"Estamos tipificando delitos y hechos de violencia extrema. Detrás de ellos no hay petitorio ni causa estudiantil"
domingo, 07 de octubre de 2018
Javiera Herrera
Nacional
El Mercurio
Marcela Cubillos asegura que existe la voluntad de mejorar la iniciativa y pide que el Senado muestre su voluntad de empoderar a los directores, sin dilatar el debate. También adelanta que partirán con 35 liceos Bicentenario.
Entre marzo y septiembre fueron 144 las veces que Carabineros acudió a alguno de los liceos de la capital por los desórdenes de encapuchados. En estos hechos hubo 670 bombas molotov y 239 detenidos. La preocupación que se generó fue tal que la ministra de Educación, Marcela Cubillos, comenta que a los pocos días que asumió -en agosto- la visitó el alcalde de Santiago Felipe Alessandri. "Me trajo imágenes y videos de la violencia que estaba ocurriendo en los liceos emblemáticos. Y me mostró cómo los manuales de convivencia y los reglamentos internos quedaban completamente superados cuando se trata de hechos de extremada gravedad", señala la secretaria de Estado. Así, cuenta que decidió presentar el proyecto Aula Segura, que no ha estado exento de críticas, e incluso, esta semana abogados plantearon en el Senado que podría no ser constitucional. La ministra resume que la iniciativa "fue impulsada desde las comunidades educativas, no es algo que hubiera estado en el programa de gobierno". E insiste en que se hizo para que el director actúe ante "dos casos de extrema gravedad: uno es el uso y porte de armas, y el otro es agresión con lesiones a cualquier miembro de la comunidad educativa". -Si es para reaccionar ante situaciones de esa índole, ¿a qué atribuye las críticas que ha tenido el proyecto? "Hay que sincerar el debate, decidir y saber si hay voluntad de enfrentar los hechos de violencia extrema que ocurren desgraciadamente en algunos liceos. Porque si efectivamente hay acuerdo transversal, en todo lo demás hay espacio para mejora. "Por otra parte, no usar lo constitucional (o no de la iniciativa) como pretexto para no debatir y no votar el fondo del proyecto. En todo lo constitucional puede haber opiniones muy distintas (...), pero no me parece que se comience a usar este tema para evadir el debate de fondo o para dilatar la discusión". -¿Cree que hay un sector que quiere evadir el debate? "No quiero atribuir ni señalar, pero hay un dato. Vamos a cumplir dos semanas con el proyecto ingresado y aún no se empieza a debatir en la comisión de Educación, que es donde está radicado". Protestas violentas -¿Por qué cree que los estudiantes están protestando de esta forma, para llegar a legislar sobre expulsiones en situaciones así de graves? "Lo que estamos tipificando son delitos y hechos de violencia extrema. Detrás de ellos no hay petitorio ni causa estudiantil ni problemas, por así decirlo, de convivencia escolar. Todo eso es abordable de otra manera: con reglamentos internos, con buenas prácticas al interior del colegio. Aquí hablamos de dos casos que son de extrema gravedad y que nos obligan a actuar como ministerio. Son hechos ante los cuales no podemos permanecer indiferentes. Un director no tiene esa atribución, está en riesgo esa comunidad educativa, el derecho a la educación del resto de ese liceo y más aún, está en riesgo la educación pública". -¿Cómo se garantiza el derecho al debido proceso? Esa ha sido una de las críticas al texto. "De varias maneras. La decisión del director de expulsarlo tiene que ser fundada, eso garantiza que no sea una decisión arbitraria. El director tiene que exponerle al alumno las razones y los antecedentes de hecho y derecho en virtud de los cuales se aplica la expulsión. En ese momento el alumno tiene cinco días, antes eran 15, para pedir una reposición de esa sanción y ahí el director lo resuelve. Estas dos cosas son iguales hoy (...). La diferencia es que ahora de inmediato al alumno, al recibir la notificación, se le separa por una razón de seguridad. Porque claramente un alumno que rocía con bencina a un profesor, o tira una molotov al interior del colegio, lo lógico es que mientras dura el proceso esté separado de esa comunidad". -¿Qué pasa con los estudiantes que son expulsados? ¿Qué apoyos se les puede dar? "El alumno no es expulsado del sistema educativo, sino del colegio. Hay que ver la arista penal que van a tener muchos de estos casos, porque hablamos de delitos (...). Si la investigación le permite seguir asistiendo al colegio, la Seremi se pone en contacto con las familias para mostrarles dónde hay vacantes. Y nos estamos preocupando de que sean recibidos en escuelas con niveles de convivencia escolar mejores a sus pares, y donde hay un apoyo psicosocial importante". -¿No hay riesgo de que se creen colegios solo para los que son rechazados de otros liceos? "No. También hay que tomar en consideración los dos aspectos. Vamos a velar por el derecho a la educación del alumno expulsado, pero tenemos un primerísimo deber que es velar por el derecho a la educación de esa comunidad que hoy, cada vez que hay un hecho de violencia, no puede tener clases, ve destruidas sus raciones de almuerzo. Hay alumnos que aspiraron siempre a estos colegios y no pueden estudiar. Hay profesores que están en peligro, por lo tanto nosotros tenemos que ir conjugando los derechos de todos de la mejor manera posible". ''Un alumno que rocía con bencina a un profesor, o tira una molotov al interior del colegio, lo lógico es que mientras dura el proceso esté separado de esa comunidad". ''En todo el tema constitucional estamos abiertos. El martes vamos a llevar una propuesta para complementar el proyecto, aclararlo si es necesario". MARCELA CUBILLOS MINISTRA DE EDUCACIÓN
