Juez procesa con prisión preventiva a Cristina por los cuadernos de las coimas y pide desafuero
martes, 18 de septiembre de 2018
Nicolás García de Val
Internacional
El Mercurio
Claudio Bonadio considera a la ex Presidenta como la líder de la asociación ilícita que cobraba sobornos a empresarios a cambio de contratos con el Estado. Fernández solo llegaría a la cárcel si el Congreso, de mayoría opositora, le quita el fuero.
El juez Claudio Bonadio, considerado como un "enemigo" por el kirchnerismo, procesó con prisión preventiva a la ex Presidenta y actual senadora Cristina Fernández, a quien acusa de ser la líder de un esquema de sobornos a cambio de contratos de obras públicas. La trama -el caso de "los cuadernos de las coimas"- fue detallada por el chofer de un funcionario kirchnerista que anotó nombres y montos involucrados durante años. Según la resolución, el magistrado federal dictó el procesamiento con prisión por "asociación ilícita" contra la ex Mandataria y varios miembros de su Ejecutivo, así como contra los empresarios sospechosos de haber pagado coimas para favorecerse con contratos. Fernández fue formalizada por dirigir la asociación ilícita, de recibir dádivas en 22 instancias y de cohecho pasivo en otras cinco. Además se le impuso un embargo de 4 mil millones de pesos (unos US$ 100 millones). La decisión de Bonadio deja a Fernández con un sexto procesamiento judicial y un paso más cerca de prisión. La última palabra la tendrá el Congreso, de mayoría peronista, pues su detención dependerá de que dos tercios de los senadores le quiten la protección parlamentaria. El juez solicitó el desafuero, pero dejó el trámite en manos de la Cámara Federal (apelaciones). La ex Presidenta está involucrada en otras nueve causas en la justicia, por lavado de dinero, fraude al fisco, encubrimiento del atentado a la AMIA en 1994, administración fraudulenta, entre otros cargos. Muchas de estas están en manos de Bonadio. El procesamiento de ayer también alcanzó a Julio de Vido (ex ministro de Planificación entre 2003 y 2015), a Roberto Baratta (mano derecha de De Vido) y a José López (ex secretario de OO.PP.), entre otros ex funcionarios kirchneristas, y una decena de empresarios convertidos en imputados colaboradores, incluyendo a Ángelo Calcaterra, primo del actual Presidente, Mauricio Macri, que declaró haber hecho bajo presión pagos ilegales para campañas kirchneristas. En total, se trata de 42 procesados y solo 12 fueron eximidos del pedido de prisión preventiva. La ex Mandataria niega los cargos y ha denunciado una serie de irregularidades en la causa que lleva "el juez enemigo", como ha llamado a Bonadio. "Era algo que estábamos esperando, habituados a un juez que no está ejerciendo su rol de independiente, sino de juez arbitrario por fuera del Estado de Derecho", dijo a EFE el abogado de Fernández, Gregorio Dalbón. El defensor aseguró que el magistrado -que pidió infructuosamente el desafuero de Fernández para detenerla a finales del año pasado- está "comulgando con las corporaciones mediáticas" y con el Poder Ejecutivo nacional para seguir "persiguiendo a la líder de la oposición". La causa En su resolución de más de 500 páginas, Bonadio entra en detalles sobre el esquema de sobornos y manifiesta que llegó a la conclusión de que Cristina y su marido, el ex Presidente Néstor Kirchner (2003-2007) fueron, junto a De Vido, los "verdaderos beneficiarios" de la supuesta red de sobornos llevada a cabo durante sus gobiernos. Indicó que entre 2003 y 2015 existió un "pacto ilícito en daño de terceros" entre funcionarios y empresarios, en los que el Estado pagaba "montos inflados, en perjuicio del conjunto de los argentinos". La finalidad de esta "organización delictiva" fue distribuir "coimas a funcionarios corruptos a cambio de licitaciones". Bonadio tiene claro quienes fueron los principales beneficiados: "el grueso de los fondos fueron destinados a engrosar de manera espuria e ilegal el patrimonio de quienes entre los años 2003 y 2015 ocuparon los cargos más altos de la república". El procesamiento que amenaza con poner a la ex Presidenta tras las rejas se basa en la investigación que surgió a raíz de los ocho cuadernos escritos por Oscar Centeno, chofer de Baratta y de De Vido, cuya existencia salió a la luz gracias a un reportaje del diario La Nación. Era precisamente Centeno el encargado de trasladar los maletines repletos de billetes a las residencias de los Kirchner. El caso se hizo público el 1 de agosto, cuando Bonadio ordenó una decena de detenciones y operativos simultáneos en busca de pruebas a partir de las anotaciones que mostraban en detalle el recorrido de los sobornos. Varios empresarios han declarado como "arrepentidos" y han entregado detalles sobre el caso. La confesión del ex secretario de OO.PP. José López también fue fundamental para la elaboración de la resolución. El ex funcionario de gobierno reveló que los US$ 9 millones que trató de esconder en un convento de monjas en Buenos Aires en 2016 pertenecían a Fernández. "Este es, sin dudas, el caso más grave que ha visto el país por su dimensión en cuanto a la cantidad de dinero robado y al número de políticos y empresarios involucrados. Es un terremoto político", dijo a "El Mercurio" Patricio Giusto, director de la consultora Diagnóstico Político. El analista plantea que el duro revés para el kirchnerismo podría traer beneficios políticos al gobierno de Macri (centroderecha), que se encuentra enfrentado a una mala situación económica que ha golpeado su popularidad. Está previsto que Fernández se presente hoy en tribunales por una indagatoria en el marco de una causa por lavado de dinero.
