Colombia vota siete medidas para combatir la corrupción
domingo, 26 de agosto de 2018
Javier Méndez Araya
Internacional
El Mercurio
Las iniciativas incluyen la reducción del salario de congresistas, la cárcel efectiva para los corruptos y mayores controles en la rendición de cuentas y patrimonio.
Por cuarta vez este año, los colombianos concurrirán hoy domingo a las urnas, esta vez para participar en una consulta popular que busca aprobar siete medidas que pretenden eliminar prácticas de corrupción que están muy arraigadas en el país. La iniciativa fue impulsada en el Congreso por la ex candidata a vicepresidenta Claudia López y por la senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, y fue refrendada por decreto del gobierno el 18 de junio pasado. Según el senador de esa agrupación Antanas Mockus, también promotor de la consulta, esta tiene como objetivo construir un compromiso democrático de toda la sociedad en la lucha contra la corrupción y "darles un mandato obligatorio al Ejecutivo y al Congreso para que adopten una serie de medidas que en el pasado la sociedad colombiana no ha podido tomar", recalcando que en el Congreso fracasaron en los últimos años ocho proyectos de ley que buscaban combatir el problema. Muchos congresistas han sido acusados del desvío de fondos públicos, aunque el mayor escándalo data de 2006, cuando se descubrieron evidencias de nexos de legisladores con grupos paramilitares de ultraderecha. Por ese caso, llamado por la prensa "parapolítica", fueron condenados cerca de una veintena de políticos y casi 80 congresistas de las legislaturas 2002-2006, 2006-2010 y 2010-2014. También está el escándalo Odebrecht, en el que la firma brasileña pagó US$ 11 millones en sobornos en Colombia para que se le adjudicaran contratos, y obtuvo un beneficio de más de US$ 50 millones en el país. Incluso, el ex Presidente Juan Manuel Santos salió salpicado en este caso por presuntamente haber recibido US$ 450.000 para sus campañas de 2010 y 2014. "La corrupción en Colombia siempre fue grave, y se ha hecho habitual el mal uso y robo de los recursos públicos, sobornos para obtener contratos, así como la compra de votos y de fallos judiciales. Pero hoy ha aparecido un sentimiento de intolerancia frente a prácticas corruptas y, después del proceso de paz, la corrupción se ha convertido en el tema principal de la agenda", dijo Mockus a "El Mercurio". Para la consulta de hoy, los colombianos recibirán una tarjeta con siete preguntas en que las que deben marcar "Sí" o "No". Las propuestas son reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios de 40 salarios mínimos a 25 (de US$ 10.400 a US$ 6.500); cárcel real y no domiciliaria para los corruptos y prohibición de volver a ser contratados por el Estado; contratación transparente y obligatoria en todo el país en las entidades públicas; presupuestos públicos con participación de la ciudadanía; los congresistas deben rendir cuenta de su ausencia, votación y gestión; hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio, y un máximo de tres períodos en corporaciones públicas. Para que la consulta sea válida debe tener como mínimo la participación de 12.140.342 personas, es decir, la tercera parte del censo electoral. Y para que cada propuesta sea aprobada se requiere el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios. Los promotores de la consulta afirman que más de 15 millones de personas votarán, lo que aseguraría su validez, y creen que cada pregunta tendrá una abrumadora mayoría a favor del "Sí". Sin embargo, el analista político Juan Manuel Charry sostiene que "es difícil" que consigan la cantidad de sufragios necesarios, debido al tradicional alto abstencionismo electoral del país, sumado esto al "cansancio" de los votantes, que este año tuvieron las legislativas de marzo, y la primera ronda presidencial en mayo y el balotaje en junio. La consulta, de lograr la participación necesaria, es vinculante, y las propuestas que sean aprobadas se transformarán en mandato popular para que el Congreso expida las leyes. "Si el Congreso no legisla en menos de un año, entonces el Presidente Iván Duque quedaría facultado para firmar decretos con fuerza de ley para cumplir lo aprobado en la consulta", explicó el politólogo Enrique Serrano. Aunque cuenta con el respaldo del recién asumido Presidente Duque -quien llamó a votar y dijo que "todos tienen que ponerse la camiseta" contra el "cáncer" de la corrupción-, la propuesta enfrenta el escepticismo de algunos expertos y las reservas de algunos sectores de Centro Democrático, el partido en el poder, comenzando por su máximo líder, el ex Mandatario Álvaro Uribe, quien prefiere apoyar los proyectos anticorrupción de su bancada. "Por lo demás, ya existe en la ley casi todo lo que establece la consulta. El problema es que faltan los recursos para hacer cumplir las normas", añadió Charry.
