Ministra que investiga fraude al Ejército está con protección policial
domingo, 23 de septiembre de 2018
CINTHYA CARVAJAL y PAULO GONZÁLEZ
Nacional
El Mercurio
La magistrada aseguró: "No me siento amenazada".
Desde hace un poco más de un mes, la ministra de la Corte Marcial y de Apelaciones de Santiago, Romy Rutherford, cambió su rutina y se hace acompañar por dos funcionarios policiales que forman parte del grupo de Protección de Personas Importantes (PPI) de la PDI, quienes están a su lado desde que abandona su domicilio y se dirige a la oficina en un auto del Poder Judicial. Los funcionarios no la dejan sola ni en su despacho y siguen cada uno de sus pasos. Esta situación ha captado las miradas en los pasillos del Palacio de los Tribunales. La magistrada investiga a diversos oficiales en el denominado caso del fraude al Ejército con Ley Reservada del Cobre. Esta causa llegó a sus manos en marzo de 2017, cuando cumplió su período de tres años como integrante de la Corte Marcial Omar Astudillo, que fue quien inició esta investigación, la que ya suma 21 aristas. Quienes conocen el procedimiento, dicen que la policía le recomendó la protección a la magistrada luego que recibiera ciertos mensajes. Sin embargo, no se trataría de una amenaza directa. Al ser consultada por "El Mercurio", la ministra fue enfática: "No me siento amenazada. Es la protección habitual que se le puede dar a un ministro que lleva una causa de connotación pública", aseguró. La magistrada está hace más de una semana de vacaciones. La investigación la retomaría a mediados de octubre; mientras tanto, la reemplazará un ministro de la Corte Marcial. Otros casos Esta no es la primera vez que ocurre una situación similar. En 2009, el ministro Alejandro Madrid, que investiga la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva, recibió una serie de amedrentamientos, que llevaron a la policía a designarle dos funcionarios PPI. En esa época, el juez estaba realizando el plenario por el homicidio del ex químico de la Dina, Eugenio Berríos. Llamadas sin respuestas, seguimientos y autos parados fuera de su domicilio fueron algunos de los episodios que enfrentó. Esta situación que afectó en su momento a Madrid se sumó a otra serie de sucesos que rodearon la investigación del caso Berríos, tanto en Chile como en Uruguay. En este último país, en 2006, el juez Gustavo Mirabal -quien decretó la extradición de los tres militares uruguayos acusados por secuestro y asociación ilícita en la causa- denunció que una bala pasó a 50 centímetros de su cabeza, mientras conversaba. El hecho habría adelantado la salida de ese país de los tres oficiales rumbo a Chile. Mientras que en Chile les quebraron los vidrios de sus autos a Madrid y a su actuario un poco después de la llegada de los uruguayos.
La acompañan dos funcionarios del grupo de Protección de Personas Importantes (PPI) de la PDI.
