El Parlamento de Nueva Zelandia aprobó ayer una ley que prohíbe, salvo excepciones, que los extranjeros compren viviendas en el país, con el objetivo de contener las especulaciones y ofrecer a los nacionales un mayor acceso al mercado inmobiliario. La regulación es una promesa electoral de la Primera Ministra laborista, Jacinda Ardern, quien acusa a fondos foráneos de especular en el mercado de la vivienda y elevar los precios con sus compras, con lo que deja a muchos neozelandeses sin la posibilidad de tener una casa propia. La regulación, sin embargo, solo afecta a las casas ya construidas, por lo que los extranjeros todavía podrán adquirir departamentos en edificios nuevos, y exime a los ciudadanos de Australia y Singapur, con los que Nueva Zelandia mantiene tratados de libre comercio.