"Se afecta y se rompe, además de las normas constitucionales, la imparcialidad y con ello la independencia de los jueces"
domingo, 26 de agosto de 2018
CINTHYA CARVAJAL ARRIAGADA
Nacional
El Mercurio
El magistrado cree que los congresistas "han extralimitado sus potestades constitucionales " y que libelo "es ilegítimo".
A paso acelerado se le ha visto por estos días en los pasillos del Palacio de los Tribunales al ministro Sergio Muñoz. La Corte Suprema tuvo una semana agitada y el magistrado ha sido quien ha debido enfrentar la incomodidad que generó al interior del máximo tribunal la acusación constitucional de congresistas de la oposición en contra de tres ministros de la Sala Penal: Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Antonio Valderrama, por notable abandono de deberes al acoger seis recursos de amparo y otorgar la libertad condicional a seis condenados por delitos de lesa humanidad. Muñoz ha sido la cara visible de la molestia interna tras la presentación del libelo, en su calidad de presidente subrogante, mientras regresa de sus vacaciones el titular Haroldo Brito, este miércoles 29 de agosto. Y el magistrado es categórico: "El pleno expresó su parecer en orden a que el Estado de Derecho estaba en riesgo. Esto en el sentido de que hay dos normas constitucionales que señalan claramente que ni el Congreso ni el Presidente pueden revisar los fallos judiciales, en sus fundamentos o motivos". En entrevista con "El Mercurio", el presidente subrogante califica el libelo de carácter "grave y político". También manifiesta su preocupación de que esta sea la primera de muchas acusaciones que se presenten con la finalidad de revisar una resolución judicial, y que la Cámara se termine transformando en una última instancia de revisión, lo que, a su juicio, es contrario a la Constitución. "No se está respetando la Carta Fundamental" -¿Existe molestia en la Corte Suprema por la acusación? -No puedo hablar por toda la Corte Suprema, puedo hablar lo que como presidente (s) me corresponde, que es extrañeza y falta de motivación suficiente. Creo que de alguna manera no se está respetando lo que es la Carta Fundamental en sus disposiciones. -¿Se está transgrediendo la autonomía del Poder Judicial? -Lo que ha hecho y dicho la Corte Suprema no es para defender a las personas que están siendo acusadas. Lo que está señalando es que las garantías de las personas que recurren a solicitar la administración de justicia a los tribunales es lo que puede estar en cierta medida comprometido. En esta oportunidad es una causa de derechos humanos, en la próxima va a ser una causa ambiental, de familia o de crimen o simple delito. Cuando a las personas que tienen la posibilidad de deducir acusación constitucional, de algún modo no les guste o no participen de la opinión de la Corte Suprema, van a poder acusar a cada uno de sus miembros. Eso es lo peligroso. Nosotros (los ministros) estamos de paso, no somos los dueños de las instituciones. Muñoz profundiza en este punto: "De acogerse esta acusación: ¿Será factible entender que los integrantes de ese conjunto de ministros que van a conformar la sala, sabiendo que si acogen una libertad condicional lo van hacer con entera independencia? Por eso es que nosotros reprodujimos en la declaración lo que era la imparcialidad, que es cuando el juzgador no tiene ningún interés personal directo o indirecto en la litis . Eso es lo que está en juego, pero no respecto a los ministros, sino que es la garantía que se tiene que dar a las personas que recurren a la justicia". -¿Eso es lo que estima más grave de la presentación? -Se afecta y se rompe, además de las normas constitucionales, la imparcialidad y con ello la independencia de los jueces. "Va a ponerse en duda la autonomía" -¿Los ministros podrían sentirse presionados por este tipo de presentaciones? -No tengo razones para dudar de que los ministros que han resuelto de alguna manera van a mantener esta forma de actuar cuando corresponda resolver de esa manera. Si los hechos, las circunstancias y las normas, según ellos los interpreten, varían, van a ser tan libres para hacerlo. Tengo plena confianza en su hidalguía como jueces, y en que se van a comportar profesionalmente y que van anteponer cualquier interés personal al interés de administración de justicia respecto de las personas que están golpeando las puertas de los tribunales. -¿Los ministros dan garantías