Propuesta ante el TDLC podría destrabar el impasse entre las operadoras y la Subtel por congelamiento del uso de una parte del espectro
domingo, 26 de agosto de 2018
Claudia Ramírez
Economía y Negocios Domingo
El Mercurio
En su consulta ante el organismo de la competencia, la autoridad propondrá los límites para los operadores móviles y deslizará además los puntos principales de la adopción de la nueva tecnología 5G en el país. Aunque la modalidad de adjudicación del espectro para esta nueva tecnología está siendo evaluada, un concurso con ciertas condiciones tiene más opciones que una subasta pagada.
En las próximas semanas podría empezar a destrabarse el debate técnico que desde hace dos meses tensiona a la industria de las telecomunicaciones, debido a la decisión de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) de congelar el uso de la banda de 3.500 MHz -afectando principalmente a Claro y Entel-, sumado a un fallo de la Corte Suprema que puso un límite de espectro radioeléctrico, de 60 MHz, para cada compañía en telefonía móvil. El escenario es la presentación que hará la Subtel ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), en el proceso de consulta para revisar dicho límite máximo de espectro radioeléctrico, una opción que abrió el mismo fallo supremo, y que la autoridad ingresará en septiembre al TDLC. Por estos días, el equipo de la entidad que encabeza la subsecretaria Pamela Gidi trabaja dicha consulta con dos asesores externos, Aldo González y Guillermo de la Jara, mientras también labora en la preparación de las bases de la licitación de la red 5G, en conjunto con un equipo externo de la Universidad de Chile. Si bien la consulta ante el TDLC tiene como eje central proponer un límite máximo (o Cap) que debe tener cada operador móvil, también en esa instancia la Subtel dará a conocer los principios de la licitación de la red 5G en el país. ¿Cuál será la modalidad de adjudicación de la red 5G, por un "concurso de belleza" o mediante una subasta pagada? Conocedores aseguran que lo más probable es que el organismo opte por un "concurso de belleza", con algunos requisitos para los operadores, sin que estos signifiquen una barrera de entrada, tal como lo advirtió la Corte Suprema en su fallo a propósito del concurso de la banda 700 MHz. "Estamos trabajando para ir al TDLC con una propuesta de cap de espectro de rango competitivo. Evaluaremos los estándares óptimos para el desarrollo tecnológico de Chile, lo que implica analizar todas las tecnologías con una mirada de largo plazo. Para ello estamos mirando la experiencia internacional, como las de Estados Unidos, y de países de Europa y Asia", responde la subsecretaria Pamela Gidi. Para este viernes están programados los alegatos en la Corte de Apelaciones Algunos actores de la industria ven que en la misma instancia en el TDLC, la autoridad podría abrir una vía de solución al impasse con algunas operadores. ¿De qué forma? Haciendo el punto de que ya hay empresas que están dando los primeros pasos para la adopción de la tecnología 5G, justamente en la congelada banda 3.400-3.800 MHz. En otras palabras, que en las bases de licitación de la red 5G se "contemplen" que las empresas, que hoy participan en la banda suspendida, ya están participando en el desarrollo de la tecnología 5G. Esto no como una mera declaración de intenciones, indican conocedores. Para este viernes están programados precisamente los alegatos en la Corte de Apelaciones de Santiago, en el marco de esta batalla legal desatada entre la Subtel y las firmas que recurrieron a dicha corte con recurso de protección, alegando por la suspensión de la banda: Entel, a la que luego se sumaron Claro y VTR, mientras Movistar lo hizo, pero en la misma posición que el regulador. En reserva, un ejecutivo de la industria dice que si la Subtel baja el tono de la discusión en el TDLC, habría empresas dispuestas a evaluar desistir de sus alegatos en tribunales. Claro que un abogado experto matiza esta tesis, puesto que asegura que "fue muy violento para las compañías que se les ordenara despejar una porción del espectro adjudicado en concurso público en 2001". Según este jurista, se requeriría un documento oficial levantando la suspensión. No obstante, en la industria coinciden en que este impasse está sujeto a lo que suceda en tribunales y, en última instancia, en la Corte Suprema. Hasta ahora, uno de los argumentos de la autoridad es que licitó a los operadores el derecho a entregar un servicio de tipo fijo inalámbrico en la banda 3.400-3.800 MHz y no para otros fines, y que dado que esta tecnología está en retirada en el mundo, hoy se trata de una banda prácticamente en desuso. Esto, pese a que Entel sostuvo en tribunales que esa banda le permitía entregar servicios a 30 mil clientes de hogares y pequeñas y medianas empresas. Pero cercanos a la Subtel desestiman que esto signifique un real crecimiento, pues el mercado de las telecomunicaciones hoy se mueve en base a millones y no a miles de clientes, dicen. Manuel Araya, gerente de Regulación y Asuntos Corporativos de Entel, asegura que la compañía "siempre estará disponible para contribuir a buscar soluciones y aportar al diseño de políticas públicas que conjuguen la necesidad de todos los chilenos de contar con la mejor tecnología posible de manera oportuna, respetando el marco institucional vigente", afirma. En tanto, Claro señala: "Trabajamos siempre con la autoridad para resolver desacuerdos, con total respeto a la legalidad y de forma transparente, en pos de cautelar nuestros derechos y los de la industria, pero sobre todo los derechos de nuestros clientes". Modelo español Un actor de la industria señala que hay casos de implementación de la red 5G, como el de España, que se podrían tomar como ejemplo. Allí se mantuvieron las condiciones y derechos de las concesiones de la banda 3.400-3.500 MHz, y el Ministerio de Economía subastó 200 MHz por la parte superior de la banda 3.60-3.8 GHz, lo que le significó al Estado recaudar más de US$ 505 millones. Pero la subsecretaria Gidi dice que no es comparable Chile: "El modelo español, y en el mundo en general, se basa en subastas de espectro radioeléctrico, donde la mayor oferta económica obtiene el derecho de una concesión. En el caso chileno, el Estado debe velar por el cumplimiento de un proyecto técnico presentado por la empresa adjudicataria, que maximice el valor social del espectro adjudicado, por lo que no existe un pago por derecho". ¿Cuánta sería la inversión requerida? "La inversión sectorial promedio de los últimos cuatro años ha sido de US$ 1.566 millones, casi un 30% menor que la primera administración del Presidente Piñera, y nuestra meta es retomar ese ritmo y alcanzar los US$ 2.000 millones anuales", indica Gidi. LA META DE INVERSIÓN sectorial del Gobierno es de US$ 2.000 millones anuales.
