Cada vez más aislada, Cristina replantea su estrategia judicial y se aferra a su apuesta presidencial
domingo, 23 de septiembre de 2018
Jean Palou Egoaguirre
Internacional
El Mercurio
Mientras Fernández toma distancia de los exfuncionarios K que la incriminan, su defensa quiere "internacionalizar" el caso y convertir los juicios orales en una tribuna para su campaña electoral en 2019.
Ya ha pisado en ocho ocasiones los tribunales de Comodoro Py para declarar, pero la ronda judicial de Cristina Fernández recién empieza: procesada en seis causas diferentes, el próximo 26 de febrero asistirá al primero de cuatro juicios orales activados en su contra, lo que supone que la exmandataria enfrentará todo el calendario de las elecciones presidenciales de 2019 -que formalmente parte en junio, con la definición de las candidaturas- defendiéndose en el banquillo de los acusados. Fernández ya se hizo la idea: cada vez más acorralada por la Justicia -acumula dos órdenes de prisión preventiva y embargos por unos US$ 366 millones-, y aislada por el quiebre del pacto de silencio que supuso la investigación del juez Claudio Bonadio sobre los "cuadernos de las coimas", ha rediseñado su estrategia de defensa legal para apostar el capital político que aún retiene e intentar volver a la Casa Rosada. Bajo esta lógica, los tribunales serían su plataforma de campaña, y todas las acusaciones, una presunta "operación" para impedir su triunfo. "Cristina ya está en campaña, y sin duda que utilizará políticamente los juicios que tendrá el próximo año", comenta Rosendo Fraga, director del Centros de Estudios Nueva Mayoría, explicando la nueva etapa que inicia ahora la senadora. "Ella ya está en actitud de candidata". Sálvese quien pueda La última resolución de Bonadio cambió la ecuación esta semana. Mencionada 200 veces en las 500 páginas del fallo sobre las anotaciones del chofer Oscar Centeno acerca de los bolsos con dinero negro, Fernández fue acusada de encabezar una asociación ilícita y procesada junto a 42 personas, entre ellas 14 exfuncionarios y 22 empresarios de primera línea, por el desvío de unos US$ 100 millones. El expediente del caso no solo es voluminoso, sino que expone un enorme caudal de pruebas y la confesión de tres exdirigentes kirchneristas -José López, Claudio Uberti y Juan Manuel Abal Medina- que reconocieron su culpabilidad bajo la figura del "arrepentido" y apuntaron por primera vez en contra de la expresidenta como la líder del esquema de corrupción. Si antes su defensa fue que no hubo ningún ilícito y mantuvo silencio, ahora el mensaje es que ella personalmente no está involucrada. Para el analista político Carlos Fara, no le queda otra: "Sin duda que Cristina ha quedado aislada judicialmente, y va a seguir negando todo hasta el final. No le queda otra opción, sobre todo ante sus fieles. Lo que va a decir es que sus funcionarios están mintiendo y que la quieren involucrar por presión del juez y del gobierno de Mauricio Macri". ¿Y dónde está el dinero? Fernández adelantó otra línea de defensa en un escrito que presentó esta semana en el marco de la causa "Ruta del dinero K": "Podrán excavar toda la Patagonia y nunca encontrarán nada con qué involucrarme", dijo la expresidenta, haciendo referencia a que la justicia no ha hallado el dinero desviado. En esa misma línea, esta semana difundió un video en el que ella misma mostró cómo quedó su casa en El Calafate tras el allanamiento ordenado por Bonadio, donde no se encontraron bóvedas secretas ni cajas fuertes, aunque sí objetos de alto valor patrimonial e histórico. De todos modos, la pista del dinero seguirá siendo protagónica. "Es probable que nunca se encuentre el dinero en efectivo que la justicia busca. Pero la línea de investigación debería encaminarse a las sociedades que Cristina y su familia tuvieron en el paraíso fiscal de las islas Seychelles y las que tienen en el estado de Delaware", dice Fraga. "Los tesoros enterrados tienen impacto mediático, pero probablemente el dinero que se busca está en cuentas en el exterior a nombre de sociedades", añade. Una "Lula argentina" Cuando en febrero comience el largo desfile de Fernández y funcionarios K por los tribunales -solo en el primero de los juicios hay 142 testigos-, el objetivo de la defensa de la exmandataria es compensar la soledad del kirchnerismo a nivel interno con una solidaridad más allá de las fronteras. Según el abogado Gregorio Dalbón, su propósito ahora es "internacionalizar" el caso, para lo cual invitarán a presidentes y expresidentes extranjeros a que acompañen a Cristina en las primeras audiencias; se da por descontado que esto contempla a izquierdistas como el boliviano Evo Morales y el ecuatoriano Rafael Correa, pero aspiran a más: esta semana una diputada kirchnerista, Mayra Mendoza, logró acercarse al ruso Vladimir Putin durante un evento en Moscú para entregarle un folleto de La Cámpora donde se denuncia la "persecución judicial" contra Cristina. Fernández ha dicho que es objeto de una operación "de carácter regional", y pone como ejemplo la condena contra Lula da Silva en Brasil por el caso Lava Jato, que lo envió a la cárcel y le impidió ser candidato presidencial. "Cambiando los nombres propios, es una descripción casi perfecta de lo que viene ocurriendo en Argentina", acusó. "Esta será su línea de defensa central: que es una víctima de una operación política tal como la que llevó a Lula a prisión, a Dilma a ser destituida, a Correa a tener un pedido de captura y agregará varios 'intentos de desestabilización' en la región, como los que 'sufren' Maduro y Ortega", sostiene Fraga. Pero el modelo de Lula podría servir en otro sentido. "Cristina bien podría emular a Lula, elegir a un sucesor y apostar por una elevada transferencia de votos", afirma Ignacio Labaqui, académico de la Universidad Católica Argentina. "Hay que mirar detenidamente el proceso electoral brasileño, porque si lo de Lula-Haddad funciona, no sería descabellado pensar que lo repliquen en Argentina". La doctrina Pichetto Cualquier consideración sobre el futuro político de Fernández -quien arriesga hasta 16 años de cárcel en su primer juicio- pasará por el hecho de si seguirá en libertad o no. Y todo indica que sí: en lo que se ha denominado la "doctrina Pichetto", por el líder del peronismo en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, existe la regla no escrita de que no se le quitará el fuero a ningún senador si no existe una condena firme en segunda instancia. En el caso de los "cuadernos de las coimas", Bonadio pidió que se analizara el desafuero de Fernández después de una confirmación de la Cámara Federal sobre su prisión preventiva, pero incluso eso no sería suficiente. El antecedente directo es el del expresidente Carlos Menem. "Ha sido condenado en primera y segunda instancia por delitos de contrabando y venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, pero los senadores de extracción peronista desde muchos años no conceden su desafuero. Él continúa en su banca y, vaya simbolismo, como el más viejo de los integrantes de la Cámara Alta tiene la responsabilidad de izar la bandera", destaca Ricardo Rivas, politólogo de la Universidad de Palermo. "Nada parecería que pueda cambiar esa posición del peronismo. ¿Por qué debería ser diferente con la senadora Fernández?". Para Labaqui, solo una prueba impactante de la corrupción -que no son ni testimonios ni documentos, sino quizás un video- podrían modificar este blindaje. Pero hay varias consideraciones en un año electoral que asoma complejo y con giros judiciales y políticos que anticipan unas presidenciales difíciles de vaticinar.