de ello? -Creo que van a plantearse de alguna manera en lo que ellos crean, independientemente de lo que sea la suerte que van a correr los cargos. Pero, ciertamente a los ojos de cualquiera, van a ponerse en duda lo que es la autonomía, la independencia e imparcialidad. -Hay supremos que piensan que el Congreso se transformaría en la última instancia de revisión de fallos. ¿Usted concuerda con esa apreciación? -La norma constitucional dice que en caso alguno podían ser revisados los fundamentos de los fallos, y la Cámara de Diputados, leyendo el libelo acusador, dedica casi tres cuartas partes para presentar los siete casos; indudablemente está revisando lo que son los fundamentos. En ese escenario, ya no es la Corte Suprema la que está diciendo la última palabra, sino que va a ser otra instancia la que va a poder determinar cómo se comporten los magistrados en el futuro. Eso es lo que parece de mayor gravedad. "Los fallos se impugnan por los recursos judiciales" -Los congresistas dicen que hay un notable abandono de deberes por parte de los supremos que otorgaron seis libertades condicionales. ¿Qué piensa? -En el mismo libelo, ellos dedican la primera parte para establecer la procedencia, porque se dan cuenta de que esto es improcedente, para justificarlo de alguna manera. No voy a entrar a señalar si hay notable abandono. Eso sería un juicio respecto de lo que se resolvió en la sala y no tengo la competencia para hacerlo. -En la acusación sostienen, además, que buscan evitar un ejercicio arbitrario del poder por parte de la Corte Suprema... -Dentro del Estado de Derecho, los fallos judiciales se impugnan por los recursos judiciales. Establecida la sentencia final de término, no hay otra autoridad dentro del Estado que pueda revisar los fundamentos de las decisiones. Ahí concluye todo y, por lo tanto, no es posible que de una manera legítima se pretenda tratar de rever todo lo que han dicho los jueces. -¿Cree que los congresistas están ejerciendo su legítimo derecho? -Ellos han extralimitado sus potestades constitucionales, y por lo tanto, es ilegítimo. -¿Qué está en juego con la acusación constitucional? -Nunca, que yo sepa, había sido tan palmario que lo que se está haciendo es analizar los fundamentos y motivos de una resolución. Eso va en pugna con el artículo 76 de la Constitución Política. -¿Puede sentar un precedente para que en el futuro los congresistas acusen a los magistrados cuando no estén de acuerdo con sus fallos? -Abre una puerta, pero el riesgo más evidente es que quien analiza ese aspecto es la misma Cámara de Diputados. Nos preocupa porque de esta manera se va a poder interpretar la Constitución de la manera que ellos estiman. No hay una acusación constitucional en contra de los congresistas que no respeten la Constitución en la forma como ella está escrita. Por lo menos que la pueda interponer una autoridad externa a los congresistas. -¿Por qué cree que se está presentando ahora, si hay fallos anteriores en los que se ha otorgado la libertad condicional? -No puedo ver si no un aspecto político desde el momento en que quienes sostienen la acusación señalan expresamente que aún en el evento de que con un recurso de nulidad, que está pendiente en la Sala Penal, se dejara sin efecto la resolución, igualmente seguirán adelante con la acusación. Eso es un aspecto político. -Diputados oficialistas también han dicho que podrían votar a favor del libelo, pensando en que el Presidente Piñera podría escoger a tres nuevos ministros. -Eso deja en evidencia que es un aspecto político. Ya ni siquiera importa el fundamento de la acusación. Eso es un aspecto netamente político. ÚLTIMA INSTANCIA:
"Ya no es la Corte Suprema la que está diciendo la última palabra, sino que va a ser otra instancia la que va a poder determinar cómo se comporten los magistrados en el futuro. Eso es lo que parece de mayor gravedad".
PRECEDENTE PARA EL FUTURO:
"El riesgo más evidente es que quien analiza ese aspecto es la misma Cámara de Diputados. Nos preocupa, porque de esta manera se va a poder interpretar la Constitución de la manera que ellos estiman".
AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL:
"Las garantías de las personas, que recurren a solicitar la administración de justicia, es lo que puede estar en cierta medida comprometido. En esta oportunidad es una causa de derechos humanos, en la próxima va a ser una causa ambiental".
