Cierre de Iansa en Linares: El recálculo del impuesto verde que estudia el gobierno para evitar la crisis en el Maule
domingo, 22 de julio de 2018
Nicolás Durante y Azucena González.
Economía y Negocios Domingo
El Mercurio
os primeros días de agosto, cuando las "heladas" empiezan a disminuir, los agricultores dedicados a la producción de remolacha azucarera comienzan a trabajar la tierra para sembrar y luego, entre febrero y marzo del próximo año, cosechar y vender a la única fuerza de compra de su producto en Chile: Iansa. Pero por estos días la incertidumbre es generalizada en la zona de Linares, al sur de la región del Maule, porque la histórica planta de esa ciudad no recibirá remolacha el próximo año y los agricultores que quieran comercializar deberán recorrer 107 kilómetros para llegar a la planta de Iansa en Chillán, a su propio costo. El cierre de la planta de Linares de Iansa abrió una polémica, principalmente por las 1.900 personas que se verían afectadas en una zona ya golpeada económicamente -según cálculos afinados por el gobierno-, activando por ello, las alarmas del Ejecutivo, que ha centrado esfuerzos de negociación e interlocución a través del ministro de Agricultura, Antonio Walker. Tras varias semanas de tratativas, La Moneda aspira a destrabar el conflicto ofreciendo un cambio normativo que recalcule el impuesto verde a pagar por la agroindustria, lo que ya estaría visado por La Moneda, a cambio de que Iansa asuma, en parte, el costo de transporte de la remolacha desde Linares a Chillán, y reevalúe continuar con la operación de la planta después de la temporada 2019. El precio internacional del azúcar ha caído 30% Las explicaciones que ha dado la compañía, controlada por la inglesa ED&F Man y Campos Chilenos, para restringir el próximo año la producción de azúcar solo a las plantas de Chillán y Los Ángeles, es que desde hace varios años la industria azucarera nacional está enfrentando una serie de factores que la afectan profundamente, y que ha derivado en una importante reducción en la superficie de remolacha sembrada. "Estimamos que para la cosecha 2019, ésta disminuirá a alrededor de 14 mil hectáreas, sin duda, un nivel que nos impediría seguir operando 3 plantas", explicó la empresa en una declaración el 27 de marzo, agregando en dicha comunicación que los factores más relevantes son la caída en los precios internacionales del azúcar; la entrada en vigencia de la Ley de Etiquetado en el país -con la consiguiente disminución en el consumo-; y los mayores costos derivados de la aplicación de los impuestos verdes "a algunas de nuestras plantas". El trasfondo de la decisión de Iansa, explican conocedores, es que desde 2003 -cuando se reformularon las bandas de precio-, la firma debe competir sin ningún tipo de protección con el mercado internacional, que en la actualidad pasa por un momento de excedentes, lo que ha derrumbado el precio internacional del azúcar y sin la expectativa de que haya un vuelco en este escenario en el corto a mediano plazo. En simple, mientras el precio internacional del azúcar ha caído del orden de 30%, el precio que Iansa paga a los agricultores remolacheros solo descendió 8% en el mismo período, si se consideran los US$ 47 por toneladas que la empresa agendó que pagará para la temporada 2019, frente a los US$ 51 por tonelada de la cosecha 2018 (precio negociado en marzo 2017). Y si Iansa ajustara aún más los precios a la baja para ser competitiva con la producción externa, se quedaría sin agricultores interesados en contratar, afectando a todas las hectáreas de cultivo y no solo a una zona. Este escenario explica que en su negocio agroindustrial -o sea, la producción de azúcar-, Iansa pierde dinero y el cierre de Linares apunta a aminorar esa situación. Los estados financieros de la compañía lo reflejan: al primer trimestre de este año, dicha unidad de negocios perdió US$ 2,3 millones; durante todo 2017 reportó pérdidas por US$ 9,1 millones, y en 2016 llegó a números rojos por US$ 15,5 millones en el mismo segmento de negocios. La intervención del gobierno y la moneda de cambio: el impuesto verde Hoy el encargado de la negociación por parte de la empresa es el agrónomo Raimundo Díaz, gerente general de Iansa Ingredientes, y quien fuera gerente agrícola de la compañía por varios años, luego de que el histórico gerente general corporativo de Empresas Iansa, José Luis Irarrázaval, decidiera renunciar a dicho cargo hace unas semanas, una decisión que se materializará el 31 de agosto, y que no guarda relación con este proceso en la compañía. Fuentes al tanto explican que para buscar un sucesor, Iansa trabaja con la firma de head hunter Spencer Stuart. Por el gobierno, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, es quien personalmente ha liderado el tema, ha ido a Linares y se ha reunido con el presidente de Iansa, Joaquín Noguera, y con el propio Díaz. Dentro de las conversaciones con la empresa fue que surgió el tema del impuesto verde que paga Iansa y que asciende a US$ 1,3 millones anuales. "Empezamos a averiguar y vimos que en la agroindustria hay varias empresas que están pagando ese impuesto y me hacen ver que la fórmula de cálculo no es el correcto, porque funcionan entre cuatro y siete meses al año, pero no les promedian en los 12 meses del año. Si ellos dividieran por los 12 meses, no deberían pagar", explica el ministro a "El Mercurio". Con ese dato en mano, y como una forma de tener algo que ofrecer a la compañía, comenzó a coordinarse con los ministerios de Hacienda y Energía, para que se reformule la forma de cálculo del impuesto para todas las agroindustrias, lo que está en análisis en el Ejecutivo. La fórmula que ha planteado a la empresa el Ejecutivo -a través de la cartera de Agricultura-, es que Iansa asuma, en parte, el costo extra que significará para los remolacheros de Maule mover su producción a Chillán, al menos por la temporada 2019. Según el ministro, el costo del cierre de Linares significa a los remolacheros unos US$ 7 adicionales por tonelada: US$ 4 de menor precio pactado y US$ 3 de costo del transporte a Chillán. Para hacer frente a dicho costo, la empresa podría subir en uno o dos dólares el precio a comprar la remolacha solo a los agricultores de Linares, o que Iansa se haga cargo del transporte de remolacha. Aunque se pensó que sea el propio Gobierno el que subsidie ese costo, descartaron de plano la opción por la estrechez fiscal, y porque, de abrir esa puerta a los remolacheros, podría haber otra industria que pidiera lo mismo. La apuesta del gobierno es que Iansa reciba la producción en Chillán para 2019, pero que no cierre su planta para la temporada 2020, dando tiempo con ello a reconvertirse a los pequeños agricultores, pero también, esperando el desarrollo del precio del azúcar a nivel global. Altas fuentes de la compañía comentan que esta opción, no cerrar y apoyar a los agricultores en el transporte a Chillán a cambio de un recálculo en el impuesto verde, podría ser la que finalmente decidan este jueves en el directorio, aunque la palabra final la tendrán los ingleses de ED&F Man. Ese día, el ministro Walker estará en Linares con los remolacheros para esperar la decisión del directorio y, eventualmente, dar como un punto ganado para el gobierno este conflicto.
