lunes, 21 de julio de 2008
Economía y Negocios, El Mercurio
Se estima que los montos involucrados ascienden a unos $3 mil millones.
A buen puerto llegaron los reclamos de los instaladores eléctricos, de gas y combustible presentados en la Contraloría contra la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) por los cobros que este organismo realiza en torno a las inscripciones de las instalaciones que realizan estos técnicos en diversas viviendas y estructuras.
La SEC a través de la resolución N° 796 -de junio de 2006- tarificó las declaraciones que se deben realizar ante el organismo fiscalizador, en montos que luego fueron cuestionados por estos técnicos.
Esta objeción fue presentada por Dino Casanova, ex funcionario del organismo, quien actualmente se desempeña en labores de instalaciones. En diciembre de este año el órgano Contralor se pronunció contra la SEC y afirmó que la resolución 796 infringía la legalidad vigente por lo cual ordenó derogarla.
El problema después se centró en qué sucedía con todos los montos que la superintendencia había recaudado. A fines de junio la Contraloría debió pronunciarse nuevamente y emitió un documento en que ordenó a la SEC restituir "las sumas cobradas indebidamente por la aplicación de lo dispuesto en la resolución exenta 796 de 2006, sin reajuste ni intereses". Aunque aún no existen cálculos exactos de los montos involucrados se estima que éstos estarían en torno a los $3.000 millones, aunque ahora el órgano Contralor deberá especificar la manera en que estos dineros serán restituidos. Situación no menor, ya que la misma Contraloría afirma que estos cobros representan 16% del presupuesto la SEC.
