Regiones del norte concentran el 81% de las expulsiones de extranjeros en el país
lunes, 27 de agosto de 2018
Davied Jaime y Daniel Inostroza
Nacional
El Mercurio
A la fecha los procedimientos han crecido un 48% respecto al mismo período del año pasado, y la mayor parte son emanados desde tribunales por delitos de droga.
"Acá hay traficantes y microtraficantes", asegura el intendente de Tarapacá, Miguel Quezada, tras la expulsión de 77 bolivianos que habían delinquido en distintos lugares y que fueron sacados del país por el Complejo Fronterizo de Colchane. La cifra de expulsiones durante este año ya llega a 1.187 personas, de las cuales el 81% emana de resoluciones de las regiones del norte y principalmente de Tarapacá, que solo en este año ya realizó 538 procedimientos efectuados por la Policía de Investigaciones. Del mismo modo, a la fecha existe un crecimiento de un 48%, y la cifra ya está cercana a lo ejecutado en todo el 2017, en que se realizaron 1.398 expulsiones de extranjeros. El asesor de política migratoria de la Subsecretaría del Interior, Mijail Bonito, explicó que "en ningún caso se ha expulsado a extranjeros por el hecho de ser irregulares" y que la idea es mantener "los brazos abiertos a los que vienen a Chile a aportar y cerrada la puerta para quienes vienen a delinquir". El 96,9% de las expulsiones corresponden a casos judiciales. En este plano, según explica el fiscal de Calama, Cristian Aliaga, en las regiones del norte casi en su totalidad se dieron por delitos de tráfico de droga, donde la flagrancia es determinante. Por lejos, los ciudadanos bolivianos son los que lideran las expulsiones (781 este año), y en este caso se realizan por el Control Fronterizo de Colchane, en la Región de Tarapacá. La coordinación se hace a nivel central, con un transporte que los recoge desde las distintas zonas del país. En el caso de la Región de Arica y Parinacota, en el Complejo Chacalluta se ejecutan las expulsiones de ciudadanos peruanos, los segundos más frecuentes (183 este año). El comisario Fernando Loyola, de la Prefectura de Extranjería y Policía Internacional de esta región, explicó que "las vamos realizando en forma periódica; la idea es que si en una semana tenemos varios ciudadanos peruanos con órdenes en distintas regiones del país, se coordina para que lleguen a la brevedad, pero debe haber un equilibrio con el gasto de recursos". Al ejecutarse la medida, según la normativa chilena, la persona queda en libertad con la única restricción de no ingresar a territorio nacional en 10 años, de lo contrario la pena deberá ser cumplida completa.
