sábado, 05 de julio de 2008
EDUARDO OLIVARES C.
Economía y Negocios Online, El Mercurio
Un caso apunta al desorden administrativo al interior de la Subsecretaría. El otro, a problemas en la gestión del DPI.
No llevaba ni tres semanas como ministro de Economía cuando Hugo Lavados, en conjunto con el recién nombrado subsecretario Jean Jacques Duhart, convirtieron una auditoría interna -impulsada en noviembre por el ex ministro Alejandro Ferreiro- sobre esa subsecretaría en un sumario.
Hace dos semanas, el mismo Lavados se enteró de que otro sumario se estaba abriendo, esta vez en el Departamento de Propiedad Industrial (DPI). En ese caso, sin embargo, la acción fue instruida por la Contraloría General de la República.
Caso 1: Subsecretaría
Dado que el proceso en la subsecretaría está en investigación y debe regirse por el secreto, tanto el ministro como el subsecretario guardan silencio sobre el contenido.
El foco está puesto en la gestión de la ex subsecretaria Ana María Correa.
"En julio, en caso de que decidamos aplicar sanciones, lo enviaríamos a la Contraloría para su toma de razón. El proceso completo podría cerrarse en agosto", explica Duhart.
Funcionarios del ministerio cuentan que el sumario investiga tanto si el nombramiento de algunos cargos siguió los procedimientos que correspondían, y en especial por un desorden presupuestario. Esto último implica que se gastaron más recursos que aquellos disponibles.
Caso 2: DPI
Hace casi tres semanas, a Lavados le llegó un informe de la Contraloría sobre la gestión en el DPI entre 2005 y mayo de 2007, que ameritaba la apertura de un sumario del ente revisor. Como Bernardita Escobar llegó al puesto en octubre de 2006 en reemplazo de Eleazar Bravo, el ministro decidió suspenderla de sus funciones mientras durara la indagación, y la incorporó al equipo que analiza los convenios internacionales de Chile en materia de propiedad intelectual.
"Quiero ver qué dice la Contraloría. No creo que haya habido algún tipo de irregularidades o faltas. Tengo absoluta confianza en Bernardita, y si todo sale (bien), ella retomará su lugar", dice el ministro.
Como suplente asumió el abogado Cristóbal Acevedo Ferrer. Llegó aplicando mano dura, al constatar que el sistema informático y algunas prácticas eran obsoletos, cambió algunos funcionarios, y estrenará un nuevo soporte digital. El sumario se basa en sospechas de responsabilidades administrativas por incumplimientos en los plazos de resultados de patentamientos (el promedio es de 7,5 años, el doble del estándar europeo), falta de controles y una presunta negligencia en el manejo contable. Se hizo una conciliación bancaria, y lo curioso es que el resultado fue un saldo positivo de $11 millones por cuentas anteriores a 1995.
El objetivo final de Acevedo, sin embargo, es tomar el DPI para conducirlo sin problemas a su transformación en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), en enero.
