"Lo que está en riesgo con este proceder no son los cargos de los jueces de la Corte Suprema, sino la autonomía"
sábado, 11 de agosto de 2018
CINTHYA CARVAJAL y Jaime Sánchez
Política
El Mercurio
Los 14 supremos presentes decidieron defender la independencia de los jueces tras críticas por fallos en que se concedieron seis libertades condicionales.
El Pleno de la Corte Suprema decidió realizar un pronunciamiento al tomar conocimiento de la acusación constitucional que prepara un grupo de congresistas de la oposición por las sentencias de los integrantes de la Sala Penal que han votado a favor de conceder libertades condicionales a condenados en causas de violaciones a los derechos humanos. La declaración pública, que consta de cinco puntos (ver recuadro), tuvo su génesis en una propuesta del presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, que fue quien planteó el tema en la sesión de ayer. Si bien la decisión fue unánime de los catorce ministros presentes, costó cerca de dos horas que los supremos se pusieran de acuerdo en el tono del pronunciamiento. En lo que todos coincidían era en hacer una declaración, pero las diferencias estaban en si este era o no el momento. Las ideas consensuadas en el Pleno fueron no realizar una defensa corporativa a los ministros de la Sala Penal, sino que salvaguardar la autonomía del Poder Judicial y la independencia de los jueces a la hora de dictar resoluciones, como una garantía de quienes recurren a los tribunales. Otro de los puntos que quisieron destacar, antes de que se interponga la acusación constitucional contra algunos de los ministros, era defender el Estado de Derecho. "Lo que está en riesgo con este proceder no son los cargos de los jueces de la Corte Suprema, sino la autonomía indispensable para su desempeño y, por ende, la vigencia del Estado de Derecho", sostienen en su declaración. El máximo tribunal además alertó acerca de la importancia de contar con un juez independiente e imparcial y de las consecuencias que podría tener que las argumentaciones de una resolución judicial sean revisados "por un organismo extraño y por vías diferentes de la jurisdiccional". La decisión fue unánime de los catorce magistrados presentes: Brito, Sergio Muñoz, Carlos Künsemüller, Rosa María Maggi, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Juan Eduardo Fuentes, Lamberto Cisternas, Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Arturo Prado y Ángela Vivanco. En el Pleno de ayer no estuvieron cinco integrantes de la Corte Suprema: Hugo Dolmestch (presidente de la Sala Penal), Héctor Carreño, Guillermo Silva, Ricardo Blanco y Carlos Aránguiz. Hay dos vacantes pendientes, de los 21, luego de la jubilación de los ministros Carlos Cerda y Milton Juica. Sala Penal dice que están aplicando la ley En las últimas semanas algunos de los integrantes de la Sala Penal han acogido los recursos de amparo de seis condenados por delitos de lesa humanidad y en un caso fue rechazado. Hasta ahora, no hay un fallo con los cinco ministros titulares, ya que en reemplazo de algunos de ellos, han ingresado abogados integrantes. Los integrantes de la Sala Penal conversaron el miércoles con "El Mercurio" acerca de esta polémica y coinciden en que están "aplicando la ley vigente" y en que no hay abandono de sus deberes, uno de los requisitos para interponer una acusación constitucional. Los ministros Dolmestch y Künsemüller son partidarios de otorgar la libertad condicional si se cumplen los requisitos objetivos, por ejemplo, buena conducta; el de tiempo: que el condenado haya cumplido la mitad o dos tercios de la pena, dependiendo del delito de que se trate. No piden el arrepentimiento o colaboración. Cisternas, si bien concede el beneficio si se cumple con los requisitos, aumenta la exigencia si la persona está en prisión por más de un delito e impone los dos tercios de la pena al momento de postular. Valderrama, por su parte, la concede pero con la excepción de que cuando hay varios delitos -con mitad algunos y dos tercios otros- exige la suma de la mitad y los dos tercios. Además, si el condenado tiene procesos pendientes, no la otorga. Dahm ve caso a caso. A los condenados por secuestro calificado les exige haber cumplidos los dos tercios de su condena, basándose en el Estatuto de Roma, el que Chile ratificó en 2009 que establece para delitos de lesa humanidad: colaboración en la investigación y arrepentimiento. ''El artículo quinto de la Constitución, que va a ser el principal fundamento de la acusación, establece que la soberanía depositada en los poderes del Estado tiene un límite". .................................................... Manuel Monsalve Jefe de bancada del PS ''Esto es tan grave, que una simple mayoría parlamentaria pudiese acusar y destituir a nuestros jueces porque no les gustó un fallo. Con eso se termina la independencia judicial". .................................................... Andrés Chadwick Ministro del Interior "Asumimos claramente que tenemos una prohibición constitucional de revisar los fundamentos de las resoluciones judiciales y que los tratados internacionales de DD.HH. suscritos deben aplicarse". ..................................................... Matías Walker Jefe de bancada DC "Esto es una lógica chavista de estar acusando a los poderes del Estado, amenazándolos, si es que no actúan como ellos quieren. Es una especie de chantaje, de amenaza a la Corte Suprema". .................................................... Mario Desbordes Diputado y presidente de RN
