lunes, 07 de julio de 2008
R. ÁLVAREZ, A. BARRÍA y R. MARTÍNEZ, Copiapó/Punta Arenas
Economía y Negocios, El Mercurio
Contra los pronósticos de atochamiento inicial, las regiones "piloto" de Atacama y Magallanes no llegan a las 100 causas de mayor cuantía. Los acuerdos previos descomprimen el sistema. La rapidez, eso sí, marca una diferencia en los procesos. Reclamos judiciales de empresas duraron entre 23 y 25 días en resolverse, siendo que antes tardaban un año y medio.
Luego de la entrada en vigencia de la reforma a la justicia laboral en la regiones "piloto" de Atacama y Magallanes, las señales hoy se alejan de los pronósticos iniciales de "explosivo aumento" o de un eventual "atochamiento" surgido tanto de voces sindicales como empresariales, previo a su estreno el 31 de marzo.
Las proyecciones iniciales para el debut de la reforma hablaban de unas 6.893 causas en Atacama y de 1.866 en Magallanes. En la práctica, hasta ahora se ha visto un bajo nivel de judicialización. Antes, cerca del 20% de los conflictos de Atacama terminaba en juicio, lo que no ha ocurrido con el nuevo sistema. En Magallanes, donde la cifra era cercana al 5%, la situación se ha "mantenido" y está en 4,3%.
Lo que sí se nota es la rapidez: por ejemplo, reclamos judiciales de empresas por multas de la Dirección del Trabajo duraron entre 23 y 25 días en resolverse, siendo que antes tardaban un año y medio.
Sin traumas
El Juzgado del Trabajo de Punta Arenas concentra la mayor cantidad de demandas en el ámbito laboral de la Región de Magallanes, operando sin grandes traumas. Recibió sólo 53 causas entre el 31 de marzo y el 10 de junio, de las que 29 ya están terminadas.
Según el director del Trabajo, Ernesto Sepúlveda, en el caso de esta región este hecho era esperable. Se suponía que el incremento de causas judiciales no sería sustancial, más aún por el bajo índice de desempleo (2,7%), el que ayuda a la menor existencia de conflictos laborales.
El seremi del Trabajo de Magallanes, Rodrigo Enríquez, reconoce que, en este ámbito, la posibilidad de que existan litigios es mucho menor con respecto a los tribunales de familia. "Además, en materia laboral existen cortos plazos de caducidad y de prescripción de los derechos, que si no se reclaman es muy difícil que puedan realizarse", señala Henríquez.
De hecho, de todas las consultas registradas en la Inspección del Trabajo, cerca del 5% llega a la instancia de la judicialización, con causas por sueldos impagos o despidos injustificados. Un "filtro" opera previo a los procesos. En Magallanes, de las 805 causas recibidas por la inspección del Trabajo entre enero y mayo, apenas 4,3% quedaron para ir a juicio.
La jueza del Tribunal del Trabajo de Punta Arenas, Cecilia Agüero, dice que el flujo de procesos no ha sufrido incrementos, en cambio, destaca la mayor rapidez en su tramitación que ofrece el sistema.
En Atacama tampoco se vive la presión anunciada. Han ingresado 35 causas de procedimiento general, que son las que revisan casos de mayor cuantía -superiores a $1.440.000-, casi siempre por el reclamo de indemnizaciones.
Las inferiores a esa cifra suman 35, otras 10 fueron por reclamos de empresas a multas de la Dirección del Trabajo.
Más significativas son las 500 causas ingresadas al tribunal de Copiapó, la mayoría por cobranzas judiciales que reclaman las AFP. César Torres, presidente del Tribunal Laboral de Copiapó, cuenta que una de las ventajas del nuevo sistema es que los jueces, al estudiar las causas antes de realizar las audiencias preparatorias de los juicios, pueden proponer acuerdos a las partes involucradas.
"Esperábamos que como los plazos de los procedimientos son muy acotados (una causa no puede sobrepasar los 30 días desde que ingresa al tribunal), los demandantes prefirieran llegar hasta el juicio oral, pero la mayoría llegó a acuerdo antes de eso", dice.
El seremi de Justicia de la Región de Atacama, Freddy Arancibia, está conforme con el flujo de causas, pero ha recibido reclamos de los sindicatos zonales porque las defensorías laborales sólo pueden asesorar a trabajadores que ganen menos de 400 mil pesos mensuales, lo que para esa zona minera parece un límite inadecuado.
En Magallanes, de las 805 causas recibidas por la Inspección del Trabajo entre enero y mayo, apenas 4,3% quedaron para ir a juicio
Gobierno satisfecho con el funcionamiento de la reforma
Para el subsecretario de Justicia, Jorge Frei Toledo, el sistema claramente ha dado resultados de un buen funcionamiento en términos de eficacia, transparencia, oralidad e inmediación, "que significa que los trabajadores pueden contar su versión de los hechos que los aquejan mirando a los ojos a los jueces".
El subsecretario asegura que las expectativas que tanto el Gobierno como el Poder Judicial tenían respecto del funcionamiento de la reforma se han cumplido plenamente, y que los aumentos explosivos de causas que se temieron antes de su entrada en funcionamiento no se han producido.
Así funcionan los avenimientos en la nueva justicia
El 23 de abril pasado, el técnico Alonso Cárdenas recurrió al Juzgado del Trabajo de Punta Arenas con una demanda por despido indirecto en contra de su empresa empleadora del rubro de la computación.
En su demanda, Alonso Cárdenas explicó que mantenía contrato indefinido desde junio de 1995, pero desde hace un año y medio el pago de su sueldo mensual comenzó a retrasarse cada mes, así como también los pagos de sus cotizaciones previsionales se hicieron irregulares desde 2005 a la fecha.
Por eso decidió -el 9 de abril pasado- hacer su carta por despido indirecto, argumentando que el incumplimiento en el pago oportuno de su sueldo y de las cotizaciones previsionales son causal del término de contrato dispuesto en el artículo 160, número 7 del Código del Trabajo.
Al pedir su despido, Alonso Cárdenas también exigió el pago de $4,8 millones de la empresa, monto que consideraba sueldos impagos, cotizaciones adeudadas, indemnización por años de servicios y feriado proporcional.
El 27 de mayo se realizó la audiencia preparatoria, fijándose el juicio para el pasado 5 de junio, fecha en que ambas partes llegaron a completo avenimiento.
La empresa ofreció pagarle a Alonso Cárdenas la suma de $2.500.000 en 10 cuotas de $250.000 cada una los días 15 de cada mes.
Ante esto, Cárdenas se desistió de seguir adelante con las acciones legales en contra de la empresa, sin mayor trámite que un par de días de visita al tribunal.
Empresarios aplauden rapidez
"Esta nueva justicia agiliza las cosas, tanto para los empleados como para los empleadores; pone las reglas del juego claras y resuelve pronto los casos, lo que es muy bueno para la productividad de las empresas que no se ven entrampadas en largos litigios judiciales", dice Rodrigo Moreno Prohens, el empresario agrícola de Atacama.
En la zona austral, Marcos Ivelich, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Magallanes, celebra la rapidez del sistema y opina que "hay un balance positivo en la implementación de la reforma. Y cuando hay algún desencuentro se logran avenimientos".
