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El Presidente de Venezuela Nicolás Maduro cerró esta semana con una afirmación que puede ser debatible para gran parte de la comunidad internacional: "¡Victoria en la ONU, Victoria Total! En camino al aeropuerto, con destino a mi Patria amada. La verdad de nuestros pueblos prevalecerá siempre sobre el odio y la mentira", tuiteó el mandatario al finalizar su viaje a Nueva York. Maduro se refería a la misma semana en que su gobierno sufrió la mayor presión internacional de los últimos años con una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) impulsada por seis países (Chile entre ellos), con sanciones a su círculo de hierro por parte de Washington, y con los mandatarios del continente alertando sobre la crisis humanitaria venezolana desde la Asamblea General de Naciones Unidas. El guion que aplicó el chavismo es conocido: negar todo. En su discurso en Nueva York, el miércoles en la noche, Maduro dijo que Venezuela no necesita ayuda humanitaria porque el país no está en crisis, que su país no sufre un éxodo de habitantes, que la verdadera crisis migratoria es en Centroamérica por culpa de Estados Unidos; que Washington y sus "satélites" quieren derrocarlo para quedarse con el petróleo, que países de la región (Chile incluido) están implicados en el complot para derrocarlo. Entre 2,5 y dos millones de venezolanos han dejado su país desde 2015 producto de la crisis económica y social que golpea a ese país, un éxodo que Maduro -en el poder desde 2013- y sus cercanos afirman que no existe. Como una supuesta señal de apertura, Maduro invitó a la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, a visitar Venezuela "cuando quiera", luego de que la expresidenta chilena instara al gobierno venezolano a permitir una investigación internacional sobre la situación humanitaria en el país. El jueves, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó la primera resolución de su historia sobre Venezuela, en que insta al gobierno de Maduro a aceptar ayuda humanitaria internacional para enfrentar la escasez de alimentos y medicamentos que, según el organismo, generó casos de malnutrición. Pero todas las señales del oficialismo apuntan en sentido contrario a la apertura. La semana pasada, el "número dos" del chavismo, Diosdado Cabello, dijo que en Venezuela estaba "de moda" decir que se tenían familiares en el extranjero; y a comienzos de septiembre, la vicepresidenta Delcy Rodríguez -una de las sancionadas por Washington junto al ministro de Comunicaciones Jorge Rodríguez, la primera dama Cilia Flores y el titular de Defensa Vladimir Padrino- aseguró que se pretendía "convertir un flujo migratorio normal en crisis humanitaria, para justificar una intervención". El internacionalista venezolano Carlos Romero considera que el oficialismo no va a cambiar mientras no se sienta amenazado por factores internos "como una coalición opositora fuerte, un desequilibrio militar, la generación de una violencia sin control y la protesta generalizada. Ellos piensan erróneamente que si aceptan la ayuda multilateral o de un grupo de países tendrán los días contados". "La creencia de que la crisis económica y el éxodo son artificiales y que son motivados por la propaganda adversa, está llevando a que no se detenga esta espiral de sufrimiento de los venezolanos, y la pregunta es hasta cuándo se resistirán el gobierno y la oposición a reconocer la situación y a qué costo para la vida cotidiana de los venezolanos", dice el experto. En la Asamblea General de la ONU, la crisis humanitaria fue tema central. "Muchos están perdiendo literalmente sus vidas por falta de alimentos y medicamentos, y el Presidente Maduro, negando esta situación, no abre las puertas a la ayuda humanitaria que muchos países estamos dispuestos a entregar", dijo el Presidente Sebastián Piñera, quien ayer volvió a tocar el tema en su reunión en la Casa Blanca con Donald Trump. Tribunales Pero la mayor medida de presión sobre el chavismo fue tomada el miércoles, cuando los gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú presentaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Venezuela, para que el tribunal con sede en La Haya investigue crímenes de lesa humanidad cometidos en ese país, de acuerdo con tres informes elaborados durante el último año. La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, recibió el jueves la petición, y aclaró que la acción no abre automáticamente una investigación en el tribunal, pero sí puede acelerar la apertura. Mariano de Alba, abogado venezolano especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, considera que si la Fiscalía de la CPI avanza con la investigación, "podría terminar teniendo un efecto de disuasión sobre las fuerzas de seguridad que están reprimiendo a venezolanos". El experto agrega que la CPI se concentrará en "buscar juzgar a los más altos funcionarios responsables -que no serán muchos-", y que si se examina la "corta historia de la Corte -en funciones desde 2003-, se observa que le es difícil ejecutar eventuales órdenes de captura contra un acusado que no sale de su país o que viaja solamente a países donde sabe que no será arrestado. Y sin que la persona sea arrestada, el juicio no se inicia", y pone el ejemplo del Presidente de Sudán, Omar al Bashir, que fue objeto de una orden de captura en 2009 y sigue gobernando. "Así que si se llega hasta esa fase, se podría reducir considerablemente el margen de movimiento y maniobra de algunos funcionarios del régimen, pero no puede verse como una panacea", aclara De Alba. Maduro habló en la ONU horas después de que los seis países presentaran la denuncia ante la CPI, pero evitó referirse a esa acusación. En cambio sí se extendió en uno de sus temas recurrentes: los complots. El 4 de agosto pasado, dos drones con explosivos estallaron durante un desfile militar presidido por Maduro en Caracas. El gobierno asegura que se trató de un atentado, y el mandatario dijo el domingo pasado que las fuerzas de seguridad habían detenido a los supuestos "autores materiales", quienes confesaron que personal diplomático de las embajadas de Chile, Colombia y México en Venezuela estaban involucrados en el supuesto atentado. No entregó pruebas. Desde la Asamblea General, Maduro pidió a la ONU que designara una comisión investigadora del supuesto atentado. Tampoco entregó pruebas. La negación de la crisis, del éxodo, el rechazo de la ayuda y los supuestos complots son parte de un mismo esquema. Para Carlos Romero, el gobierno insiste en rechazar la cooperación internacional "sobre la base de que este sería el primer paso para una intervención político-militar, una transición hacia otra conformación política y, desde luego, la expulsión de ellos del poder. Con esta conducta, no hay espacio para ninguna negociación y una posterior transición que no necesariamente debe ser violenta". "¡Victoria en la ONU, Victoria Total! (...) La verdad de nuestros pueblos prevalecerá siempre sobre el odio y la mentira".
Nicolás Maduro