La investigación contra Urenda
domingo, 26 de agosto de 2018
Andrés López
Reportajes
El Mercurio
En los próximos días, la Fiscalía Oriente decidirá si formaliza al empresario Gabriel Urenda, al que investiga -junto a su ex gerente comercial, Sebastián González- por posible mal uso de fondos. El perjuicio alcanzaría los $ 8 mil millones. Las declaraciones de las víctimas dan cuenta de cómo se operaba y por qué uno de los hijos de Beltrán Urenda podría enfrentar un escenario muy adverso.
Eran las 11:00 del 7 de junio pasado y el empresario y dueño de Intervalores Corredores, Intervalores Capital y director de Intervalores S.A., Gabriel Urenda Salamanca, se sentó en la Fiscalía de Las Condes para enfrentar su primer interrogatorio en calidad de imputado en la investigación judicial que sorprendió al mercado de instituciones financieras y a su familia, la que dirige el "Grupo Urenda". No era la primera vez que Urenda había sido cuestionado por organismos fiscalizadores del mercado financiero. El hijo del fallecido senador UDI Beltrán Urenda, miembro de una familia ligada al "Grupo Empresas Navieras", ya había sido investigado en abril de 2016 por la SVS y arrastraba conflictos anteriores. Pero la suspensión a las transacciones de su empresa, que hizo en enero la Bolsa de Valparaíso, fue el anuncio de que hoy arriesga mucho más que una multa. En el actual proceso, a cargo del fiscal jefe de la unidad de Alta Complejidad de la Zona Oriente, Felipe Sepúlveda, se indagan los presuntos delitos de estafas, falsificación de instrumento privado y apropiación indebida, vinculados a Intervalores, investigación que comenzó con una querella presentada por la empresa Panor. La firma, dedicada a la comercialización en el mercado nacional de azúcar -de propiedad del grupo guatemalteco Pantaleón-, reclamaba cerca de US$ 1.800.000 entregados a la empresa de Gabriel Urenda que no han sido devueltos. Posteriormente un grupo de clientes denunciaron a la firma Intervalores Corredores a raíz de que los montos que les entregaron para ser invertidos a cambio de una cierta rentabilidad tampoco han sido devueltos. Hasta el momento en ambas aristas el perjuicio indagado llegaría a los $ 8 mil millones. El 21 de junio la Comisión para el Mercado Financiero canceló la inscripción de Intervalores Corredores de Bolsa Ltda. por no cumplir con los índices mínimos de solvencia y patrimonio para funcionar. En medio de esta polémica, Gabriel Urenda se ha ido quedando solo. Muestra de esto es el inserto publicado en El Mercurio con la declaración emitida por la familia Urenda Salamanca a comienzos de julio, en que separó aguas con el ejecutivo. "La situación de los negocios de Intervalores S.A., Inversiones Intervalores Capital Ltda. y del señor Gabriel Urenda Salamanca, y sus implicancias legales, en cualquier ámbito de responsabilidad que eventualmente sea o se establezca, en las instancias correspondientes, se radica única y exclusivamente en ellos o en quien/es además se determine, no correspondiéndoles en consecuencia a sus hermanos o al 'Grupo Urenda' ninguna responsabilidad en ello". Hasta ahora han declarado como imputados Urenda y el ex gerente comercial de la firma, Sebastián González Chambers -ingeniero naval-, contra quien pesa también una denuncia que presentó el dueño de Intervalores, acusándolo de presunta estafa. González niega esta situación y apunta que Urenda usó esos fondos para pagar deudas asociadas a Intervalores. En las 10 páginas de su testimonio, que es parte del expediente del caso, Urenda señala que "a contar de 2012 tuve un quiebre matrimonial y problemas de salud de mi padre que derivaron en su fallecimiento en 2013. En razón de estos problemas decidí, en 2013, encargarle a Sebastián que se hiciera cargo de administrar todas las sociedades, entregándole poderes para poder firmar a nombre de todas las sociedades de Intervalores que estaban operando". La primera alerta Rafael Irarrázabal es gerente general de Panor Limitada desde abril de 2014. En su declaración como testigo explica que el 20 de diciembre su gerente de Administración y Finanzas, René del Pino, encargó a Intervalores Capital S.A. el pago de facturas en el extranjero en dólares, "Para ello, Panor entregó $ 873.000.000 y US$ 450.000; Intervalores tenía que cambiar los pesos por dólares y pagar todas las facturas de manera inmediata". La cuenta que se ocuparía para la transacción estaba en el Deutsche Bank en EE.UU. El 12 de enero de 2018 se generó la alerta. Ese día, Panor recibió un correo de una firma relacionada en que reclama "los pagos de las facturas en cuestión, lo que nos causó mucha extrañeza, dado que varios días antes habíamos efectuado los depósitos a Intervalores, asumiendo que los pagos se habían efectuado e incluso Intervalores nos había remitido el Swift que daba cuenta de la realización de la gestión", declara Irarrázabal. "El 17 de enero, Sebastián González nos envía un e-mail en el que señala que aparentemente el pago de las