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Gte. general, Ricardo García, acusa "ambiente institucional vulnerable" y pide "cuidar el derecho de propiedad". El segundo mayor grupo pesquero del país está preocupado por el proyecto que pone fin a la renovación automática de los permisos de captura, también por restricciones a la pesca de arrastre y a las "perforaciones" en zonas ligadas a los artesanales.

Camanchaca afirma que "el sector pesquero es acosado y discriminado" y pone en revisión nuevas inversiones por US$ 60 millones

jueves, 16 de agosto de 2018

Marco Gutiérrez y Luis Musquiz
Economía y Negocios
El Mercurio




Entre aguas calmas y muy agitadas navega Camanchaca. El grupo salmonero y pesquero ligado a Jorge Fernández Valdés avanza con tranquilidad por el crecimiento que advierte en la industria de la acuicultura y por los datos de recuperación de algunas pesquerías, que le dan cierto optimismo para delinear planes en el ámbito extractivo. En este último rubro, que representa cerca del 30% de sus ingresos, participa en el sector de anchoveta y jurel.

Pero a la segunda mayor empresa pesquera del país le preocupan cambios a la regulación del sector y proyectos que se discuten en el Congreso, por su efecto en la industria y la economía. El fin a la renovación automática -a 20 años- de los permisos de captura, las restricciones a la pesca de arrastre y a las "perforaciones" en zonas vinculadas a actores artesanales son algunas de las iniciativas del Ejecutivo o impulsadas por parlamentarios que inquietan a la firma.

Así lo reconoce el gerente general de la Compañía Pesquera Camanchaca, Ricardo García, quien señala que ese escenario de incertidumbre los lleva a poner en revisión proyectos por más de US$ 60 millones.

-¿Están conformes en el área de pesca extractiva?

"Estamos muy conformes, en el sentido de que Salmones Camanchaca tiene un plan de crecimiento y le ha ido bien. Históricamente, nuestra área pesquera era el 40% a 45%. Este año y los próximos, a medida de que se consolide la condición normal del océano (post fenómeno de El Niño), vemos con interés una recuperación de la pesquería del jurel".

-Por una parte se ve recuperación de pesquerías, pero hay varios cambios que afectan al rubro, ¿cómo conviven con ese escenario?

"La empresa vive ese escenario, confieso, con angustia, porque consideramos que el sector pesquero es acosado; somos acosados injustamente, discriminados en un ambiente institucional vulnerable con los proyectos que hoy se están presentando. Hay algunas iniciativas del Ejecutivo y otras que han surgido en el propio Congreso, pero todas vulneran la propiedad privada del sector pesquero, afectan nuestros derechos, la actividad, ponen elementos de incertidumbre económica, elementos de incerteza jurídica que obviamente hacen muy complejo el manejo de las compañías".

"No hay nada más importante para el emprendimiento, la inversión, innovación, capacitación de los trabajadores, que la claridad sobre los derechos de propiedad. En los derechos de propiedad es donde descansa el interés por hacer algo. Si donde tengo que poner energías, recursos, arriesgarme y si mi esfuerzo cuando me va bien no será mío, se nos desarma la columna vertebral de la iniciativa privada que es el motor del desarrollo. No existe país en el planeta que haya alcanzado el desarrollo, si no es con la empresa y la iniciativa privada".

"Quien quiera inversión, desarrollo, crecimiento, el que quiera eso, tiene que cuidar el derecho de propiedad".

-¿Cuál es el tema que más les golpea?

"Todo es malo. Todo es negativo y adverso para la pesca industrial. Este es un sector de la economía que surge en la década del 30, cuando los primeros pesqueros industriales, en ese entonces no muy sofisticados, comienzan a aventurarse en esto".

"Los pesqueros industriales fueron haciendo patria en un mar inexplorado. Eso implicó emprender, arriesgar; algunos quebraron, otros perdieron las casas, a otros les fue bien. Ese hacer patria se expresó en los permisos de pesca indefinidos que el Estado de Chile les otorgó a esos primeros emprendedores".

