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El impacto político de la Operación Lava Jato:

Nueve ex presidentes de América Latina son investigados por el caso Odebrecht

domingo, 09 de septiembre de 2018

O Globo/Brasil/GDA*
Internacional
El Mercurio

A poco más de tres años de que estallara el escándalo de corrupción en la petrolera de Brasil, tiene involucrados en procesos judiciales a los políticos de más alto rango en la región.



En abril de 2015, Odebrecht celebraba el título de ser la mayor constructora de América Latina. Tenía obras en todos los rincones del continente y acumulaba ganancias récord. Con el avance de las investigaciones contra la corrupción iniciadas en Brasil con la Operación Lava Jato, la empresa eligió el camino de las colaboraciones judiciales e hizo temblar el mundo político latinoamericano al confesar corrupción en diez naciones de la región. En su propio país, la trama tiene al favorito de las encuestas para las elecciones del próximo 7 de octubre, el ex Mandatario Lula da Silva, tras las rejas y sin posibilidades de volver a postular al cargo.

El número de presidentes y ex presidentes investigados en el continente, tres años y medio más tarde, da una medida del alcance de las maniobras de la empresa: al menos nueve ex mandatarios de la región están en la mira de las autoridades de sus países, y un Presidente ya perdió su cargo. El caso Odebrecht trajo una ola de investigaciones a los mandatarios que, aunque no tuviesen relación con la constructora bahiana, también quedaron envueltos en tramas sospechosas.

Para el fiscal del ministerio público federal Roberson Pozzobon, quien integra el equipo de trabajo de la Operación Lava Jato, en Curitiba, si antiguamente las dificultades burocráticas y las diferencias legales entre los países permitían que los crímenes transnacionales quedaran prácticamente impunes, hoy el escenario cambió.

"Hoy es posible intercambiar informaciones y pruebas en el ámbito de investigaciones y procesos criminales de forma bastante rápida y eficiente, ya sea con países más próximos geográficamente, como en América Latina, o incluso en Asia", afirmó.

Pozzobon dice que antiguamente el triunfo de las organizaciones criminales era el lavado de dinero en el exterior, fuera del país de origen, justamente para dificultar el rastreo de valores. Con las nuevas reglas y tratados de cooperación internacional, sin embargo, la modalidad se ha convertido en "un verdadero talón de Aquiles" para los criminales.

Caso emblemático

En Brasil, el encarcelamiento de Lula es el mayor símbolo que encierran las investigaciones. El ex Mandatario ya fue condenado en dos instancias por haber recibido, según la acusación, un departamento refaccionado por OAS como compensación por negocios con Petrobras. Lula niega haber recibido el departamento o actuado a favor de la compañía.

El patriarca de la familia Odebrecht, Emilio, reveló a la Justicia brasileña que conversaba con Lula e interlocutores del gobierno sobre temas de interés de la empresa, como medidas provisorias y líneas de crédito. Emilio reveló información que generó otros juicios contra Lula, en los que el ex Presidente es acusado de haber sido beneficiado con la refacción de una casa quinta en Atibaia, ciudad del interior de São Paulo y en que la firma es acusada de comprar un terreno para instalar el Instituto Lula. La defensa dice que la casa no está registrada a su nombre y niega haber cometido delitos. En relación con el otro caso, dice que el instituto fue instalado en otro lugar y que Odebrecht no participó en su creación.

Las denuncias de Odebrecht implicaron a todos los ex presidentes vivos de Brasil. Los juicios que contenían citaciones contra José Sarney y Fernando Henrique Cardoso ya fueron archivados. Hay una investigación basada en las denuncias del grupo contra Fernando Collor de Mello que está en curso. Collor es imputado en un juicio ante el Superior Tribunal Federal, acusado de recibir más de US$ 7,3 millones en sobornos por negocios de BR Distribuidora, que no tiene relación directa con Odebrecht.

La mayor caída

En Perú, el espectro de ex mandatarios en la mira de la Justicia también es amplio. Cuatro ex presidentes son investigados por sospechas de corrupción que involucran a Odebrecht. Alejandro Toledo es acusado de recibir US$ 20 millones en sobornos de la constructora por la obra de la Carretera Transoceánica. En febrero de 2017, un juez determinó su prisión preventiva por 18 meses. Pero, como Toledo está en Estados Unidos, la Fiscalía pidió su extradición, que fue confirmada por las cortes superiores. Aún no hubo respuesta de parte de las autoridades estadounidenses.

Alan García es investigado por tráfico de influencias en un caso que investiga la concesión a Odebrecht de una línea de metro de Lima. Él habría facilitado que la constructora ganara la licitación con otras dos empresas. No se le impuso restricciones judiciales.

El único de los ex presidentes peruanos que estuvo preso fue Ollanta Humala, acusado junto a su esposa Nadine Heredia, de lavado de dinero por haber recibido, según los delatores, US$ 3 millones de Odebrecht para su campaña. Él estuvo nueve meses en prisión preventiva, antes de que la Justicia revocara la medida a fines de abril.

Pedro Pablo Kuczynski, a su vez, fue el único en perder su cargo. Renunció en marzo, también sospechoso de lavado de dinero por contratos firmados con Odebrecht por empresas ligadas a él cuando era ministro. No puede salir del país por 18 meses y se confiscaron sus bienes.

Denuncias pendientes

En Colombia, las investigaciones iniciadas por los acuerdos con Odebrecht alcanzaron al ex Presidente y premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos. El 30 de mayo fue liberado de una investigación en la Cámara de Diputados bajo sospecha de recibir dinero de Odebrecht en sus campañas de 2010 y 2014. El caso debe ser analizado por el Consejo Nacional Electoral, aunque especialistas discrepan sobre la competencia de ese tribunal para juzgar la acción.

Nombres próximos a Santos fueron citados por delatores de Odebrecht: el director financiero de la campaña presidencial, Roberto Prieto, llegó a ser investigado penalmente, pero fue absuelto. El ex ministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales fue condenado por recibir US$ 6,5 millones de Odebrecht.

Hay dos denuncias contra el ex Presidente ecuatoriano Rafael Correa, presentadas por un congresista. El ex Vicepresidente Jorge Glas fue condenado, en diciembre de 2017, a 6 años de prisión y a pagar una indemnización de US$ 7,5 millones. Está acusado de recibir US$ 3,5 millones de Odebrecht a través de pagos hechos a un tío.

Acusado de recibir US$ 1,5 millones de Odebrecht en su campaña para la presidencia en 2008, el ex Presidente de El Salvador Mauricio Funes está exiliado en Nicaragua. Dejó el país después de haber sido condenado en noviembre del año pasado por enriquecimiento ilícito, y condenado a devolver, junto con el hijo, US$ 419 mil a las arcas públicas.

Argentina, Chile, Guatemala, México, República Dominicana y Venezuela no tienen juicios contra sus presidentes o ex mandatarios, aunque en algunos casos se citan transferencias irregulares de Odebrecht a políticos en esos países.

Con información de los 11 diarios pertenecientes al GDA y colaboración de La Prensa de Panamá, Prensa Libre de Guatemala y El Día de República Dominicana.

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