facturas de Pantaleón está retenido en el Deutsche Bank por compliance y al día siguiente nuevamente por e-mail nos ratifica de ello. En este correo del 18 de enero aparece copiado el gerente general de Intervalores Capital, Gabriel Urenda Salamanca", agrega. Otra de las situaciones sospechosas -de acuerdo al ejecutivo de Panor- fue que González reenvió un correo del 5 de enero del área del Deutsche Bank denominada "Regulatory Investigations". "Este correo nos generó muchas dudas dada la extraña redacción, la falta de logos o formalidades, que esté todo escrito en mayúsculas y que haga referencia a una consulta del 2 de enero, puesto que supuestamente Intervalores se entera solo el 12 de enero que las facturas no están pagadas (...) El 25 me junté con Urenda, González y Del Pino, reunión solicitada por ellos, en la que acordaron devolvernos el dinero, a través de un plan de pago (...) El 8 de febrero pusieron a nuestra disposición US$ 250.000 (...) El 8 de marzo tuvimos una reunión en las oficinas de nuestros abogados con Urenda y González. En esa reunión, Urenda nuevamente aludió a la retención bancaria por compliance , lo que fue muy cuestionado por nosotros, ante lo cual Urenda, sin reconocer que era mentira, se comprometió a suscribir una escritura pública para reconocer y pagar. Quedó de comparecer a la notaría, cosa que no hizo y se nos indicó que Urenda se retractó de lo que se había comprometido el día anterior. El perjuicio de nuestra empresa es del orden de US$ 1.800.000, que corresponde al monto de las 34 facturas impagas", finaliza el ejecutivo. ¿Fue un engaño ese correo electrónico? Urenda se refiere a este punto en su declaración como imputado: "Se ve raro el reporte del banco que usted me exhibe (el fiscal), el cual no tiene timbre ni logo del banco (...) También me genera dudas la forma de redacción del correo y formato del mismo". Luego apunta sus dardos a su ex gerente comercial: "En febrero de 2018 (...) González me confiesa que el pago no se podía realizar debido a que estaban pagando muchas operaciones y no les habían alcanzado los saldos, pero que lo iba a pagar apenas existieran los saldos (...) También le pregunté por el tema del compliance; él me dijo que era una excusa que le había dado a Panor, para tranquilizarlo, pero que no era efectivo lo señalado en su oportunidad, motivo por el cual decidió mentirle al cliente (...) Con respecto al cambio de conducta patrimonial de Sebastián, según la información levantada, se observa un desvío de $ 700 millones producto de sobresueldos que no correspondían". Panor adjuntó al expediente los correos enviados por ejecutivos de Intervalores, junto con los chats de Urenda. El abogado de González, Ignacio Reid, indicó a "El Mercurio" que "en el caso concreto de Panor, Urenda suscribió un aumento de capital para inyectarle fondos a la corredora para poder cumplir con la garantía mínima que le exigía la Bolsa de Valparaíso para seguir funcionando. De acuerdo a lo declarado por mi defendido, los dineros de ese aumento de capital corresponden en parte a los fondos entregados por Panor. Otra parte de esos fondos sirvió para pagar a otros acreedores de los llamados 'mandatos de administración'". De acuerdo a antecedentes de la fiscalía, estos mandatos afectarían a cerca de 50 personas y cuyo perjuicio llegaría a $ 8 mil millones. Esta es la otra arista que surgió luego de que se conocieran los problemas financieros de Intervalores. "El negocio no da" El 7 de junio, la PDI tomó declaración a un médico cirujano, uno de los primeros denunciantes. El doctor se sentó en frente de los policías y les contó que su relación con la firma de Urenda partió porque la utilizaba para pagar a sus proveedores de su empresa (importadora) en el extranjero. Decidió invertir en un "pacto de retrocompra" y en forwards (compra y venta de dólares). Pero hubo pérdidas y en septiembre de 2016 les pidió una reunión a Urenda y a González para manifestarles su molestia. "Debido a esta situación que se me ofreció un nuevo producto consistente en un fondo administrado con rentabilidad del 0,8% mensual garantizado y con ello se compensaba la pérdida que había tenido (...) Se me explicó que esto solo se lo ofrecen 'a unos pocos clientes'". Para tener una inversión exitosa, el denunciante declara que tomó dos créditos de consumo por un total de $ 200 millones y alcanzó a pagar $ 100 millones. Pero en marzo de este año recibió la mala noticia. "El 17 de abril solicité una reunión urgente con Gabriel Urenda para saber qué estaba ocurriendo. El me indicó que tiene un 80% arreglado un negocio para la incorporación de nuevos socios, lo que se concretaría a fines de abril. El 29 de abril era la fecha de vencimiento de los fondos de forward y del mandato de administración, (...) (una ejecutiva) me informó que Sebastián González dejó renovados los contratos automáticamente hasta el 15 de mayo. Le expliqué que es imposible, pues, según contrato firmado entre las partes, cualquier renovación