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"La Congregación para la Doctrina de la Fe ha considerado que los antecedentes son de tal claridad y magnitud que no han revestido mayor investigación". Así de preciso fue el vicario judicial de Santiago de la Iglesia Católica, Jaime Ortiz de Lazcano, para referirse a la decisión de la Santa Sede de quitar la calidad de sacerdote a Cristián Precht. Ortiz de Lazcano fue la primera autoridad eclesiástica en Chile en referirse al hecho, resaltando que "es la medida canónica más dura", lo que implica que "ya no se considera sacerdote". Agregó que al interior de la Iglesia chilena "el dolor es grande". Además aclaró que la sanción tiene que ver con nuevas denuncias, "como el caso Maristas", y que "en casos de abusos, que se comprueban, esta pena perpetua de la dimisión del estado clerical es bastante común". Francisco Javier Cuadra, ex embajador en la Santa Sede y que conoció en los años ochenta a Precht, señala que "desde el punto de vista del ordenamiento que la Iglesia requiere por lo que ha pasado, es una medida razonable y comprensible". Mientras que la Red Nacional de Laicos de Chile manifestó en una declaración pública "nuestra eterna gratitud por el coraje (de los denunciantes del caso Maristas) al denunciar a una persona considerada intocable". En esa línea, el director ejecutivo de la Fundación para la Confianza, José Andrés Murillo, comentó que "todo sacerdote que ha utilizado su posición de poder para abusar sexualmente de niños debe ser despojado inmediatamente y para siempre de su ministerio sacerdotal". Y agregó que hay que tomar en cuenta que "todo abusador necesita de una red o autoridad que lo proteja", concluyendo que "esperaría las mismas sanciones para Karadima y otros. Pero también para quienes los encubrieron".