando una formación de muchísima más calidad y el arancel no cubre el costo mínimo. Hay que atacar la valoración real de los aranceles y permitir un 20% de alargamiento en el financiamiento de las carreras. -¿Y por qué no aprovechar y acortar las carreras como en el extranjero que duran cuando mucho 5 años? -Podríamos hacerlo si los estudiantes llegaran más preparados, con mejor formación, a la universidad. Gratuidad: "¿Qué va a pasar en los próximos 5 años? Será muy díficil si no tenemos un nuevo acuerdo de apoyo a las universidades, estamos caminando hacia el precipicio de un déficit financiero inmanejable".
"Podríamos hacerlo (acortar las carreras) si los estudiantes llegaran más preparados, con mejor formación, a la universidad".