solo puede ser autorizada por mi persona. De hecho, me dice que no retire el dinero y me puede asegurar una rentabilidad a mis fondos de forward garantizado del 1,5%". Finalmente agrega que "me reuní en varias oportunidades con Gabriel Urenda, quien me indicó que la única forma de pagarme mi dinero que correspondía a $ 440 millones sería conseguir los fondos con el apoyo de su familia. También en esa oportunidad le expliqué mi gravísima situación económica dado el pago del crédito de consumo, pago del pie para compromisos de bienes raíces, utilización de línea de crédito y me explicó que él no tiene cómo pagarme, agregando que las oficinas de Intervalores las tiene hipotecadas y que incluso vendió la casa en que vivía (...) Finalmente quiero señalar que Gabriel Urenda Salamanca ha estado al tanto en todo momento de lo antes descrito; me ha engañado continuamente con datos y noticias inexistentes del buen estado financiero de Intervalores y todas las empresas asociadas a esta". Otra de las denunciantes que declaró ante la PDI indicó que ella hizo una inversión bajo un 0,6% mensual del capital invertido. En 2018, señala que González le dijo "que su empresa debía dejar de operar como intermediarios bursátiles porque el negocio 'no da', así que me transfirió la totalidad de mi inversión con los intereses que gané, lo que asciende a $ 46.587.787". Luego reinvirtió el dinero y pidió sacar un millón de pesos. "Procedí mediante un correo electrónico a solicitar el rescate total de lo que había invertido, ya que me parecía insólito que no tuvieran el dinero para entregarme un millón de pesos. (una ejecutiva en una reunión posterior) me señaló que el problema radicaba en que Sebastián González había hecho un desfalco y había sido desvinculado de la empresa". Cuando se pudo entrevistar con Urenda para pedirle el rescate de la inversión, este le manifestó que "no existía posibilidad de eso, ya que no estaban los fondos, pero él haría todo lo posible para pagarles a sus clientes". Ángel Valencia, abogado que representa a ocho afectados, manifestó que estas personas "en base a engaños sobre el supuesto buen estado de los negocios vieron la posibilidad de realizar inversiones sujetas a una rentabilidad fija que serían administradas de una fórmula en que se les daría cuenta de las operaciones, pero hoy se les ha señalado que sus dineros ya no están y sin indicar el paradero de los mismos y sin que haya constancias de que esas inversiones se hayan realizado. El perjuicio para estas personas fue de $ 1.600 millones". Además, solicitó a la fiscalía que citara como testigos a los hermanos de Urenda para que expliquen en qué situación están los derechos de la millonaria herencia de sus padres y que la PDI haga un levantamiento patrimonial de Gabriel Urenda y sus sociedad relacionadas porque "él ha manifestado no tener bienes, ni el dinero entregado en administración. Es de público conocimiento que Urenda heredó una millonaria fortuna junto a sus hermanos y ha trascendido que su participación en ella la habría cedido a un precio ruinoso", señala el escrito del abogado. A mediados de año, Urenda denunció a la fiscalía a Sebastián González -quien fue despedido el 18 de abril-. "La falta a la probidad que causó su desvinculación consistió en la sustracción fraudulenta de dinero que se encontraba en la cuenta corriente de Intervalores S.A. y otras sociedades relacionadas, aparentando supuestas comisiones y/o remuneraciones inexistentes (...) Hice aportes por la suma aproximada de $ 2.500.000.000. Mayúscula fue mi sorpresa al percatarme, una vez que se fue el denunciado de la empresa, que los aportes en dinero realizado por mí fueron sustraídos", dice la denuncia. El abogado de González, Ignacio Reid, señala que "esto responde a una estrategia del señor Urenda con el fin de desligarse de su propia responsabilidad en los hechos. Es completamente inverosímil y falso que el señor Urenda no supiera lo que ocurría en el holding ". Reid dice que González ha entregado nuevos antecedentes a la fiscalía. Fuentes del Ministerio Público indican que está colaborando y que respecto a Urenda se tomará una decisión de su situación procesal en los próximos días. Es decir, se zanjará si será o no formalizado. "Mi defendido entregaba buena parte de sus remuneraciones a Urenda para cubrir las múltiples deudas de sus empresas", señala Reid. Respecto de los "mandatos de administración", Reid dice que "lo que mi defendido aclaró en la fiscalía es que esos dineros se empleaban para los negocios reales de las compañías del holding , en especial, compra y venta de divisas. También para cubrir los gastos operacionales de las empresas del holding . Lo que pasa es que el negocio era históricamente deficitario; sencillamente 'no daba'. Que yo sepa, al menos, aquí no hubo apropiación de esos fondos, al menos no de parte de mi defendido". "El Mercurio" contactó a la defensa de Gabriel Urenda Salamanca, pero declinaron realizar declaraciones sobre el tema.
