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A comienzos de 2016, Gendarmería denunció un masivo cobro de asignaciones profesionales indebidas: los títulos de alrededor de 300 funcionarios eran falsos. Hoy, la causa ya se encuentra formalizada y la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que indagó esos hechos, ahora deberá investigar un caso que -según los primeros antecedentes reunidos- aparece como similar, aunque de menor envergadura. Después del feriado del 18 de septiembre, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación de la institución uniformada, presentó una querella ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago. Recientemente, el tribunal la declaró admisible y dispuso que fuera remitida al Ministerio Público. La acción penal del organismo está dirigida contra Christian Fernando Monsalve Moraga y José Eduardo Cancino Jara, suboficiales mayores en retiro y actualmente contratados bajo la modalidad de "contrato por resolución" (CPR) de dotación de la Dirección de Finanzas de Carabineros de Chile. "Obtención fraudulenta" El CDE les atribuye a ellos -y a todos aquellos que resulten responsables- la participación en el delito de obtención fraudulenta de prestaciones improcedentes del fisco, en relación con el uso malicioso de instrumento privado falso. Según los antecedentes recabados por el organismo de defensa estatal, ambos funcionarios de Carabineros presentaron ante la institución policial certificados supuestamente emanados de la Universidad Santo Tomás, lo que -reseña la querella- acreditaban su supuesta calidad de contadores auditores y, consecuentemente, les permitía gozar del beneficio de asignación de especialidad como profesional universitario. "Habiendo surgido dudas con respecto a la veracidad de tales títulos universitarios, se dirigió oficio a la Universidad Santo Tomás, respondiendo la jefa de Unidad de Títulos y Grados de dicha casa de estudios que los querellados no son titulados de dicha universidad", consigna la presentación del CDE. Y agrega: "A consecuencias de estos ilícitos, el fisco de Chile -Carabineros- se ha visto perjudicado por cuanto ha estado pagando prestaciones pecuniarias adicionales por concepto de asignación de título profesional a personas que no cuentan con dicha calidad". El monto del perjuicio deberá determinarse en la indagatoria. El caso que involucró a funcionarios de Gendarmería ya se apronta a su término. El Ministerio Público, representado por el fiscal Jaime Retamal, y el CDE presentaron la acusación, y el juicio se realizará el 5 de octubre.