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En una comunicación por escrito, Loreto Silva descartó presiones políticas

Con nuevo grupo de WhatsApp y asesores penales, civiles y ambientales: Cómo Enap enfrentó la acusación por la nube tóxica

domingo, 09 de septiembre de 2018

Claudia Ramírez Friderichsen
Economía y Negocios Domingo
El Mercurio

El viernes la estatal contrató al estudio de abogados Echeverría Ilharreborde, especialistas en temas relacionados con el medioambiente. En particular, el abogado José Domingo Ilharreborde será el encargado de analizar todos los escenarios posibles para responder a la formulación de cargos que esta semana hizo la Superintendencia del Medio Ambiente.



El viernes 31 de agosto, Loreto Silva, la presidenta del directorio de Enap, creó un grupo de WhatsApp llamado "Emergencia Enap". El directorio de la compañía estatal ya se comunicaba por otro grupo formado en esta aplicación, pero el nuevo tiene la particularidad de que además de los hasta ese momento siete directores de la estatal -además de Loreto Silva, Gonzalo de la Carrera, José Luis Mardones, Claudio Skármeta, Anita Holuigue, Rodrigo Azócar y Marcos Varas-, participa también Andrés Roccatagliata, gerente general de la firma.

Fue en este grupo en el que a las 11:30 de la mañana de este miércoles 5 de septiembre, Loreto Silva propuso discutir escenarios para responder con una declaración pública al resultado de las investigaciones que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) había iniciado el 22 de agosto, cuando estalló el caso de la nube tóxica que afectó a Quintero y a Puchuncaví y puso en el ojo del huracán a la petrolera, como la posible responsable del episodio.

En la estatal presumían que este miércoles se conocería el resultado de la indagatoria, tal como ocurrió pasadas las siete de la tarde.

Poco antes de la conferencia que dio Cristián Franz, titular de la SMA, el grupo de directores y el máximo ejecutivo de la estatal tuvieron acceso a lo que se comunicaría, y entraron de lleno en un debate que duró más de dos horas, hasta que poco antes de las 22 horas, consensuaron una declaración final de dos puntos. En ella, Enap rechaza "tajantemente las imputaciones" hechas por la SMA, y agrega que "ejercerá todas las acciones legales y derechos que le corresponden para demostrar que no tiene vinculación alguna con los hechos que se le imputan".

En el grupo "Emergencia Enap", los directores se dividieron en dos bandos: unos, que buscaban dar una respuesta más dura, y otros, entre los que se incluía Loreto Silva, partidarios de una señal más conciliadora.

Ese intercambio refleja un tema de fondo: las dudas sobre la independencia de la que goza Enap y su directorio para ejercer acciones en contra del Estado, cuando este mismo es su dueño (ver recuadro).

Pero entre los directores del primer grupo se barajaron ideas, como hablar de un conflicto que se había "politizado", comunicar que "culpar a Enap no era la solución al problema" y argumentar que los dos estanques de Enap permanecían sellados por una semana, y sin embargo, Quintero había tenido un nuevo episodio de contaminación, señal de que había otros responsables.

Esa misma noche, el directorio se remeció con otra noticia: la renuncia de Gonzalo de la Carrera. Un conocedor asegura que en el grupo de WhatsApp se le pidió que lo pensara dos veces, porque su trabajo era apreciado. Pero la decisión ya estaba tomada. El hoy ex vicepresidente de Enap ya había enviado un mail con su renuncia al Presidente Piñera, quien lo designó en el cargo.

Expertos analizan cargo a cargo las vías a seguir

Una vez que se desató la crisis por la nube tóxica en Quintero y Puchuncaví, la semana del 20 de agosto, Enap -sindicada de inmediato como la presunta responsable-, ya había empezado a ver fórmulas para apoyar al área legal. En este momento el área está liderada por Marcelo Rodríguez, fiscal interino y en octubre llegará una fiscal titular, Tatiana Munro.

El plan en la petrolera es abordar tres frentes: la arista medioambiental, que se cristalizó con la formulación de cargos de la SMA esta semana; el frente penal, referido a la investigación que lleva el fiscal de Quintero, Mauricio Dünner; y la arista civil, ya que en tribunales hay recursos de protección contra la empresa, presentados por parlamentarios y por los municipios.

En el frente medioambiental, este viernes recién pasado, Enap contrató al estudio de abogados Echeverría Ilharreborde. En particular, al abogado José Domingo Ilharreborde, licenciado en derecho de la PUC y master of laws de Harvard University. Un profesional "con una gran experiencia en temas relacionados a medio ambiente, juicios, recursos naturales y minería", según lo define el sitio web del estudio.

La respuesta que deberá hacer Enap a la formulación de cargos que realiza la SMA es "cargo por cargo", y para ello, hay dos alternativas. La primera, optar por presentar un Programa de Cumplimiento (PDC) en el plazo de 10 días hábiles, ampliables por cinco días adicionales. En simple, en este programa se acepta la imputación de la SMA y se comprometen acciones y metas para cumplir con la normativa que se estima infringida en un plazo determinado. La segunda opción, presentar descargos en el plazo de 15 días hábiles, ampliables por siete días adicionales, desde la notificación de la formulación de cargos, señala un experto. Aún está en definición qué cargos serán presentados por una vía y por otra.

Sobre este punto, en una comunicación escrita, Loreto Silva afirma: "Estamos convencidos de la fortaleza de nuestros argumentos, basados en los antecedentes técnicos y confiamos plenamente en el funcionamiento de la institucionalidad".

En lo medular, la SMA le formuló cargos a Enap Refinerías S.A., titular del proyecto Terminal Marítimo de Quintero, por: utilizar los estanques de almacenamiento hoy sellados en condiciones distintas a los aprobados; porque el terminal marítimo no reportó el parámetro de zinc en 10 informes de 2017, específicamente en la descarga al mar del sistema de riles; y porque el terminal marítimo superó el límite máximo permitido para el parámetro de hidrocarburos volátiles en julio de 2017, también en la descarga al mar.

Si es que la empresa hace descargos, la contraparte es el fiscal de la SMA Gonzalo Parot. Si sus descargos no prosperan en esta instancia, la opción es recurrir a los Tribunales Ambientales. Por el primero de los cargos formulados, considerada una infracción gravísima, Enap arriesga la revocación de la RCA, clausura, o multa de hasta diez mil UTA (unos US$ 8,3 millones).

En el frente penal, el abogado Juan Domingo Acosta, del estudio Acosta & Cía, está asesorando a la empresa desde la semana anterior, dice un conocedor. Y en tribunales civiles, asesora Germán Concha, abogado y profesor de la PUC.

Las dudas de la formulación

Una de las interrogantes que levantó Gonzalo de la Carrera en su reclamo del proceso, apunta a por qué cuando surgió la nube tóxica, se habló de la presencia de nitrobenceno, isobutano y metilcloroformo como los gases involucrados, y en la formulación de cargos, se apunta a otros contaminantes.

Cristián Franz explica: "Los antecedentes que se van reuniendo durante las investigaciones que se llevan adelante no pueden darse a conocer para no perjudicar el éxito de las mismas. Por esta razón, se mantienen en una carpeta reservada", señala.

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