Organizaciones de DD.HH. rechazan "ilegalización" de protestas en Nicaragua
domingo, 30 de septiembre de 2018
DPA y France Presse
Internacional
El Mercurio
Activistas denunciaron que se busca "criminalizar" a quienes piden la renuncia del Presidente.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, movimientos sociales y activistas de Nicaragua rechazaron el anuncio del gobierno de Daniel Ortega que declara "ilegales" las protestas que exigen el fin del régimen sandinista y denunciaron que se intenta "criminalizar" a quienes las convocan. En un comunicado difundido el viernes, la policía nicaragüense señaló que "responderán ante la justicia las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover acciones delictivas, destructivas y criminales". A través de Twitter, el Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU, liderado por Michelle Bachelet, expresó que las declaraciones de la Policía Nacional de Nicaragua "violan los estándares sobre derecho a la libertad de reunión pacífica y generan un efecto inhibidor en las personas que quieren libremente ejercer sus derechos a reunirse, manifestarse y expresarse". En la misma línea, el comunicado fue recibido con "preocupación" por Vilma Núñez, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, quien lo consideró "un golpe de Estado a la función legislativa", pues se "violenta el derecho de manifestación". A pesar de los anuncios del gobierno, los grupos opositores volvieron a participar ayer en Managua en una nueva marcha bajo el lema "Nicaragua en rebeldía. No tenemos Presidente", en el marco de las protestas que se iniciaron el 18 de abril para pedir la dimisión de Ortega. Las movilizaciones empezaron con una protesta estudiantil y decantó en la peor crisis política desde el fin de la guerra civil en los ochenta. Estas han dejado más de 300 muertos y otros 300 detenidos en cárceles acusados de "terrorismo", según recuentos de la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH). Mientras que el gobierno solo reconoce 198 muertes que atribuye a la violencia desatada por los opositores durante las protestas.