"En la Ley de 2013, el Estado de Chile nos dio la opción de permanecer con los permisos de pesca indefinidos o cambiarlos por las licencias transables de pesca renovables a 20 años. Todas las pesqueras industriales sometieron esto a sus directorios y finalmente escogimos la opción de cambiar, porque nos parecía que, pese a que generaba costos mayores y tenía otros problemas como la pérdida del fraccionamiento de las pesquerías, confiábamos que la administración sustentable de los recursos tendría beneficios en el futuro. Si hubiésemos sabido que el Estado, cinco años después, nos iba a quitar unilateralmente eso, no habríamos optado por ello y habríamos visto otros caminos. Nos parece que es abusivo".

"El costo que se nos introdujo fue el royalty . Es un gravamen específico a las licencias transables de pesca, independiente de si capturamos o no. En el caso de Camanchaca, estamos pagando más del doble de impuestos de los que cancelábamos en 2013, teniendo menos pesca. Además es discriminatorio porque el 60% del sector pesquero (artesanal) no paga esos impuestos".

-¿Cuáles son los proyectos que tienen previstos para el ámbito pesquero?

"Uno de ellos es en el norte de Chile. El Puerto de Iquique nos ha pedido que dejemos las instalaciones que Camanchaca ha operado desde la década del 60. Después de negociaciones pudimos extender el plazo de permanencia a 2021, cuando debemos contar con nuestra nueva planta en el sector industrial de Iquique, y que ha sorteado con éxito los caminos medioambientales. Estamos a la espera de las aprobaciones de las concesiones marítimas para iniciar ese proyecto. Haremos la planta de harina y aceite más moderna del mundo, con una inversión de US$ 35 a US$ 40 millones. Asimismo, estamos mejorando nuestra flota pesquera, agregando sistemas de refrigeración para mantener la pesca fresca, lo que nos da eficiencia".

"Por otra parte, ante la recuperación del jurel que advertimos, vemos con buenos ojos aumentar nuestras capacidades para hacer más jurel congelado para los mercados internacionales, para consumo humano. En conjunto, entre el sur y el norte, los proyectos exceden los US$ 60 millones en los próximos años. Son iniciativas buenas para la comunidad, el medio ambiente y el Fisco, porque vamos a pagar impuestos si nos va mejor".

-¿Harán esas inversiones pese al escenario de cambios al sector?

"Evidentemente uno tiene que cruzar estas perspectivas interesantes que tiene la compañía y el sector con la realidad que el país nos está poniendo y esa realidad es dramática, angustiante".

-¿Los planes están sujetos a lo que pase con los cambios?

"Todo plan de inversión está sujeto a la condición institucional, jurídica, que uno enfrente y cuando la conozca en detalle y sea un hecho, tendremos que evaluar y actuar en consecuencia".

-¿Hay más nubarrones para la pesca?

"El tema de la pesca de arrastre nos parece inconcebible. Ningún país de la OCDE prohíbe el arrastre. El único en América Latina que lo restringe es Venezuela. El 80% de la pesquería que se destina a consumo humano es a través del arrastre y los países han aprendido cómo regular el arte de pesca para que no cree problemas en el medio ambiente".

"Otra cosa que es completamente inexplicable son las perforaciones o cinco millas que se está hablando de eliminarlas para todo Chile. Si ha habido perforación de las cinco millas en el norte no ha sido por un capricho. Los únicos que han llegado a pescar donde no hay nadie, donde hay murallones de desierto, son los pesqueros industriales, que capturan y llevan el recursos a las plantas. Eso requiere embarcaciones grandes y potentes, para llegar con los productos en buenas condiciones. Un artesanal puede llegar ahí, pero si tiene que navegar dos a tres días con la pesca, lo que llevará al puerto estará descompuesto. El proyecto de iniciativa parlamentaria para eliminar la facultad que tiene el Ejecutivo de conceder la perforación cuando hay acuerdos regionales, no tiene ningún sentido".

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