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Cifras de la Fiscalía Nacional indican que sanciones penales en juicio bordean el 9% en últimos tres años:

Alta retractación de víctimas de violencia intrafamiliar incidiría en baja tasa de condenas

miércoles, 03 de octubre de 2018

N. Espinoza, A. Chaparro y L. Cruzat
Nacional
El Mercurio

Entre las razones que llevan al desistimiento están el temor, la burocracia para estampar la denuncia ante la justicia y, en ocasiones, una eventual dependencia económica.



Solo una de cada 10 causas por violencia intrafamiliar (VIF) termina con una sentencia definitiva condenatoria, según los registros de la Fiscalía Nacional entre 2016 y el primer semestre de 2018, y en cerca del 80% de los casos las víctimas son mujeres.

Por ejemplo, este año de las 76.941 causas terminadas por este tipo de delitos -cifra que incluye denuncias de períodos anteriores-, 6.658 acabaron con sanción penal, lo que representa un 8,6%. Y la estadística no tuvo grandes variaciones en 2017 (8,7%) y en 2016 (8,7%).

El 90% restante de las denuncias acaba por dos vías macro: salidas judiciales o no judiciales. En el primer caso, predominan las suspensiones condicionales del procedimiento con un 16%, equivalente a unas 12 mil causas.

"La cifra se debe a la fenomenología de estos casos, donde hay mucha retractación. La suspensión aparece como una salida intermedia, es un acuerdo que permite tener una condición de no acercarse, como medida de protección, por ejemplo, y algún tratamiento de impulso del imputado, entre otras medidas", explica el director de la Unidad Especializada de Violencia de Género de la Fiscalía Nacional, Luis Torres. "Una de cada dos mujeres en general se desiste o retracta", agrega.

El temor en las víctimas, la dependencia emocional, en ocasiones también económica en relación con su agresor, entre otras, están entre los factores que pueden explicar el desistimiento.

Para Teresita Eguiguren, psicóloga de Fundación Soymás (ONG que trabaja con madres adolescentes), es "el miedo y lo engorroso y largo que puede resultar para la víctima el trámite de presentar una denuncia por violencia intrafamiliar, una de las principales razones por las que desisten durante el proceso. Sobre todo cuando hay hijos de por medio. Al agresor le resulta beneficioso que el proceso sea burocrático, ya que tendrá más tiempo para seducir a la víctima y convencerla de retirar las acciones judiciales".

Se archiva

Entre las salidas no judiciales, en tanto, encabeza la estadística el archivo provisional con un 30,71%, equivalente a cerca de 22 mil causas. Algunos puntos porcentuales más abajo se encuentra la decisión de no perseverar con la investigación, con un 9,7%, equivalente a 7.009 casos.

El fiscal jefe de Alta Complejidad Metropolitana Occidente, Pablo Sabaj, apunta: "La violencia intrafamiliar es algo que ocurre puertas adentro; por lo tanto, es difícil encontrar testigos. Si las personas no perseveran en sus denuncias, no hay cómo acreditarlo". Y ejemplifica: "A veces hay una denuncia por amenazas o lesiones, y cuando llegamos a un juicio simplificado, hay ocasiones en que la víctima no quiere seguir con el caso, o ya se reconciliaron (con el agresor)".

Pena de cárcel

El femicidio es en esta categoría de delitos el que representa la menor incidencia (no llega al 1%), pero registra la más alta tasa de sentencias condenatorias.

"Lo que marca la diferencia -señala Torres- en el caso de los femicidios consumados dice relación con la alta pena que tiene, que descarta cualquier otro tipo de salida en el ámbito de la investigación. Siempre van a ser juicios y con penas de cumplimiento efectivo: el mínimo es 15 años y un día". Y debe considerarse que en la mitad de los casos el imputado se suicida, lo que explica los sobreseimientos, explica el abogado. Las denuncias ingresadas entre enero y junio pasado llegan a 65, incluidos femicidios consumados, frustrados y tentativos; las causas terminadas en el mismo período alcanzan las 39, y cerca del 60% (22) acabó por sentencia condenatoria.

Culpables
Durante este año, el Ministerio Público ha logrado un 10,03% de condenas en casos de lesiones; un 6,2%, en amenazas, y un 1,2% en maltratos habituales.

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